POLÍTICA
21/01/2016 07:45 CET | Actualizado 21/01/2016 07:46 CET

Los directivos de Acuamed se 'vendían' por implantes de pelo y viajes a Turquía

GTRES

Un nuevo caso que escandaliza a toda España. Los exdirectivos de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), entre los que se encuentra quien fuera su director general Arcadio Mateo, fueron agasajados con regalos en especie, como implantes de pelo o viajes a Turquía, como contraprestación a las adjudicaciones de infraestructuras acuarias y las "irregularidades" cometidas por sus trabajadores.

Así consta en el auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en el que atribuye presuntos delitos de organización criminal, prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos, maquinación para alterar el precio de los concursos públicos, falsedad, tráfico de influencias y cohecho a los miembros de esta trama desarticulada en la 'operación Frontino'.

El magistrado acusa al ex director general de esta empresa, dependiente del Ministerio de Agricultura, de "urdir" en connivencia con representantes de las empresas adjudicatarias una serie de actuaciones "dolosas, imperativas y conscientes" para extender en el seno de Acuamed las "presiones" e "irregularidades", "con el correlativo beneficio injusto, retribuido en parte en regalos en especie -para él y para otros- implante de pelos o viajes a Turquía".

El magistrado, que ha ordenado este miércoles el ingreso en prisión incondicional de Mateo, su directora de Ingeniería, Gabriela Mañueco, y otras tres personas, precisa que los contratistas, entre los que se encuentran las empresas FCC y Acciona, "presionaban a los directivos de Acuamed" para que incurrieran en "falsedades e irregularidades", logrando "remover o destituir" de sus cargos a los funcionarios "probos" que se negaban a cometerlas.

"MIEDO" AL DESPIDO

Mateo "fue colocando en los puestos removidos a personas de su confianza" que se plegaban a sus irregularidades. En este sentido, señala que Mañueco era "su brazo derecho" junto al gerente territorial del Júcar Pablo Martín y el responsable de construcción Javier Gómez Pastor, que obtenían a cambio de su actitud, guiada quizás por el "miedo" al despido, prebendas como viajes de lujo o la colocación de familiares en las empresas beneficiadas.

El auto precisa que FCC, Acciona, Altyus y Pipeline se prestaron a estas connivencias para hinchar los beneficios de sus empresas o ampliar su prestigio profesional. Todos ellos formaban parte, en su opinión, de una organización criminal en la que los empleados de las contratistas aparecen como cooperadores necesarios.

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