Intervenir o no intervenir el mercado eléctrico europeo: el debate sigue en Europa

España y otros cuatro países (Francia, Grecia, Italia y Rumanía) han defendido este miércoles mecanismos para garantizar la protección del consumidor frente a altos precios minoristas de la electricidad en una declaración conjunta que pretende “contribuir al necesario debate sobre el funcionamiento de los mercados de la electricidad y el gas”.

Estos países han instado a una “rápida aplicación” por parte de la Unión de la Energía de “propuestas preparadas para hacer frente a las fuertes subidas de los precios de la energía y el carbono”, al tiempo que se hace hincapié “en la recuperación económica ecológica y la neutralidad del carbono”.

Este documento, firmado y distribuido a víspera de que los ministros de Energía de la UE se encuentren en Bruselas para continuar el debate sobre los precios de la energía, ha reclamado “garantizar que los consumidores de energía eléctrica compartan plenamente los beneficios de las tecnologías de emisiones cero a partir de ahora”, evitando al mismo tiempo “la excesiva volatilidad de los mercados de gas natural”.

En otro punto, estos países han defendido también que “la regulación del mercado debe adaptarse al papel fundamental de las energías renovables en el horizonte 2030” y reforzar la protección de los consumidores eléctricos.

Han apuntado también el deber de la Unión Europea de “facilitar el desarrollo de contratos de electricidad a largo plazo basados en energías de cero emisiones”.

“Los ciudadanos, las empresas y las industrias europeas tendrán un suministro de gas continuo y estable a precios asequibles”, han incidido en el documento, en el que recalcan que “se adoptarán una serie de medidas para subsanar las deficiencias observadas en el mercado del gas y garantizar un suministro de gas continuo y estable a precios asequibles para los consumidores”.

El rechazo de nueve países

Nueve países de la Unión Europea, liderados por Alemania, han insistido este miércoles en que la UE no debe de intervenir en los mercados eléctricos pese a la carestía del gas, que impulsa el precio del kilovatio, pues puede socavar la seguridad de suministro y el desarrollo de las renovables.

“No podemos apoyar ninguna medida que represente una desviación de los principios competitivos de nuestro diseño de mercado de electricidad y gas”, dice el documento que firman también Austria, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lituania, Letonia y Países Bajos.

Esa posición se ha dado a conocer la víspera de que se celebre en Bruselas un consejo de ministros de Energía de la UE en el que se abordará, entre otros puntos, la carestía de la energía.

Los firmantes del documento, que ya habían tomado posición contra la reforma de los mercados que persigue España, reiteran sus argumentos y toman como referencia el informe de ACER para señalar que intervenir puede “poner en peligro la seguridad del suministro” ya que muchos agentes del mercado no podrían recuperar sus costes de inversión, lo que “justifica decisiones de salida del mercado y desalienta a los nuevos participantes”.

Dicen además que incrementaría “los costes de la integración de la generación de energía renovable variable a largo plazo, ya que no habría suficientes señales de mercado para las opciones de flexibilidad necesarias” y que socavaría “la integración del mercado europeo de la electricidad, ya que la posibilidad de que los Estados miembros apliquen su propio concepto de ‘precio justo’ puede desalentar el comercio de electricidad”.

Emplazan, por tanto, a esperar al informe de abril de 2022 para “buscar más opciones dentro del marco de mercado existente” y subrayan que esas alternativas “deben tener como objetivo reducir el riesgo de ingresos de la generación de electricidad renovable y mejorar las posibilidades de cobertura y la transparencia del mercado”.

Esos nueve países se alinean, de nuevo, con la lectura de la Comisión Europea, que cree que las herramientas fiscales disponibles son suficientes para hacer frente a la histórica subida de precios del gas, que repercute automáticamente en el precio de la electricidad.

“Estamos de acuerdo con la Comisión Europea en que, a corto plazo, la subida de precios puede abordarse mejor mediante acciones nacionales temporales y específicas de los Estados miembros, cuando proceda, para proteger a los consumidores y empresas vulnerables”, dicen.

Insisten también en que una de las soluciones para reducir la volatilidad es mejorar las interconexiones eléctricas entre los Estados de la UE.