POLÍTICA
10/02/2017 10:17 CET | Actualizado 10/02/2017 13:05 CET

Primera condena de prisión para Correa y los cabecillas de la Gürtel en Valencia

La primera sentencia sobre la trama de corrupción de la trama Gürtel ya se ha dictado. Los cabecillas, Francisco Correa y Pablo Crespo, han sido condenados a 13 años de prisión, y Álvaro Pérez El Bigotes a 12 años, en la primera sentencia de la rama valenciana del caso Gürtel, en la que la exconsellera Milagrosa Martínez (PP) ha sido condenada a 9 años.

Según consta en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano por las irregularidades en la contratación del expositor de la Generalitat en la feria de turismo Fitur entre 2005 y 2009, etapa de gobierno de Francisco Camps, también han sido condenados a penas de prisión otros responsables de la red Gürtel, como Isabel Jordán (seis años), Cándido Herrero (cuatro años y cuatro meses) y Mónica Magariños (tres años).

El exjefe de gabinete de la exconsellera de Turismo Milagrosa Martínez, Rafael Betoret, también ha sido condenado a seis años de prisión, mientras que los ex altos cargos de esta Conselleria Isaac Vidal, Jorge Guarro y Ana Grau han sido condenados a siete, cuatro y tres años, respectivamente.

La exconsellera de Turismo Angélica Such, que sucedió a Milagrosa Martínez cuando esta fue nombrada presidenta de Les Corts Valencianes, ha sido absuelta, al igual que el exjefe de servicio en la Agencia Valenciana de Turismo Juan Bover.

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De izquierda a derecha y de de arriba a abajo: los cabecillas de la trama Gürtel Fracisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez "El bigotes" y la exconsejera valenciana Milagrosa Martinez.

En la sentencia, de 558 páginas, se condena a 11 de los 13 acusados por delitos de asociación ilícita, prevaricación, tráfico de influencias, malversación, falsedad y cohecho, y se determina que el grupo Correa se creó ex profeso para manipular concursos públicos y lucrarse, aplicando márgenes desproporcionados, duplicando partidas y facturando gastos inexistentes.

Asimismo, se concluye que entre 2005 y 2009 la Conselleria de Turismo alteró los criterios de adjudicación de los contratos y benefició irregularmente a las empresas del grupo Correa, a las que facilitó información privilegiada.

UNA TRAMA PARA LOGRAR CONTRATOS

El Tribunal considera probado que los acusados crearon una trama empresarial para obtener contratos de la Generalitat en diversas ferias de turismo (fundamentalmente en las ediciones de Fitur entre 2005 y 2009) tras realizar distintas actuaciones encaminadas a manipular, alterar e influir a su favor en la tramitación de los procedimientos administrativos de adjudicación de tales trabajos.

La sala entiende que el grupo de empresas de Correa era una organización empresarial creada ex profeso para manipular concursos públicos y participar activamente en el cambio de las condiciones exigidas a los adjudicatarios. También que las mercantiles de Correa carecían de medios personales y materiales para ejecutar esos trabajos, motivo por el que los subcontrataban con terceros.

De esta forma obtenían un enriquecimiento irregular al lucrarse aplicando unos márgenes desproporcionados, duplicando partidas o facturando gastos inexistentes.

Tales importes eran admitidos por la Administración autonómica (Agencia Valenciana de Turismo, Conselleria de Turismo, Conselleria de Territorio y Vivienda y Conselleria de Infraestructuras y Transporte), que "no solo no llevó un control efectivo de los pagos sino que alteró los criterios de adjudicación de los contratos y benefició irregularmente a las empresas del Grupo Correa".

Estas mercantiles, según recoge la sentencia redactada por el magistrado Juan Climent, tenían información privilegiada: conocían por anticipado las condiciones de unos contratos públicos que, en algunos casos, se modificaban a su conveniencia.

OCHO AÑOS DESPUÉS

La sentencia sobre los contratos de la Generalitat con una empresa de la trama Gürtel para el expositor valenciano en Fitur, que ha dado a conocer el TSJCV, llega a los ocho años de iniciarse el caso Gürtel y casi un año después de acabado el juicio. La conocida como la número tres de las seis piezas separadas de la rama valenciana del caso Gürtel es la única que se ha visto en Valencia, ya que las otras cinco han pasado a la Audiencia Nacional tras no quedar aforados entre los imputados.

El origen de toda esta causa es la investigación que hace ocho años, en febrero de 2009, inició el entonces magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sobre una supuesta trama de corrupción ligada presuntamente a cargos del PP que operaba principalmente en Madrid y Valencia.

El denominado caso Gürtel -por la traducción al alemán del apellido de uno de los supuestos cabecillas de la trama, Francisco Correa-, llegó al Alto Tribunal en mayo de 2011, tras la inhibición del TSJ madrileño, al que la Audiencia Nacional había remitido la causa por haber aforados en su Asamblea.

El TSJCV dividió la causa en tres piezas: sobre supuesto delito electoral en las elecciones municipales y autonómicas de 2007; sobre presunto delito continuado de falsedad documental relacionada con los actos de este partido durante los comicios generales de 2008, y sobre los contratos para Fitur de 2005 a 2009.

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En febrero de 2013, el TSJCV abrió tres piezas más, referidas a las contrataciones de RTVV para la visita del papa Benedicto XVI en 2006, a las contrataciones de la Generalitat con la trama (a excepción de las de Fitur), y a supuestos delitos contra la Hacienda Pública de Orange Market derivadas de las piezas una y dos.

La instrucción de la pieza sobre los contratos de Fitur fue la primera en acabar, en diciembre de 2012, si bien el juicio no comenzó hasta el 31 de marzo de 2015, a pesar de que la vista oral se había fijado para un año antes.

La dimisión como diputadas autonómicas de las dos exconselleras de Turismo procesadas en la causa -Milagrosa Martínez y Angélica Such- a pocos días del inicio de la vista oral originó un conflicto de competencias en el que se tuvo que pronunciar el Tribunal Supremo, que finamente estableció que debía juzgarse en el TSJCV.

De esta forma, el juicio comenzó finalmente el 31 de marzo de 2015, aunque se suspendió al día siguiente a petición de las defensas para que pudieran examinar nueva documentación, y se retomó el 19 de junio.

LOS PROCESADOS

En el banquillo se sentaron 13 procesados: siete por sus responsabilidades en la Administración autonómica (dos exconselleras de Turismo y cinco empleados públicos), y seis de empresas de la trama Gürtel, entre ellos Francisco Correa, Pablo Crespo, Cándido Herrero y Álvaro Pérez El Bigotes.

Después de 65 sesiones, el juicio quedó visto para sentencia el 14 de abril de 2016, hace 303 días, si bien la presidenta del TSJCV, Pilar de la Oliva, ya había alertado de que la redacción del fallo judicial era "un trabajo muy complicado", dada la cantidad de testigos, acusados y documentación y la duración del juicio.

El responsable de la redacción de la sentencia de los contratos de Fitur es el magistrado Antonio Climent, el mismo que presidió el juicio en el TSJCV "de los trajes", en el que quedaron absueltos en 2012 Francisco Camps y Ricardo Costa, y fueron condenados el exvicepresidente Víctor Campos y Rafael Betoret.

ESTAS SON LAS PRIMERAS CONDENAS DE LA GÜRTEL

Francisco Correa (red Gürtel): Ha sido condenado a 13 años de prisión; tres por asociación ilícita, uno por tráfico de influencias, seis por malversación y tres por cohecho activo. Se le reclama una multa de 3.914.000 euros y 27 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa.

Pablo Crespo (red Gürtel): Ha sido condenado a 13 años y tres meses. Dos años y seis meses por asociación ilícita, uno por tráfico de influencias, seis por malversación, un año y nueve meses por falsedad y dos por cohecho activo. Se le reclama una multa de 3.920.400 euros y 24 años de inhabilitación.

Álvaro Pérez, El Bigotes (red Gürtel): Ha sido condenado a 12 años y tres meses de cárcel. 18 meses por asociación ilícita, un año por tráfico de influencias, seis años por malversación, un año y nueve meses por falsedad y dos años por cohecho. Se le reclama una multa de 3.920.400 y 17 años de inhabilitación.

Milagrosa Martínez (exconsellera de Turismo y expresidenta de Les Corts Valencianes): Ha sido condenada a nueve años de prisión (seis por malversación y tres por cohecho pasivo). Se le reclama una multa de 5.000 euros y 27 años de inhabilitación -se la considera culpable también del delito de prevaricación, que en este caso se sanciona con nueve años de inhabilitación-.

Isaac Vidal (Conselleria de Turismo): Ha sido condenado a siete años de prisión. Cuatro de ellos por malversación y tres más por falsedad. Se le reclama una multa de 2.700 euros y 17 años de inhabilitación, cinco de ellos por el delito de prevaricación.

Rafael Betoret (Conselleria de Turismo): Ha sido condenado a seis años de prisión por malversación y falsedad. Se le reclaman además 17 años de inhabilitación, siete de ellos como responsable de prevaricación.

Isabel Jordán (red Gürtel): Ha sido condenada a seis años de prisión. 18 meses por asociación ilícita, tres años por malversación y un año y seis meses por falsedad. Se le reclama una multa de 17.250 euros y 14 años de inhabilitación.

Cándido Herrero (red Gürtel): Ha sido condenado a cuatro años y cuatro meses de cárcel. 16 meses por asociación ilícita, un año y seis meses por malversación y otro tanto por falsedad. Se le reclama una multa de 9.450 euros y 8 años de inhabilitación.

Jorge Guarro (Conselleria de Turismo): Ha sido condenado a cuatro años de prisión por malversación. Se le reclaman 15 años de inhabilitación, cinco de ellos como responsable del delito de prevaricación.

Mónica Magariños (red Gürtel): Ha sido condenada a tres años de prisión. Uno por asociación ilícita y dos por malversación. Se le reclama una multa de 1.800 euros y 10 años de inhabilitación.

Ana Grau (Conselleria de Turismo): Ha sido condenada a tres años de prisión por falsedad. Se le reclama una multa de 900 euros y seis años de inhabilitación, cuatro de ellos por prevaricación.

Angélica Such, exconsellera de Turismo, y Juan Bover, ex jefe de servicio de la Conselleria de Turismo, han sido absueltos de los delitos de prevaricación.

La Sala condena, además, a Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, Cándido Herrero, Isabel Jordán, Mónica Magariños, Milagrosa Martínez, Rafael Betoret, Isaac Vidal y Jorge Guarro a indemnizar solidariamente a la Generalitat con 272.000 euros.

La sentencia establece la responsabilidad subsidiaria de las mercantiles Orange Market, Easy Concept Comunicación, Boomerangdrive y Servimadrid Integral, que deberán hacer frente al pago de dicha indemnización si los condenados anteriormente citados no abonan la parte que les corresponde.

La Sala de lo Civil y Penal prohíbe además contratar con el sector público a Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, Cándido Herrero, Isabel Jordán, Mónica Magariños, Milagrosa Martínez, Rafael Betoret, Isaac Vidal, Jorge Guarro y Ana Grau por lo que se acuerda comunicar la sentencia a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado y al órgano equivalente en la Comunidad Valenciana.

El Tribunal ordena, por otro lado, el comiso de bienes de la sociedad Orange Market S.L., por importe de 1.938.000 euros y el comiso del reloj, valorado en 2.400 euros, con el que fue obsequiada la exconsellera de Turismo condenada.

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