El Gobierno saca adelante el decreto de ahorro energético con el voto en contra de la derecha

Con el rechazo de la derecha, el Gobierno ha logrado convalidar en el Congreso el decreto de ahorro energético, que ya ha permitido una reducción del consumo eléctrico del 9%, en el que también se han incluido otras medidas, desde ayudas al transporte hasta becas para universitarios.

Lo ha hecho con el apoyo de la gran mayoría de sus socios de investidura: PNV, ERC y Bildu, además de los grupos del Gobierno de coalición. En total, 187 votos a favor, 161 en contra y una sola abstención.

Eso sí, gracias, entre otras cosas, a que el Ejecutivo ha tramitado como proyecto de ley el decreto, permitiendo la introducción de enmiendas. La idea, tal y como se ha comprometido el Gobierno, es que se tramite de forma acelerada, permitiendo aprobar el proyecto en octubre.

El compromiso del PSOE es no prolongar los plazos para presentar enmiendas más allá de cuatro semanas para poder debatir los cambios que le reclaman grupos como ERC, Bildu o el PDeCAT, indica Europa Press.

Del otro lado del hemiciclo, el Gobierno se ha encontrado con la oposición frontal de una derecha que tilda las medidas del decreto como “malas para la economía española”, en palabras de la portavoz del PP, Cuca Gamarra, que ha achacado el 9% de reducción del consumo eléctrico desde que se aprobaron estas medidas a que “los españoles no pueden pagar la energía a estos precios”.

La ‘número dos’ de Feijóo ha echado en cara al Gobierno que no se haya puesto en contacto con su formación para negociar la aprobación de este decreto, algo que el portavoz del PSOE ha negado, afirmando que cuando han llamado al PP “no había nadie al otro lado”.

Gamarra se ha esforzado en justificar la postura de su partido, que ha votado que no, criticando las formas del Ejecutivo, llegando a decir que si se hubiera presentado como proyecto de ley y no como decreto, “tendría que incluir una memoria económica y quedaría claro y en evidencia el deterioro económico que estas medidas van a ocasionar a cientos de miles de comerciantes”.

El PP considera que este decreto no ha tenido en cuenta “el mantenimiento de la actividad económica y la creación de empleo, máxime con el escenario de recesión como el que se intuye en España, que el Gobierno está a tiempo de evitar”.

Según Gamarra, el decreto no recoge “recomendaciones” sino “imposiciones y prohibiciones”. “Acompañado de un régimen sancionador que se puede llevar por delante a autónomos, pymes y empresas”, ha agregado.

Conocida de sobra era la postura del PP, le han recordado los socios parlamentarios al Gobierno, que han pedido al Ejecutivo que se apoye más en ellos y que recuerde que no tiene mayoría absoluta para sacar adelante sus medidas.

Medidas que ha defendido Raquel Sánchez, ministra de Transportes, que ha asegurado que el decreto, “lejos de tener un carácter sancionador”, como critica el PP, “busca mentalizar a los ciudadanos sobre la importancia de hacer un uso prudente de la energía”.

Porque el plan aprobado, entre otras cosas, limita a 27 grados la temperatura mínima del aire acondicionado y a 19 grados la calefacción; y obliga al apagado de escaparates a las 22:00 de la noche, así como de espacios públicos cuando no estén en uso. También obliga a instalar sistemas de cierre automáticos en las puertas de edificios y locales, que tendrán hasta el 30 de septiembre para instalarlos.

Sánchez ha asegurado que “estas medidas de eficiencia aportan un beneficio a la economía”. “Cada grado puede representar un ahorro del 7%”, ha dicho la ministra de Transportes, respondiendo a los reproches del PP.

La ministra ha criticado el “conservadurismo retrógrado y negacionista” de la derecha española frente a la derecha europea, que Sánchez ha calificado de “moderna” y que, según ha recordado, allí donde gobierna ha aprobado medidas similares a las del decreto.

La titular de Transportes también ha puesto en valor las ayudas a este sector, con la gratuidad, desde este 1 de septiembre, de los servicios de Cercanías, Rodalíes y Media distancia. Una medida que durará hasta final de año.

Tras ser convalidado el decreto, ha negado que el Gobierno no haya intentado ponerse en contacto con el PP para negociarlo. “Cuando intentamos dialogar, no conseguimos que nadie se ponga al teléfono, y me consta que ha habido compañeros diputados que han intentado ese contacto con el PP y que no ha sido posible”.