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26/10/2020 12:18 CET | Actualizado 26/10/2020 12:18 CET

España y su soberanía tributaria

La principal amenaza de la humanidad no son las enfermedades o el cambio climático, son las desigualdades sociales.

John Lamb via Getty Images
App de Google en la pantalla de un teléfono. 

Las Cortes españolas han aprobado la imposición de dos nuevos impuestos relacionados con la llamada economía digital, el Impuesto sobre determinados servicios digitales, o Tasa Google, y el Impuesto sobre transacciones financiera, o Tasa Tobin. Ambos impuestos entrarán en vigor previsiblemente a principios de 2021 y suponen la culminación de sendas propuestas del Gobierno de Pedro Sánchez anunciadas a principio de la legislatura.

Mientras que la Tasa Google gravará distintos servicios digitales, como la publicidad online y la venta de datos generados en Internet, de las empresas del sector que facturen por encima de 750 millones de euros en el mundo y de 3 millones de euros en España; la Tasa Tobin someterá a tributación las operaciones de adquisición de acciones, emitidas en España, de empresas cotizadas cuyo valor en bolsa supere los 1.000 millones de euros. Según las nuevas previsiones de Hacienda, el objetivo es aumentar los ingresos del Estado en 1.800 millones de euros, cifra que sigue siendo, cuanto menos, muy optimista.

Con ambos tributos se pretende que determinadas actividades económicas y operaciones financieras, que actualmente no tributan en España porque las empresas afectadas no disponen de establecimiento en territorio español y por consiguiente tampoco de sede fiscal, empiecen a tributar en nuestro país por los servicios y transacciones que realizan y cuya generación de valor procede precisamente de clientes o usuarios radicados dentro de nuestras fronteras.

Cuantos más países apliquen estos impuestos y mayor sea su coordinación, menor será la posibilidad de las empresas afectadas de evitar su pago.

Estas nuevas figuras impositivas no son una ocurrencia del Gobierno español, tanto la OCDE como la UE llevan años negociando la forma de establecer tributos similares a nivel mundial y europeo, para redistribuir los ingentes beneficios de las multinacionales digitales, pero las diferencias entre los respectivos miembros y la dificultad de alcanzar acuerdos unánimes han llevado a varios países a tomar la iniciativa y, en ejercicio de su soberanía tributaria, a regular y exigir en sus propios territorios impuestos similares sin esperar al consenso internacional, como por ejemplo Francia que, el año pasado, ya dispuso una tasa digital parecida a la Tasa Google.

Y es que la cuestión es, llegados a este punto, si sirve de algo la soberanía tributaria de un país frente a los embates de la economía digital en un mundo globalizado. En este sentido, no son las amenazas del presidente Trump de poner aranceles a las importaciones de productos de los países que decidan establecer este tipo de tributos, dado que la mayoría de multinacionales son norteamericanas, el principal escollo de un nuevo régimen fiscal nacional, son las capacidades y ardides de dichas empresas para burlar las legislaciones nacionales amparándose precisamente en la falta de una regulación internacional que permita reglas de juego iguales para todos y, sobre todo, un reparto de parte de sus beneficios entre los países dónde éstos verdaderamente se generan.

Parece evidente que, cuantos más países apliquen estos impuestos y mayor sea su coordinación, menor será la posibilidad de las empresas afectadas de evitar su pago, de modo que, el hecho de que Francia y España hayan decidido unilateralmente ser las primeras, no augura por si solo un gran éxito de la medida. No obstante, ante la parálisis de los socios europeos y también a nivel mundial, resulta imprescindible que alguien tome la iniciativa con el afán de que otros países sigan el ejemplo y las cosas empiecen a cambiar.

La principal amenaza de la humanidad no son las enfermedades o el cambio climático, son las desigualdades sociales.

La pandemia del covid-19 ha dejado al descubierto la fragilidad de los recursos públicos de la mayoría de los países y, por contra, está enriqueciendo aún más a las principales multinacionales del sector digital, cuyos beneficios a nivel mundial tributan en unos pocos países e incluso pueden acabar en paraísos fiscales.

De modo que, ante una falta de regulación de la nueva economía a nivel internacional que garantice un mejor reparto de la riqueza, es necesario salvaguardar las economías nacionales, preferiblemente en unión con otras, y ofrecer a los operadores económicos un marco regulatorio que les permita competir en igualdad de condiciones, y, sinceramente, en estos momentos el marco tributario no es el mismo según se tenga residencia fiscal en España o Europa y fuera de ellas. 

Por ello, es necesario convencer a otros países europeos y a las autoridades de la UE de la necesidad de este tipo de medidas fiscales, sobre todo ahora ante la gravedad de la crisis económica que nos acecha. Si las relaciones económicas y comerciales han cambiado debido a Internet y las nuevas tecnologías, los marcos regulatorios también tienen que cambiar para conseguir un mundo más sostenible. La principal amenaza de la humanidad no son las enfermedades o el cambio climático, son las desigualdades sociales, y los tributos y las políticas fiscales son una de las principales herramientas para combatirlas, en España y en cualquier parte.