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12/03/2018 21:50 CET | Actualizado 12/03/2018 21:50 CET

La muerte de Gabriel aviva el debate sobre la prisión permanente revisable en el Congreso

El jueves se estudia una propuesta del PNV para derogar la máxima pena privativa de libertad con que cuenta el Código Penal.

Gabriel Cruz ha sacado a la luz lo mejor de los ciudadanos de este país: la esperanza (aunque nunca tuviera base real), el esfuerzo (peinar cada metro de tierra, una y otra vez, en su busca), y la solidaridad (el abrazo a la familia en cada hora oscura). También los fantasmas del odio, el amarillismo, la víscera. Eso también. Ahora viene el duelo, la investigación y la justicia. Y es al hablar de condenas y penas que el nombre de este niño de ocho años, por pura coincidencia, va a acabar protagonizando el pleno del Congreso de los Diputados del próximo jueves.

El calendario ha querido que las noticias sobre su muerte se conozcan a pocos días del debate de dos enmiendas a la totalidad, presentadas por el PP y Ciudadanos, a una proposición de ley impulsada en octubre por el PNV y que pretende derogar la prisión permanente revisable, la máxima pena privativa de libertad que existe en el Código Penal. De confirmarse el asesinato del menor almeriense, esta medida se podría imponer a los culpables, al tratarse de una víctima menor de 16 años, uno de los supuestos en los que se aplica este castigo de cárcel por tiempo indefinido y sujeto a revisiones, lo más parecido a la cadena perpetua que existe en España.

Mientras la Guardia Civil interroga a Ana Julia Quezada, la pareja del padre del chiquillo sospechosa de su muerte, miles de personas se apiñan ante la comandancia en la que está detenida, exigiendo a voz en grito "justicia", algo que para no pocos equivale a esta prisión de por vida. Al calor del dolor, se multiplican los mensajes en redes sociales pidiendo penas más duras. Por ejemplo, la plataforma Change.org tiene publicadas tres iniciativas muy parecidas en las que se piden firmas para que se imponga la prisión permanente revisable o la "cadena perpetua" a quien sea declarado culpable en este caso, que en total suman ya cerca de 300.000 apoyos. Vinculadas a ellas, otra propuesta con 2,5 millones de avales, impulsada por Juan Carlos Quer, el padre de Diana, que afina más: dice no a la derogación de esta pena excepcional y que precisamente los parlamentarios han de estudiar en tres días.

No es sólo Gabriel quien se cuela, sin querer, en este debate. Precisamente la semana pasada, los padres de Diana Quer y de Mari Luz Cortés se reunieron con portavoces de los partidos en el Congreso para insistirles en que mantengan en el ordenamiento esta pena. Sus hijas no se salvaron, pero otros pueden lograrlo, argumentan.

Qué quiere decir "prisión permanente revisable"

Ante la confusión de términos, vamos al Código Penal. Al decir "prisión permanente revisable" hablamos de una pena de prisión en principio por tiempo indefinido, que depende de revisiones que pueden servir para que el preso recupere la libertad; esas revisiones harán balance de su comportamiento y de su grado de reinserción y arrepentimiento. Sus defensores -como el PP, que introdujo en 2015 sin despeinarse dada su entonces mayoría absoluta en la Cámara Baja-, sostienen que con ella se busca impedir que los delincuentes más peligrosos que no han demostrado capacidad para reinsertarse en la sociedad puedan volver a ella, poniendo en peligro la seguridad de las personas.

Hasta que se introdujo esta figura, el Código Penal establecía el cumplimiento sucesivo de penas en caso de acumulación de varias, pero con unos topes máximos de 25, 30 o 40 años de cárcel, según la gravedad del caso.

Actualmente, la prisión permanente sólo se contempla en los casos de asesinato en los que concurra una específica circunstancia agravante. Son los que siguen:

- Cuando la víctima sea menor de 16 años o se trate de una persona especialmente vulnerable.

- Cuando sea subsiguiente a un delito contra la libertad sexual.

- En los asesinatos múltiples.

- En los cometidos por miembros de una organización criminal.

- En delitos contra la Corona (matar al rey, o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, o a la Reina consorte, entre otros).

- En delitos contra el derecho de gentes (matar o violar la inmunidad personal de un jefe de Estado extranjero o de otra persona internacionalmente protegida por un Tratado).

- En delitos de genocidio y de lesa humanidad.

¿Qué es exactamente lo que se debate el jueves? ¿Y qué dice cada partido?

Lo que argumentó el PNV al plantear su propuesta en el Congreso es que este castigo "persigue únicamente una función retributiva y vengativa de la pena, ya superada por las teorías de la humanización de la pena, más propias de los sistemas democráticos maduros y asentados", que no sirve para procurar la rehabilitación social del procesado, que debe ser el fin del paso por la cárcel. Los nacionalistas defienden que es de "dudosa constitucionalidad" -de hecho, está recurrida en el Tribunal Constitucional por el PSOE, aunque aún no hay resolución-, no es idónea ni proporcional, no fue demandada por nadie y su aplicación "erosiona" los principios de reinserción de los encarcelados.

España es uno los países más seguros de la Unión Europea, pues se comete un 23% menos de delitos que la media comunitaria y, además, la prisión permanente revisable no es garantía de que se vaya a intimidar a los criminales y éstos vayan a decidir no actuar, insisten. El caso de Gabriel ha sido, de hecho, puesto de ejemplo de ello por el portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban. El sistema penal español, ha dicho en Onda Vasca, ya contempla instrumentos para que un delincuente pueda cumplir 40 años de prisión de forma íntegra. "Qué se busca, ¿justicia o venganza?", se pregunta.

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Su postura es similar a la que defienden el PSOE y Unidos Podemos. La vicesecretaria general socialista, Adriana Lastra, comparte el argumentario de los vascos y también su aviso de que, ante casos tan duros como los de Diana o Gabriel, lo mejor es evitar "legislar en caliente". "No, no se puede hacer, ni juzgar en caliente; todos compartimos el dolor de la familia del pequeño Gabriel y de tantas familias que han sufrido y están sufriendo esto", ha insistido esta mañana. A su juicio, la pena es inconstitucional, pues las penas de prisión tienen la "finalidad de la reinserción social". No se lo van a pensar, dice, no habrá "proceso de reflexión" porque ocurran crímenes así de duros, ya que su rechazo se fundamenta "en profundos valores democráticos".

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Podemos repite estas razones. Irene Montero, su portavoz parlamentaria, directamente denuncia que tenemos una "cadena perpetua" que anula los fundamentos sobre los que se constituyen las penas en España: sirven para recuperar a un ciudadano. "Hace falta un sistema penal eficaz que no se fundamente en la venganza, sino en la protección de las víctimas", repite el líder de los morados, Pablo Iglesias.

Sin embargo, populares y naranjas no sólo no comparten esta visión sino que pretenden profundizar en las disposiciones actuales, unos ampliando los delitos penados con la figura de la prisión permanente revisable y otros, endureciendo sobre todo el acceso a permisos. Según el vicesecretario general de Comunicación del PP, Pablo Casado, los impulsores de la derogación deben ser "responsables" porque la disposición no trata sólo de resarcir del daño a las víctimas, dice, sino que pretende "redundar en la seguridad ciudadana" para que este tipo de crímenes "más duros" no se vuelvan a repetir. Además, "conecta" con el "sentir mayoritario" de los españoles, afirma en función a encuestas publicadas en prensa que hablan de un 80% de apoyos.

El jueves, el partido del presidente Mariano Rajoy lo que va a llevar al Congreso es un texto que amplía los supuestos en los que se puede aplicar esta pena, como a los secuestradores que acaben con la vida de su rehén y a aquellos que oculten el cadáver de una persona asesinada o no colaboren en su hallazgo (el caso de Marta del Castillo es el primero que se viene a la mente). Casado enfatiza que su partido "desliga" totalmente el debate de los últimos crímenes y que no se busca endurecer penas como medida electoralista, una acusación repetida sobre todo desde Podemos.

Ciudadanos, por su parte, tras muchos meses de silencio, de idas y venidas y posturas poco claras, apoya ahora que se mantenga la prisión permanente revisable al menos hasta que el TC decida si es o no constitucional. José Manuel Villegas, su secretario general, defiende que es mejor esperar y, mientras, lo que proponen es una vuelta de tuerca: endurecer el acceso a los permisos penitenciarios y al tercer grado, beneficios que creen deben recortarse a los condenados por delitos especialmente graves. Plantean, igualmente, la necesidad de que haya un "cumplimiento íntegro de las penas". Su voto el jueves: no al PNV y sí al PP, según se espera.

De cara al debate del jueves, también a los políticos toca recordarles las palabras de Patricia Ramírez, la madre de Gabriel: "En memoria del Pescaíto, pido que no se extienda la rabia".

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La valoración de Joaquín Urias, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla.

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