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05/05/2013 13:53 CEST | Actualizado 05/05/2013 19:26 CEST

Rubalcaba pide una moratoria para los despidos por causas económicas hasta 2015

Alfredo Pérez Rubalcaba ha presentado este domingo las propuestas del PSOE con el objetivo de abrir una mesa de diálogo con el Gobierno y los agentes sociales. Con esas medidas, el partido pretende que haya crecimiento económico y empleo porque, según ha asegurado Rubalcaba, Europa se ha dado cuenta de que "no va a ningún sitio" con las políticas de ajustes: "Creemos que esto va a cambiar y pedimos al Gobierno que piense en el crecimiento y en la creación de empleo".

Entre las propuestas del PSOE en materia de empleo destaca un programa que los socialistas han copiado de Alemania con el objetivo de "evitar que se pierda más empleo": una moratoria de los despidos por causas económicas durante 2013, 2014 y 2015, a través de un programa extraordinario de mantenimiento del empleo.

"Se pacta una reducción de la jornada laboral reduciendo el salario del trabajador y lo que la empresa tiene que pagar a ese empleado, la mitad lo paga la empresa y la mitad el Estado. De esta forma, hacen un esfuerzo la empresa, el trabajador y el Estado y no hay despido por razones económicas", ha explicado Rubalcaba. En el caso de trabajadores mayores de 50 años, la aportación del Estado alcanzaría el 60%.

Además, el PSOE reitera su petición de que las empresas de menos de 50 trabajadores no paguen cotizaciones sociales el primer año de un nuevo contrato y tengan descuentos del 75 y el 50% los dos siguientes. En cuanto a los jóvenes, insiste en facilitar la contratación de personas con necesidades de formación básica, con créditos bonificados a las empresas que utilicen este tipo de contratos.

Asimismo, el PSOE propone la creación de fondo de 20.000 millones para "financiar la inversión en las pequeñas empresas" y otro fondo de 10.000 millones para que las familias puedan renegociar con los bancos los plazos, intereses y quitas de sus hipotecas.

VIABILIDAD DE LA PROPUESTA

La viabilidad de esta propuesta dependerá de la apertura de una línea de crédito abierta en el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) por importe de 100.000 millones de euros, de la que quedarán disponibles 60.000 millones de euros.

Rubalcaba ha solicitado también una revisión de la reforma laboral para 'recuperar la libertad' de la negociación colectiva. Asimismo, resalta la importancia de lograr que a la hora de contabilizar el déficit público se excluya el porcentaje de gasto público destinado a inversión 'productiva', I+D+i y educación.

En esta misma línea, para el crecimiento a corto y largo plazo reclama una estrategia para una economía abierta, con la meta de que las exportaciones españolas crezcan un 50% en los próximos diez años, potenciando el ICEX o renovando los Planes Integrales de Desarrollo de Mercados hacia las economías emergentes.

REFORMA FISCAL

En materia fiscal, requiere integrar en el IRPF la tributación de la rentabilidad de toda la riqueza patrimonial de las personas a partir de un mínimo exento, así como equiparar la tributación de las rentas del capital con las del trabajo y revisar las deducciones fiscales regresivas del IRPF.

Otras propuestas en este apartado estudian fijar un mínimo homogéneo para todas las comunidades en el impuesto de sucesiones y donaciones o incrementar la progresividad en el Impuesto de Sociedades, eliminando privilegios fiscales, revisando las deducciones y estableciendo un suelo mínimo.

Además, pide aumentar la contribución del sector financiero a la sostenibilidad de las cuentas públicas y los recursos destinados a la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, creando una Oficina integral de lucha contra el fraude.

CREACIÓN DE FONDO CONTRA LA POBREZA

Por último, el plan del PSOE propone la creación de un Fondo de Emergencia contra la pobreza con una dotación de 1.000 millones de euros para 2013, que supondría según sus previsiones la creación o mantenimiento de 30.000 empleos y beneficiaría a más de 500.000 familias.

Los aportaciones a este fondo se gestionarían entre los ayuntamientos (400 millones de euros), las comunidades autónomas (400 millones de euros) y los restantes 200 millones de euros incrementarían los recursos destinados a las ONG de Acción Social.

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