Bruselas se pone en guardia tras la compra saudí en Telefónica

El desembarco de Arabia Saudí de la mano de STC Group en una de las mayores empresas estratégicas españolas con la compra del 9,9% de Telefónica no solo ha hecho sonar las alarmas en nuestro país. En el parqué comunitario también han brotado las primeras advertencias sobre una entrada que le ha valido al grupo saudí convertirse en el mayor accionista de la compañía. 

Así lo ha recogido la Cadena SER, citando fuentes de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. Sin embargo, lo cierto es que este movimiento no coge con el pie cambiado a los Veintisiete. Todo lo contrario. En la Unión ya estaban vigilantes ante lo que puede suponer que terceros Estados o fondos soberanos se hagan con infraestructuras o empresas tan sensibles.

Prueba de ello es que ya se había encargado la elaboración de un amplio informe para evaluar las posibles consecuencias de que naciones como China o la propia Arabia Saudí se conviertan en dueñas de parte de estas infraestructuras críticas, en las que las telecomunicaciones juegan un papel clave en el actual contexto tecnológico y global. 

Arabia Saudí, bajo lupa tras sumarse a los BRICS

Se trata de un documento de 43 folios en la que los nodos logísticos y las compañías de telecomunicaciones son catalogadas bajo dicha premisa de interés estratégico. Analiza la irrupción de China en el sector y la ampliación de esa estela a otros países como Arabia Saudí. No es casual, pues las mismas fuentes han indicado a la SER que la ampliación del bloque de los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) a Arabia Saudí le sitúa en una alianza que supone una amenaza a la economía comunitaria.

En este sentido, y según recoge el periodista económico Javier Ruiz, del informe se desprenden dos grandes conclusiones. La primera es que "al contrario que en los países democráticos, las distinciones entre el Estado y las empresas privadas diluyen la distinción entre los intereses comerciales, políticos y militares". Detrás de esta afirmación se encuentra una posible desconfianza a que estas importantes compras de capital se traten solo de un interés comercial -precisamente, el argumento que ha esgrimido STC Group con la compra, rechazando incluso un asiento en el consejo por el momento-.

También entra en juego un segundo factor que conforma la otra gran conclusión del análisis comunitario. Hay preocupación por las inversiones que acaban generando vínculos entre gobiernos democráticos y compañías que acaban siendo controladas por regímenes que no lo son, al tiempo que se "crean canales de influencia sobre los responsables europeos". Y aquí la clave, se considera en el informe que "contra esta amenaza de influencia la UE está poco preparada".

La hoja de ruta a seguir para evitar injerencias

De esta forma, se propone en el informe comunitario que ante el caso de compras de este tipo en las que hay componentes como las de un fondo soberano o partidos estatales, se propone que se establezcan criterios objetivos para determinar en qué caso de trata de "presión de regímenes autoritarios sobre los actores privados y públicos".

No se queda ahí y lanza una recomendación clara. Es necesario contar con más capacidad regulatoria para frenar algunos movimientos e inversiones en estas infraestructuras críticas y, para ello, sugiere: "El riesgo de influencia política directa puede ser mitigado limitando la participación significativa en activos europeos".