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11/09/2019 12:30 CEST

Investigan si funcionarios han revelado en la televisión datos confidenciales de Ana Julia

A lo largo de las últimas horas.

EFE
EFE

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha abierto una investigación para esclarecer si funcionarios de prisiones han revelado en las últimas horas en medios de comunicación datos confidenciales de Ana Julia Quezada, autora confesa de la muerte del niño Gabriel Cruz.

Fuentes de Instituciones Penitenciarias han señalado a Efe que esta decisión se ha adoptado después de que presuntos funcionarios de prisiones hayan desvelado en varios programas de televisión detalles sobre la estancia en la prisión almeriense de El Acebuche de Quezada, que está siendo juzgada desde este lunes en la Audiencia de Almería y que se enfrenta a la pena de prisión permanente revisable por asesinato.

No es la primera vez que Instituciones Penitenciarias investiga filtraciones por parte de funcionarios de prisiones sobre algún interno y que, a juicio de Prisiones, no solo atentan contra el derecho fundamental a la intimidad de los reclusos, sino que también perjudican gravemente a las víctimas.

En mayo pasado denunciaron a dos funcionarios, uno del cuerpo de ayudantes destinados en la prisión de Castellón y la otra en la cárcel de Valencia, por divulgar en programas matinales de televisión datos de María Gombau Mensua, la presunta parricida de Godella (Valencia) en prisión provisional acusada de supuestamente asesinar a sus dos hijos en marzo.

Una denuncia que fue remitida a la Fiscalía Provincial de Valencia que abrió diligencias al entender que existían indicios de que los funcionarios podían haber incurrido en un delito de revelación de secretos tipificado en el Código Penal.

Debido a la “frecuencia” con la que aparecen en medios de comunicación trabajadores que dicen ser funcionarios y divulgan datos sobre personas encarceladas, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha remitido este miércoles una carta a los directores de todos los centros penitenciarios.

En la misiva Ortiz solicita a los responsables de las cárceles que recuerdan a sus plantillas la legislación que obliga a todos los empleados públicos a mantener el secreto y actuar bajo el principio de confidencialidad, tal y como establece el estatuto básico del empleado público.

La norma considera falta muy grave la publicación o utilización indebida de información a la que un funcionario haya tenido acceso pro razón de su carga o función, subraya la carta de Prisiones que señala que estas actuaciones son calificadas de infracción disciplinarias en el Código Penal.

También insiste el secretario general de Prisiones en los preceptos del código deontológico de la Administración Penitenciarias que determinan que el “personal penitenciario está obligado a guardar secreto de los datos, noticias o informaciones que conozca consecuencia del ejercicio de la función pública”.

“Es objetivo de esta Secretaría General atajar aquellas conductas profesionales contrarias a los deberes expuestos, no solo por la relevancia que estos tienen sino por su específica incidencia en un ámbito como el penitenciario”, continúa la misiva que lamenta “el claro decaimiento de la ética profesional al dar un protagonismo social indebido a quien tanto daño podría haber causado” a las víctimas de un delito.

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