El Gobierno presenta los presupuestos en el Congreso y se inicia su tramitación parlamentaria

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PEG) para 2022 ha iniciado su recorrido en el Congreso. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado el denominado ‘libro amarillo’ para su posterior entrega a la presidenta de las Cortes, Meritxell Batet, en un acto institucional celebrado en el Salón de los Pasos Perdidos.

Lo ha hecho acompañada de la secretaria de Estado de Presupuestos, María José Gualda, la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez, y la subsecretaria del Ministerio de Hacienda, Pilar Paneque. Tras esta clásica imagen protocolaria, tomada en el Patio de Floridablanca, se inicia la tramitación parlamentaria de una cuentas que el Ejecutivo había calificado como de “la recuperación justa”.

Montero ha detallado las claves de unas cuentas históricas y ha explicado que tienen como objetivo “reconstruir el ascensor social que se deterioró en la pasada crisis”. En este sentido, la titular de Hacienda ha puesto el foco en el marcado acento social de los presupuestos con partidas como la de 750 millones para fomentar el empleo joven o la que conforma la mayor cuantía recogida, la de las pensiones, con 171.165 millones de euros.

Competitividad, industria y desarrollo

La finalidad de las cuentas no pasa únicamente por la protección social. Según ha indicado Montero, están dirigidas a lograr una transformación del modelo productivo. Para ello se destinarán 5.477 millones de euros de fondos europeos para el programa de impulso de la competitividad y sostenibilidad industrial e investigación y desarrollo.

Asimismo, el anteproyecto no pasa por alto el compromiso del Ejecutivo para hacer frente al reto demográfico, con una inyección de 4.200 millones, o combatir la despoblación de zonas rurales en la denominada ‘España vaciada’. Habrá una importante inversión tecnológica gracias a partidas para el despliegue de 3G en zonas rurales (153 millones) o 290 millones para cuidados de larga duración en estos territorios.

El proyecto presupuestario también recoge la mejoría en los índices de empleo, situados en niveles de antes de la pandemia. Por ello las políticas para plantar cara al desempleo estarán dotadas de 22.457 millones de euros, un 10,2% menos, ante “la mejora del empleo y la reducción del paro”. Con todo, para la fomentar la creación de puestos de trabajo se destinarán 7.648 millones.

En materia de infraestructuras y vías de comunicación hay previstos 11.900 millones: 2.304 en carreteras, 5.442 en ferrocarriles, 927 para puertos, 829 para aeropuertos. También se suman 914 millones de inversiones de Renfe Operadora y 995 millones en obras hidráulicas.

La política energética es otro de los pilares de estas cuentas con medidas sociales como la ampliación del bono social térmico en 48 millones, elevándolo hasta los 157 millones.

Unas cuentas de carácter expansivo

Lo cierto es que el anteproyecto de PGE incluye un récord de gasto social y un alza de salario de los funcionarios del 2% y del 3% para las pensiones mínimas y no contributivas, así como para el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que alcanzará los 4.436 millones. También prevén importantes medidas en materia de fiscalidad, como una recaudación récord de 232.000 millones, un 8,1% más. Si se pone en la vista en la totalidad de los ingresos también serán históricos al alcanzar los 279.316 millones.

Entre estas, el establecimiento del tipo mínimo del 15% en el impuesto de Sociedades para las empresas que facturen más de 20 millones de euros, una cuestión que permitirá recaudar más de 400 millones, según los cálculos del Gobierno. Además, en materia de lucha contra el fraude se dotará a la Agencia Tributaria de un presupuesto récord de 1.700 millones.

Así, Montero ha aludido a la necesidad de aumentar la recaudación para poder sufragar las políticas prioritarias del Gobierno. “Para construir esta España que se dibuja en estas cuentas obviamente necesitamos recursos”, ha explicado antes de parafrasear al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “No podemos tener un Estado del Bienestar de primera con unos ingresos de tercera división”, ha señalado.

Además, habrá cambios en los planes de pensiones individuales. A partir del año que viene bajará de 2.000 a 1.500 euros la aportación máxima anual deducible en estos, mientras que se sube a 8.500 en los colectivos o de empresa. Montero ha explicado que se trataba de un “beneficio fiscal muy discutido” en el seno de la Unión Europea.

Cataluña y Andalucía, los más beneficiados

El decreto incluye también un reparto escalonado de la inversión por comunidades con el que Cataluña y Andalucía están, una vez más, en cabeza para recibir más fondos.

El Gobierno tiene previsto invertir 2.430,74 millones en Cataluña, entre los que están incluidos los 200 millones que el Ejecutivo tiene que abonar a la Generalitat catalana en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo. A Andalucía le corresponden 200 millones menos.

Acto seguido se ubican Comunidad Valenciana (1.208,61 millones) y Madrid (1.151,46 millones), la mitad que las comunidades anteriores.

En el lado más bajo de la tabla se sitúan Cantabria (239,33 millones), Baleares (172,35 millones), Navarra (77,08 millones) y La Rioja (63,22 millones).

Por último, las ciudades de Ceuta y Melilla recibirán 31,85 (0,2 por ciento) y 59,96 (0,5 por ciento) millones de euros.

En cualquier caso, el proyecto destaca que la mayoría de comunidades autónomas han mejorado su posición en la inversión respecto al proyecto del año anterior. Solamente Madrid, País Vasco, Extremadura y Baleares son las que disminuyen respecto a los presupuestos anteriores.

La búsqueda de apoyos

Tras presentar las cuentas en el Congreso, el siguiente paso será el de recabar los apoyos de otras fuerzas parlamentarias para garantizar su posterior aprobación en los próximos meses. En este sentido, el Ejecutivo busca conseguir de nuevo el visto bueno que recibieron la anteriores cuentas por parte de ERC y PNV.

No obstante, también se buscará el aval del resto de fuerzas que propiciaron la investidura de Sánchez como presidente y la moción de censura que tumbó el Gobierno popular de Mariano Rajoy. Ante el rechazo frontal de PP, Vox y Ciudadanos, Montero había señalado que aspiran a recabar el apoyo de todas las fuerzas parlamentarias, “excepto de las fuerzas de derechas”.

Al respecto, la ministra de Hacienda se ha mostrado convencida de que las cuentas estarán aprobadas antes de que acabe el año introduciendo las enmiendas de otros grupos. También ha lanzado un mensaje a “aquellos que se autodescartan para todo”, a los que ha augurado que “tendrán poco que aportar a unos números que están pensados para una mayoría social”.