POLÍTICA
21/12/2019 10:03 CET | Actualizado 21/12/2019 10:49 CET

Un puzzle llamado España

El debate territorial fue intenso en 1978. Cuatro décadas después, la deriva independentista catalana y una nueva crisis brutal lo han agitado todo.

Mapa de España con la división territorial entre 1214 y 1492

El independentismo en Cataluña lo condiciona casi todo. 2019 está a punto de terminar y el PSOE negocia contrarreloj el apoyo de ERC, un partido que persigue la república catalana, para aupar a Pedro Sánchez a La Moncloa antes de que acabe el año. La previsible investidura del dirigente socialista con el respaldo soberanista sentará a España en el diván.

Cuatro décadas después de que los políticos parieran el sistema autonómico, la sentencia del Tribunal Constitucional que recortó el Estatut de 2006 y una crisis brutal que prendió el procés con la promesa de prosperidad por la vía de la independencia han agitado de nuevo el debate territorial. Una discusión que, como ahora, también fue intensa tras la muerte del dictador Franco

El presidente en funciones quiere juntar a sus colegas autonómicos, si es investido, para arreglar el puzle español: 17 piezas que ya no encajan bien, porque una parte de la catalana, se quiere ir. Aunque no es la única: a otra parte de la vasca también le gustaría. Muchas, además, están insatisfechas por el modelo de financiación. Por eso, reclaman con esmero su reforma, que no termina de llegar.

Las más populosas, como Andalucía y Comunidad Valenciana, quieren que en el reparto de dinero pese más el número de habitantes, frente a las piezas de esa España que se vacía —Asturias, Castilla-La Mancha, Aragón, Galicia, Castilla y León y La Rioja— que quieren que se compense más el envejecimiento y la dispersión. Otro lío.

El embrollo territorial cuenta con un extra. Un epílogo que el alma catalana de los socialistas, el PSC, ha escrito en su reciente 14 congreso: Cataluña es una nación y España también, pero con otras naciones dentro. Una historia que ha puesto nerviosos a algunos sectores del país, empezando por la derecha, que pregunta insistentemente cuántas naciones hay en España. 

El independentismo catalán abre los libros de historia por el año 1714 para justificar el derecho de Cataluña a constituirse como Estado propio. Durante la Guerra de Sucesión Española (1701-1715) las tropas de Felipe V, que aspiraba al trono, tomaron Barcelona el 11 de septiembre. La Diada, día de Cataluña.

Aquella fue una de las últimas operaciones militares de los borbones, que vencieron a los Habsburgo, encabezados por el otro pretendiente, el archiduque Carlos de Austria. Felipe V, ya rey, instauró un movimiento centralizador que mutiló las leyes e instituciones propias de Cataluña: los decretos de Nueva Planta. El nuevo monarca empezó a firmar los decretos como rey de las Españas. En plural.

¿Es Cataluña una nación?

No hay una sola definición de ‘nación’ y eso genera tensiones. El concepto moderno la define como el resultado de la asociación libre de ciudadanos que deciden vivir juntos y dotarse de normas comunes. Es la nación cívica de aire francés. También hay quien precisa que se trata de la comunidad que forma una totalidad cultural, cuya pertenencia es adscriptiva. Es la versión alemana de la historia.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se alineó con la tesis del PSC cuando se dispuso a batallar en las primarias que le auparon a la secretaría general: “Cataluña es una nación y España es una nación de naciones”, dijo entonces. Era abril de 2017 y la extrema derecha de Vox era irrelevante. Hoy tiene es la tercera fuerza política en el Congreso.

El PP teme la fuerza de Abascal y, en la comida de Navidad, su líder, Pablo Casado, replicó al PSC y a la versión de Sánchez de hace dos años: “Ni Cataluña es una nación, ni España es una nación de naciones”, dijo. Los socialistas no precisan cuántas hay, pero algunos académicos sí.

Josep María Colomer, miembro fundador de la Asociación Española de Ciencia Política, dice que hay ocho naciones: “Aquellas [Comunidades] que, de acuerdo con el artículo 2 [de la Constitución Española], así lo definen en sus Estatutos”. Pero solo hay cuatro comunidades históricas: Andalucía, Galicia, País Vasco y Cataluña. 

Cuando se construyó el armazón territorial se establecieron dos vías de acceso a la autonomía: la que marca el artículo 143 y la del 151. Este último es el camino rápido, pensado para las Comunidades que durante la Segunda República ya tenían o iban a tener un Estatuto, es decir, las históricas que se definen como nacionalidades. Cualquier cambio en su norma exige, además de la aprobación en las Cortes, un referéndum, a diferencia del resto de Comunidades.

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran [...]Artículo 2 de la Constitución Española de 1978

Cuando llegaron las reformas estatutarias, llegaron los añadidos. Y cuatro autonomías más —Aragón e Islas Baleares desde 2007; Valencia desde un año antes y Canarias desde 1996—, también se definen como nacionalidades amparándose en el artículo 2 de la Ley Fundamental, aunque no transitaron la misma vía hacia la autonomía de vascos, catalanes, gallegos y andaluces.

El origen del sistema autonómico

El periodista Gregorio Morán cuenta en su libro Adolfo Suárez, ambición y destino (Debate, 2009) una anécdota del expresidente con Franco en Segovia. Cuando el dictador le preguntó cómo le iba, Suárez contestó que no sabía; algo que desconcertó a Franco, quien le pidió que se explicara.

Suárez aprovechó ese momento para decirle al dictador que no creía que los segovianos quisieran sentirse españoles de segunda, en referencia al trato que dispensaba El Pardo a la región. Con esa respuesta, logró que Segovia fuera reconocida por el régimen como una provincia de “acción especial” para descongestionar Madrid. Política en de la dictadura.

“Recuerdo que el presidente Suárez dijo que el sistema autonómico podría ampliarse a todos los territorios de España, cuando lo solicitaran los diputados y senadores de provincias limítrofes con cierta homogeneidad y lo negociaran con el Ministerio para las Regiones”, cuenta a El HuffPost Manuel Clavero, extitular de aquella cartera en aquel Gobierno de Suárez. “La llegada de Tarradellas a Madrid fue un primer paso para el establecimiento de las Autonomías”, explica.

En 1979 se debatía el Estatut catalán y el socialista Alfonso Guerra, muy crítico hoy con el abrazo entre PSOE y Unidas Podemos, aireó en el Congreso el apoyo de su partido al pueblo catalán y a su “necesaria aspiración de identidad nacional” en un momento clave para el devenir de la recién recuperada democracia.

El PSOE votó sí a aquel texto; Cataluña recuperó la Generalitat con la llegada de Tarradellas del exilio y los catalanes, que aceptaron la monarquía juancarlista en el referéndum constitucional del 6 de diciembre del 1978, daban el pistoletazo de salida a su autogobierno tras 40 años de represión franquista.

Este acuerdo es el que se ha roto, según el periodista y director adjunto de La Vanguardia, Enric Juliana. “El hecho de que Cataluña reconozca la monarquía es un factor de estabilización muy importante”, explica el analista a El HuffPost. Algo precedido, dice, por el movimiento de Suárez, que “al restaurar la Generalitat, coge un fragmento de la Segunda República y lo lleva a 1977 para sellar el pacto”.

Guerra expuso entonces el planteamiento por el que hoy se flagela al PSOE y que tanto incomoda a algunos de sus barones territoriales: “La idea de los socialistas es la concepción federal del Estado y este Estatuto es la confirmación de una tendencia de todos los pueblos que componen España como nación de naciones, como conjunto de nacionalidades y regiones organizadas en un Estado de autonomías”.

GTRES
El expresidente del Gobierno Felipe González, junto a su vicepresidente entonces, Alfonso Guerra.

Al final salieron 17, pero ese no era el plan inicial. Suárez planteó un texto constitucional, que no llegó a ver la luz, y que dibujaba una España con dos niveles territoriales diferentes. En el primero, con tres estatutos federales, Cataluña, País Vasco y Galicia, las comunidades históricas.

Y, en el segundo, 14 o 15 regiones sin parlamento, aunque con una amplia desconcentración administrativa. Así lo explica Juliana citando el libro Asalto al Estado (Biblioteca Nueva, 2005), del también exministro de la UCD José Manuel Otero Novas. Un plan que contaba con el visto bueno del rey Juan Carlos.

Todo, entonces, vuelve a Guerra y a esa tendencia de los pueblos que él mismo reconoció y que empoderó a los andaluces. En 1980, los socialistas tomaron la bandera verdiblanca en el referéndum de Andalucía para decidir si la comunidad se sumaba al club de las autonomías históricas. El melón de los agravios que inició Suárez ante Franco se volvía a abrir.

Un federalismo que España “debe acabar de desarrollar”

La consulta se celebró y ganó el ‘sí’, a pesar de que el Gobierno de UCD pidió el voto en blanco o la abstención. Andalucía se unió al selecto club de gallegos, vascos y catalanes y sentó “las bases de un federalismo que España debe acabar de desarrollar”, como explicó quien fue presidente andaluz entre 1984 y 1990, el socialista José Rodríguez de la Borbolla.

Desde entonces, razona a El HuffPost Manuel Clavero, “no se ha modificado el territorio originario de ninguna de las Comunidades y la separación de España de algunas de ellas, sería inconstitucional y afectaría a la soberanía nacional”.

El exministro, de 93 años, no teme por el futuro del sistema, ni por el de Cataluña dentro de él: “Los intentos de separación han sido declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional”. Tampoco, comenta, haría ninguna propuesta de reforma, porque no cree “que deba dividirse ni separarse Cataluña”.

El sistema autonómico que rige en España es uno de los modelos de organización territorial más descentralizados del mundo. Las Comunidades tienen transferidas competencias de Sanidad y Educación, pilares del Estado del bienestar básicos.

A ese traspaso de competencias, que también incluye seguridad o hacienda —en Euskadi y Navarra— también contribuyó el PP del expresidente Aznar para mantenerse en el Gobierno en 1996, ahora embriagado por una pulsión recentralizadora.

Como recuerda Juliana, desde que se aprobó, la Constitución Española es el campo de lucha de una interpretación constante que ha copado la actividad del Tribunal Constitucional. Los magistrados han tenido que resolver los conflictos de competencias que no hubieran dirimido si la Ley Fundamental dejara claro qué le corresponde a cada nivel de Gobierno.

La crisis de 2008, que azotó España con mayor virulencia a partir de 2010, arrastró a las autonomías a la crítica y abrió el debate de su utilidad, porque podían desviar los objetivos de déficit del Estado comprometidos con Bruselas.

El problema es que la propuesta del PSC de reconocer la plurinacionalidad de España no solo no cuenta con el respaldo de las principales fuerzas políticas, como dejó claro Casado, sino que genera contradicciones en el PSOE.

Tampoco lo ven con buenos ojos en el resto de Comunidades Autónomas, aunque algunas, gobernadas por los socialistas, sean partidarias de reformar España en clave federal para apaciguar el conflicto en Cataluña. Y seguir la estela de la Declaración de Granada.

Euskadi, por ejemplo, plantea una relación de bilateralidad con Madrid incompatible con la Constitución. El PP, reticente a abrir el “melón” territorial, se escuda en que para reformar la Ley Fundamental debe plantearse qué artículos y con qué fin. Es decir, llegar al taller con un acuerdo previo.

El constituyente de 1978 entendió que el desarrollo autonómico podría descarrilar. Por eso copió de la Constitución alemana el artículo 155; el mecanismo legal por el que el Gobierno central, previa autorización del Senado, puede intervenir la autonomía.

El expresidente Rajoy intervino Cataluña en 2017 para convocar unas elecciones que volvieron a situar una mayoría independentista en el Parlament, a pesar de la victoria en votos de Ciudadanos. Fue la primera vez que se tomó una medida que el Tribunal Constitucional ha catalogado como excepcional y de ”último recurso”.

Mientras tanto, los 13 diputados independentistas de ERC condicionan la formación del Gobierno de Sánchez y mantienen el órdago para hacer realidad la República. Este jueves, cuando se ha conocido que la Justicia europea reconoce la inmunidad de Junqueras como eurodiputado en el momento en el que el Supremo se negó a liberarle para que fuera a recoger el acta, ERC insiste.

El vicepresidente del Govern catalán, el republicano Pere Aragonés, ha advertido: “La vía política implica una negociación entre iguales, con un calendario sin vetos [hablar de autodeterminación y amnistía] y luego está desactivar la vía penal”.

Enfrente, en la Cámara Baja, hay 52 diputados de la extrema derecha de Vox que quieren eliminar el sistema autonómico: “España una y no cincuenta y una”, cantan los nostálgicos franquistas que no quieren sentarse a repensar el puzle.

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