La ley de amnistía superará este jueves 'el filtro' del Congreso y pasará al Senado

La ley de amnistía superará este jueves 'el filtro' del Congreso y pasará al Senado

El nuevo dictamen, aprobado la semana pasada por la Comisión de Justicia, contará con el voto a favor de ERC y Junts. 

Miriam Nogueras, durante una sesión en el CongresoEuropa Press via Getty Images

La ley de amnistía dará este jueves un paso de gigante. El pleno del Congreso votará hoy a favor del dictamen que la semana pasada aprobó la Comisión de Justicia después de que el PSOE cediera ante algunas de las reclamaciones de Junts y se modificara el texto de la norma. 

La 'nueva' ley mantiene los delitos de terrorismo y de traición en sus modalidades más graves como no amnistiables, aunque ahora quedan ajustados al "derecho europeo" y no al Código Penal español. Es decir, el PSOE cumple su promesa de no amnistiar todos los casos de terrorismo como sí pretendía Junts, pero ya sólo quedarán excluidos si supone una vulneración grave de la legislación internacional.

De este modo, quedan fuera de la medida de gracia “los actos que por su finalidad puedan ser calificados como terrorismo, según la directiva europea de 2017″, y a su vez “hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos reguladas en los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos”, que aluden al derecho a la vida y a la prohibición de la tortura, respectivamente.

Así, quedarían previsiblemente cubiertos actos como los protagonizados por Tsunami Democràtic, organización a la que el Supremo atribuye posibles delitos de terrorismo callejero con Carles Puigdemont como supuesto líder. 

Y en el caso de actos que puedan constituir delitos de traición, la proposición rechaza la amnistía de cualquier delito “que haya tenido como resultado una vulneración de los principios de la Carta de Naciones Unidas o de las resoluciones de la Asamblea General sobre las relaciones pacíficas entre países". Es decir, si se ha producido una amenaza o un uso de la fuerza efectivos contra la independencia o la integridad territorial de España.

Además, la norma cubrirá a todos los afectados por el proceso independentista a partir del 1 de noviembre de 2011 -en el texto anterior era el 1 de enero de 2012-, con lo que quedarán incluidos "todos los acusados del Tribunal de Cuentas". De esta manera, a juicio de Junts, quedarían amnistiadas todas las personas involucradas en el proceso independentista.

La norma podría quedar aprobada a mediados de mayo

  Félix BolañosEFE

Una vez reciba el 'sí' del Congreso, la amnistía pasará al Senado. Allí, los populares han asegurado que usarán su mayoría en la Cámara Alta para 'congelar' la norma durante dos meses, el máximo de tiempo permitido para que el pleno se pronuncie sobre ella.

Si el Senado incorpora enmiendas o veta la proposición de ley de amnistía, como previsiblemente ocurrirá, la norma volverá al Congreso para su aprobación definitiva. Por tanto, la ley de amnistía podría entrar en vigor a finales de mayo o principios de junio, en plena campaña de las elecciones europeas y justo después de las elecciones catalanas.

Su aprobación abriría la puerta al regreso de Puigdemont a España, aunque probablemente no de forma automática. Una vez entre en vigor, se espera que la Sala de los Penal del Tribunal Supremo pueda recurrirla tanto ante el Tribunal Constitucional como ante la Justicia Europea. Otros jueces podrían presentar una cuestión prejudicial para preguntar al TJUE las dudas de interpretación que le suscite la aplicación de la ley en relación con el derecho de la UE. Sobre el papel, hasta que la Justicia Europea no se pronuncie, la amnistía no se aplicaría a Carles Puigdemont. Y, por tanto, también sería difícil que el líder de Junts pueda tomar posesión de su acta de diputado en el Parlament tras las elecciones catalanas del 12 de mayo.

Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial ha puesto sobre la mesa dos informes que chocan sobre la constitucionalidad de la ley; uno del vocal conservador Wenceslao Olea, que dice que la norma es inconstitucional y otro de la progresista Mar Cabrejas, que sí le ve encaje en la carta magna. El Consejo decidirá el próximo jueves 21.

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Licenciado en periodismo por la Universidad Carlos III. Actualmente, es redactor de política en El Huffington Post, tras nueve años como coordinador en ABC, cuatro como director digital en el grupo COPE y seis meses en Mediaset. Puedes contactar con él en javier.escartin@huffpost.es