El Gobierno aprueba este martes la 'tasa Google' y la 'tasa Tobin'

El Gobierno dará luz verde este martes el anteproyecto de ley del impuesto a determinados servicios digitales, la llamada tasa Google, y al tributo sobre las transacciones financieras, la tasa Tobin, según ha adelantado la Cadena Ser.

De este modo, el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez mantiene su plan a pesar de las amenazas del presidente de EEUU, Donald Trump, de responder con aranceles a productos agrícolas españoles, y en un contexto en el que los agricultores se están movilizando en las calles en protesta por los bajos precios en origen.

Se trata de proyectos de Ley que deben ser aprobados al margen del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2020 ya que llevan textos propios por lo que también tendrán su tramitación parlamentaria en las Cortes Generales.

De hecho, el 18 de enero de 2019 los impuestos digital y financiero ya fueron aprobados por el Consejo de Ministros del Gobierno socialista pero no llegaron a iniciar su tramitación en el Congreso ante el adelanto electoral en abril.

El reto de la globalización

El Ejecutivo persigue con las dos nuevas figuras tributarias afrontar el reto de la globalización, las nuevas formas de negocio y tener un sistema de impuestos más moderno y redistributivo y confía en recaudar unos 2.000 millones de euros (800 con la tasa Google y 1.200 con la tasa a las transacciones financieras).

Cuando se plantearon los Presupuestos de 2019 el Ejecutivo proyectó que el impuesto a determinados servicios digitales o tasa Google, gravara con un 3% los ingresos generados por servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario.

El texto de la ley señalaba que sólo implicaría a empresas con unos ingresos anuales de más de 750 millones en todo el mundo y 3 millones en España y la recaudación estimada era de 1.200 millones de euros.

Con el impuesto a las transacciones financieras o “tasa Tobin” se pretendía gravar con un 0,2 % las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros y su recaudación prevista era de unos 850 millones de euros anuales.

Eliminación de la baja por despidos

En materia laboral, el Gobierno prevé eliminar en el Consejo de este martes el artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores que permite el despido por encadenar bajas por enfermedad, un apartado que existe desde que se aprobó la norma en 1980, aunque fue modificado en las reformas laborales de 2010 y 2012 para facilitar el uso de este tipo de despido objetivo ligado al absentismo.

El artículo 52.d avala el despido objetivo “por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20 % de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el 5% de las jornadas hábiles, o el 25 % en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses”.

Originalmente el artículo permitía este despido siempre que el índice de absentismo total de la plantilla superase el 5% en los mismos periodos de tiempo, una tasa que la reforma de 2010 bajó al 2,5% y que la de 2012 eliminó.

Aunque la posibilidad de despedir por faltas de asistencia al trabajo ha estado vigente desde 1980, fue la sentencia del pasado octubre del Tribunal Constitucional -que rechazó un recurso de inconstitucionalidad contra este precepto- lo que hizo movilizarse a los sindicatos.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha justificado que la derogación no se ha sometido a negociación con los agentes sociales (patronal y sindicatos) porque “no se puede dialogar cuando hay vulneración de los derechos fundamentales”.