POLÍTICA
23/09/2020 08:49 CEST | Actualizado 23/09/2020 16:27 CEST

El rey no irá por primera vez a la entrega de despachos a jueces en Barcelona

Las asociaciones de jueces han pedido al Gobierno que aclare la ausencia del monarca.

AGENCIA EFE
El rey Felipe, en la entrega de despachos de nuevos jueces en 2019.

Los jueces de la nueva promoción recibirán el próximo viernes sus despachos en un acto celebrado en la Escuela Judicial de Barcelona que, por primera vez, no presidirá el rey y al que no asistirá ningún representante del Govern.

Según ha anunciado el Consejo General del Poder Judicial, será Carlos Lesmes, presidente de este órgano y del Tribunal Supremo, el que este año presidirá la ceremonia de entrega de despachos a la 69 promoción de nuevos jueces.

Por primera vez, no asistirá a la ceremonia el rey, quien tradicionalmente presidía junto a otras autoridades la entrega de despachos, y el acto se celebrará en la Escuela Judicial, a las afueras de Barcelona, en vez de en la sala de L’Auditori, situada en el centro de la ciudad y que en los últimos años acogía la ceremonia.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces, encargado de organizar el acto, han explicado que, como todos los años, se envió una invitación al rey y Felipe VI aceptó. Pero este martes se ha recibido una segunda comunicación de Zarzuela en la que se informa de que no acudirá al evento. En la agenda semanal del monarca que se publica todos los viernes no aparecía esta cita.

Como en las últimas ediciones, tampoco participará en la entrega de despachos a los jueces ningún miembro del Govern -que no ha sido informado aún de la ceremonia, según fuentes del mismo- ni del Ayuntamiento de Barcelona, y el único representante del Poder Ejecutivo presente será el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

Asimismo, asistirán al acto el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas; la fiscal general del Estado, Dolores Delgado; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, y los vocales del Consejo General del Poder Judicial, entre otras autoridades judiciales.

El formato, alterado por el independentismo

El acto de entrega de despachos a los nuevos jueces de España -que se forman en la Escuela Judicial situada en Barcelona- ha ido cambiando de formato en los últimos años, coincidiendo con el proceso independentista en Cataluña.

El año pasado, el CGPJ trasladó a Madrid el tradicional acto, que sí presidió el rey, aduciendo que en esa ocasión se le había dado una ubicación excepcional porque coincidía con el 40 aniversario de la Constitución.

En abril de 2018, con los líderes independentistas ya en prisión preventiva y la causa del “procés” en manos del Supremo, la entrega de despachos la presidió el rey en Barcelona, en una ceremonia en la que, a diferencia de años anteriores, se prescindió de las autoridades políticas, a excepción de ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Felipe VI aprovechó el acto para expresar su apoyo a los jueces como “garantía última de los derechos y libertades” de los ciudadanos, en una ceremonia blindada con fuertes medidas de seguridad que no impidió que un grupo de entre 40 y 50 personas burlara los cordones de seguridad y protestara a las puertas del Auditori contra la presencia del monarca.

En esta ocasión, el acto se celebra con el Supremo pendiente de dictar sentencia sobre la inhabilitación de Quim Torra como presidente de la Generalitat por un delito de desobediencia por su negativa a retirar una pancarta a favor de los presos del procés y los lazos amarillos durante el período electoral. 

Explicaciones al Gobierno

Las asociaciones judiciales han instado al Gobierno a aclarar esta anomalía y han advertido que un acto de un poder del Estado no puede estar empañado por circunstancias políticas.

La APM, asociación mayoritaria en la carrera, “exige” al Gobierno “que aclare las verdaderas razones de la ausencia” del rey y pide a través de un comunicado que adopte “las medidas necesarias” para velar por la seguridad e integridad física de todos los asistentes. Considera “muy preocupante” que el Ejecutivo “declare su incapacidad para garantizar la seguridad” del rey en un acto institucional, más aún -incide- si “como se apunta en algunos medios, esa invocación a la seguridad solo pretende disfrazar motivos abiertamente contrarios a la Constitución”. Y subraya que los jueces, como poder del Estado, administran justicia “en nombre del Rey”.

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda más representativa entre jueces y magistrados, tiene claro que “las circunstancias políticas no deben condicionar un acto solemne de un poder independiente como la Justicia” porque “eso también es separación de poderes”.

A su juicio, si hay un acto institucional al que tiene que asistir el rey es a la entrega de despachos a quienes entran a formar parte de uno de los tres poderes del Estado, una presencia que no es obligada por ley, pero que cuenta ya con una tradición de más de veinte años. “La decisión adoptada de no contar con él no se corresponde con la alta dignidad de la función de juzgar”, apuntan desde esta asociación.

Desde la progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) se hace sin embargo una llamada a evitar crear polémicas y problemas donde quizá no los haya, porque se desconocen los motivos que han llevado al rey a no participar en el acto. “A veces, ante situaciones excepcionales, como la pandemia, se adoptan medidas excepcionales”, apunta a Efe su portavoz, Ascensión Martín, quien considera no obstante que sí sería necesaria una mayor transparencia.

Señala que la presencia del rey sería deseable, pero su ausencia no va a empañar el acto ni la ilusión de los nuevos jueces tras años de esfuerzo.

La presidenta de la minoritaria Foro Judicial Independiente (FJI), Concepción Rodríguez, cree no obstante que, de ser cierto que la ausencia del rey está relacionada con la situación política en Cataluña, se trataría de algo “muy grave”, ya que se estaría hablando de la integridad territorial del Estado. “No puede ser que la política de segunda esté afectando a la estructura del Estado de derecho”. 

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