POLÍTICA
15/04/2021 13:12 CEST | Actualizado 15/04/2021 14:06 CEST

El juez imputa a Fainé y Brufau por el espionaje de Villarejo al expresidente de Sacyr

La Fiscalía ya pidió investigarles por un supuesto delito de cohecho por encargar y sufragar la vigilancia a Luis del Rivero.

AFP via Getty Images
Isidre Fainé (dcha) y Antonio Brufau en el Palacio de La Moncloa, en noviembre de 2010.

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Tándem ha imputado al presidente de Repsol, Antonio Brufau, y al presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, Isidro Fainé, en el marco de la pieza separada número 21 en la que se investiga el ‘encargo’ por parte de ambas empresas del Ibex 35 al comisario jubilado José Manuel Villarejo para que espiara en 2011 al entonces presidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero.

Fuentes jurídicas consultadas han confirmado que el magistrado Manuel García-Castellón sigue el criterio de la Fiscalía Anticorrupción que la semana pasada pidió investigarles por un supuesto delito de cohecho por encargar y sufragar la vigilancia a del Rivero. En su informe, según avanzó El Mundo, Anticorrupción apuntó que existen indicios de que ambos pudieron delinquir.

El magistrado entiende que “probablemente” en alguna de las conversaciones que Brufau mantuvo con el entonces presidente de La Caixa, Isidro Fainé, “acordaron compartir dicha información, dada la confluencia de intereses de ambos”.

Luis del Rivero explicó que los hechos se remontan a 2011 y que Brufau y Fainé fueron muy duros con él por su relación con Pemex

La investigación trata de aclarar si Repsol y CaixaBank acudieron a Villarejo para desarticular “una estrategia de sindicación” por parte de Del Rivero “para asociarse con Petróleos Mexicanos (Pemex)” de cara a conseguir “casi un tercio” de las acciones de Repsol y acceder a su control, como señalaba el juez en un auto.

Luis del Rivero, quien declaró ante el juez el pasado mes de diciembre, explicó que los hechos se remontan a un consejo de administración de Repsol de finales de septiembre de 2011 en el que Brufau y Fainé fueron muy duros con él por su relación con Pemex.

Poco después, el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) y hombre de máxima confianza de Villarejo, Enrique García Castaño alias “El Gordo”, se habría puesto en contacto con el exjefe de seguridad de la constructora, Rodrigo Álvarez, para ofrecer los servicios de Cenyt, empresa del excomisario, para espiarle.

Brufau y Fainé estaban al tanto de los trabajos de Villarejo

El juez se refiere en el auto a “una especie de acta”, un documento denominado “Charla”, de una reunión celebrada en noviembre de 2011 en el domicilio en Galapagar (Madrid) de Rafael Redondo, socio de Villarejo, en la que habrían participado los también investigados Miguel Ángel Fernández Rancaño (exjefe de seguridad de CaixaBank) y Rafael Araujo (exjefe de seguridad de Repsol), entre otros.

El relato de dicha reunión “avalaría que, de manera al menos indiciaria, Fainé estaba al tanto de la investigación encomendada a Villarejo”, señala el juez. Fuentes próximas a Fainé señalan que, por respeto a la autoridad judicial y al Ministerio Fiscal, solo va a hacer declaraciones en sede judicial.

El juez también ha acordado citar como investigados al ex secretario general y del consejo de administración de Repsol, Luis Suárez de Lezo; al ex director corporativo de servicios patrimoniales de la petrolera, Juan de Amunátegui; al ex director corporativo de gestión patrimonial, Joaquín Uris, y al ex director general de medios de CaixaBank, Antonio Massanell.

Del mismo modo, continúa el escrito, Araujo -según sus propias manifestaciones- “siempre” reportó al entonces secretario general de la multinacional española acerca de la información obtenida, “haciéndole entrega de los informes que recibía de Villarejo”; también aseguró que Suárez de Lezo “le dijo que iba a recibir una llamada de su homónimo en CaixaBank porque en este asunto de la investigación a Luis del Rivero iban a ir de la mano”.

Araujo también habría informado a Joaquín Uris, al frente de la dirección corporativa de gestión patrimonial de Repsol, al igual que Juan Amunátegui, quien no solo habría recibido los informes de Cenyt sino que además validó una de las facturas emitidas -el 31 de mayo de 2012- por un importe de 45.000 euros.

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