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Montesquieu, Donald Trump y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos

19/12/2016 07:22 CET | Actualizado 19/12/2016 07:22 CET

Seguro que están acostumbrados a escuchar que uno de los mayores problemas de este país es la gran politización de la justicia. Les habrán repetido en varias ocasiones que ya no existe una auténtica separación de poderes, que el Gobierno controla a la judicatura. ¿Tienen razón? Depende desde donde nos lean, aunque, siendo sinceros, resolver esta cuestión no es el principal objetivo del artículo. Aquí, más bien, hemos venido a desmontar un mito, concretamente el de la independencia del sistema judicial estadounidense. Al fin y al cabo, seguro que acompañando a la anterior queja también les han dicho que tenemos que tomar nota del modelo estadounidense, que allí sí que saben hacer las cosas correctamente. Pues bien, veamos entonces en qué nos hemos equivocado: ¿cómo han aplicado las enseñanzas de Montesquieu en los Estados Unidos?

Para empezar, debemos aclarar que la principal estancia del sistema judicial estadounidense es el Tribunal Supremo. Este, establecido por la Constitución, es la cúspide de toda la judicatura nacional. Tiene la capacidad de derogar leyes federales o estatales, interpretar la Constitución y resolver las distintas controversias procedentes de otros tribunales. En definitiva, utilizando las palabras del mítico presidente del tribunal John Marshall, "decide qué es ley".

Un poder muy grande, quizá demasiado para que el legislativo y el ejecutivo no intenten poner al tribunal de su lado. Así, presidentes y senadores han librado auténticas batallas políticas por el control de la corte. Si les interesa el tema, les recomiendo leer sobre los reiterados intentos del presidente Franklin D. Roosevelt para ampliar el número de jueces del tribunal y así poder lograr una mayoría afín a sus políticas del New Deal. La Constitución no especifica en ningún punto que deben ser nueve los miembros de la corte, y simplemente aprobando una ley se podría modificar su número.

Sin embargo, supongamos que no pueden cambiar la ley; aún hay muchas otras formas de controlar al tribunal. La más evidente es la propia elección de sus miembros, y es que no son los jueces quienes eligen a sus superiores, sino que es el propio presidente de los Estados Unidos quien debe proponerlos para el cargo. Como ya habrán imaginado, mandatarios progresistas elegirán a jueces progresistas y mandatarios conservadores elegirán a jueces conservadores. De repente, el Tribunal Supremo se convierte en una prolongación de la Casa Blanca y en muchas ocasiones un juez en el Supremo es el legado más duradero de algunos presidentes. No debemos olvidar aquí que si el Senado ratifica la propuesta presidencial, el juez en cuestión obtendrá un puesto vitalicio y podrá marcar con sus fallos la política estadounidense durante décadas. Ahora resulta más fácil de entender por qué la muerte o el retiro de un magistrado del Supremo puede convertirse en la noticia política del año.

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Actual estado de la corte según la tendencia política de los jueces

El modelo dista mucho del ideal de Montesquieu, y al final, los jueces hacen política, y mucha. ¿Cómo sería Estados Unidos sin sentencias tan importantes como la del caso Brown contra el Consejo de Educación, que abrió la puerta al fin de la segregación; el caso Roe contra Wade, que reforzó el derecho al aborto de las mujeres, o la reciente Obergefell contra Hodges, que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo? Sentar precedente jurídico en la corte suprema puede cambiar el país, más si cabe teniendo en cuenta que lo que esta decide solo esta lo puede cambiar. Es decir, siendo bastante más directos: por mucho que los republicanos hayan protestado contra el fallo que legaliza los matrimonios entre personas del mismo sexo, solo otro fallo de la Corte Suprema podría modificarlo.

La batalla política se traduce en estos términos y, desde la muerte el pasado 13 de febrero del juez ultraconservador Antonin Scalia, que dejaba empatada la corte suprema entre conservadores y liberales, ambos partidos han movido ficha. Por un lado, los demócratas, ansiosos por conseguir una mayoría progresista histórica en el tribunal, propusieron al juez de Illinois Merrick Garland; Obama y compañía presionaron fuertemente en el Senado para que se ratificara el nombramiento. Sin embargo, los republicanos, con mayoría en la Cámara, decidieron subir la apuesta y bloquear de manera obstinada la candidatura de Garland. La jugada tenía bastantes riesgos, ya que fiaba el nombramiento a las en aquel momento inciertas elecciones de noviembre. Dentro del Great Old Party, nadie podía asegurar que los demócratas perderían la presidencia y ellos mantendrían el control del Senado.

No obstante, la política a veces premia a los audaces y, tras la rotunda victoria electoral republicana, todas las aspiraciones demócratas sobre el Tribunal Supremo han quedado eliminadas. De nada sirvieron las amenazas de Hillary Clinton de un candidato aún más liberal que Garland si llegaba a la Casa Blanca. Ahora la iniciativa corresponde a Donald Trump, el cual ya ha asegurado que propondrá a un candidato de perfil ultraconservador e incluso llegó a hacer pública una lista de posibles aspirantes durante la campaña.

Los conservadores pasan a la ofensiva y, tras la renovación judicial, se espera una oleada de demandas en temas claves. ¿Quién sabe si el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo podrán resistir todo un mandato de Donald Trump? La justicia también se pone al servicio de esta peculiar revuelta conservadora; ni rastro queda de la tan cacareada separación de poderes. No busquen a Montesquieu en los Estados Unidos.

Adrian Albiac Cano escribe en El Orden Mundial en el Siglo XXI

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