POLÍTICA
11/07/2018 18:07 CEST | Actualizado 11/07/2018 18:25 CEST

El Gobierno estudia cómo ilegalizar la Fundación Francisco Franco

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha anunciado en el Congreso un plan de reforma integral de la Ley de Memoria Histórica.

EFE

El Gobierno quiere sacudirle el polvo a la Memoria Histórica. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha anunciado este miércoles que su departamento trabaja en una reforma integral de la Ley que incluirá la elaboración de planes de búsqueda de desaparecidos, un censo de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura y programas de exhumación. Delgado también ha anunciado que se estudiará la manera de ilegalizar la Fundación Francisco Franco y de "aquellas asociaciones u organizaciones que hagan apología del franquismo".

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) presentó en 2017 una iniciativa en el Congreso para que dicha Fundación fuese ilegalizada por vulnerar los derechos humanos y difundir el legado de un dictador.

El objetivo de la Asociación de Memoria Histórica era "resolver un problema histórico" como es el que no existan en España asociaciones que "se dedican injuriar a las víctimas del franquismo y a ensalzar la figura de un dictador".

"Es nuestra intención y nuestro compromiso asegurar el acceso a la verdad mediante los mecanismos adecuados y eficaces que garanticen el derecho a la reparación de las víctimas del franquismo y la obtención de las adecuadas garantías de no repetición", ha afirmado Delgado en su primera comparecencia en el Congreso.

Por este motivo, el Ministerio de Justicia ha creado una nueva Dirección General para la Memoria Histórica que, tal y como ha explicado Delgado, se encargará de establecer "planes de búsqueda de desaparecidos" y contará con "expertos en materias relacionadas con el Derecho, la Arqueología y la Antropología Forense, así como representantes de asociaciones memorialistas y de familiares de víctimas y cualquier otra persona destacada en materia de Memoria Histórica".

Esta dirección general hará públicos los datos de exhumación anual, el número de personas localizadas, la cifra de peticiones registradas y el número de prospecciones sin resultado positivo para su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) o en el boletín oficial de la comunidad autónoma donde se haya realizado la exhumación. También procederá a la publicación de un censo oficial de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.

Tras subrayar que la Ley de Memoria Histórica de 2007 ha de ser actualizada, la ministra ha adelantado que el Gobierno pondrá en marcha una reforma integral que irá en línea a lo expuesto en la proposición de ley que presentó el PSOE en la oposición y que fue rechazada por el entonces Ejecutivo de Mariano Rajoy.

La nulidad de los Tribunales franquistas

Según la ministra, esta reforma tendrá como objetivo "declarar la nulidad de los tribunales de excepción franquistas y sus fallos y sentencias, impulsar desde lo público las exhumaciones, crear una comisión de la verdad, resignificar el Valle de los Caídos en los términos recomendados por la Comisión de Expertos que estudió el asunto en 2011, retirar la simbología de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura, con un procedimiento tasado con sanciones económicas para el caso de incumplimiento y reforzar el acceso a archivos".

Además de ello, ha remarcado Delgado, el Ejecutivo se propone reabrir la Oficina de Apoyo a las Víctimas del Franquismo y estudiará la manera de llevar a cabo la ilegalización de aquellas asociaciones u organizaciones que hagan apología del franquismo.

"No se trata de la calificación de las víctimas de un lado o de otro, es algo diferente. Se trata de cumplir con los principios básicos del Derecho Humanitario, del Derecho Internacional y de los Derechos Humanos. Y algo mucho más próximo: de cumplir la ley y, en su falta, definir los mecanismos que la complementen".

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