POLÍTICA
18/01/2021 16:00 CET | Actualizado 18/01/2021 18:19 CET

La directora del máster de Cifuentes admite que falsificó el acta por presiones

La Fiscalía pide tres años de prisión para la expresidenta madrileña.

La directora del máster que cursó en 2012 Cristina Cifuentes, Cecilia Rosado, ha reconocido este lunes en el juicio contra la expresidenta madrileña que simuló un acta y falsificó en ella la firma de otras dos personas para certificar que Cifuentes defendió su trabajo de final de máster (TFM). Y lo hizo, ha dicho, debido a las presiones de otros dos procesados.

La Audiencia Provincial de Madrid está acogiendo el juicio contra la exjefa del Gobierno madrileño. Cifuentes se enfrenta a una petición de la Fiscalía de tres años y tres meses de cárcel por ser la inductora de la falsificación del acta que acredita que defendió su TFM.

El juicio también tratará de aclarar si las otras dos procesadas, María Teresa Feito, exasesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y funcionaria de la Universidad Rey Juan Carlos, y Cecilia Rosado, directora del Máster en Derecho Autonómico y Local del Instituto de Derecho Público de la universidad, son culpables.

Si no me la envías Cifuentes nos va a matar a hostias al rector y a nosotras, nos va a cortar la cabezaTeresa Feito, exasesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y funcionaria de la URJC.

La Fiscalía también imputó a Enrique Álvarez Conde, catedrático de la URJC y exdirector del Instituto de Derecho Público en el que se impartía el título, ser coautor indirecto del delito de falsedad y le reclamó tres años y nueve meses de prisión, pero falleció en 2019 a los 67 años como consecuencia de una infección durante el tratamiento del cáncer que padecía.

Durante la declaración ante la sección 15 de la audiencia madrileña, Rosado ha reconocido que creó un acta “de un hecho que no había ocurrido”, lo que certifica que Cristina Cifuentes no hizo su TFM y que la nota que obtuvo, un notable, no se correspondía con la realidad. La directora del título ha explicado que fue “presionada” por Álvarez Conde y Teresa Feito.

Rosado ha recalcado que el catedrático Álvarez Conde era “su jefe” y que su carrera en la universidad dependía en parte de él.  “No se le podía decir que no sin que tuviera una consecuencia negativa”, se ha excusado.

24 llamadas y 15 mensajes de texto

Álvarez Conde llamó a Rosado 24 veces y le envió unos 15 mensajes de texto el día que la URJC dio su versión sobre el caso máster de Cifuentes en una rueda de prensa, el 21 de marzo de 2018, tras saltar la polémica. Rosado ha dicho que el catedrático le dijo: “Cecilia, esto hay que arreglarlo, no se puede quedar así, porque si no va a tener consecuencias graves a nivel laboral”.

Álvarez Conde le exigió, según el relato de Rosado, “componer un tribunal” integrado por ella y otras dos trabajadoras de la universidad: Alicia López y Clara Souto. Sobre Teresa Feito, Rosado ha explicado que Álvarez Conde le dijo que tenía que hablar con ella. Primero Feito le dijo que el TFM “tenía que aparecer” y, posteriormente, que “había que hacer ese trabajo”.

Feito llegó a decirle: “Si no me la envías Cifuentes nos va a matar a hostias, al rector y a nosotras. Nos va a cortar la cabeza”. Luego Álvarez Conde le propuso que le crease un correo de Gmail desde la que él mismo enviaría un mensaje al rector de la URJC y al responsable de comunicación de la universidad con el acta creada.

EFE
Cristina Cifuentes en la entrada de la Audiencia Provincial de Madrid este lunes 18 de enero.
La defensa de Cifuentes también ha aportado un certificado académico de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) que acredita que superó las asignaturas y el TFM

Una vez que reflexionó sobre lo ocurrido, Cecilia Rosado habló con sus abogados para “hacerse responsable de los actos” y “contar la verdad”, y por eso acudió a la Fiscalía de Móstoles. Rosado pidió antes al catedrático Álvarez Conde, tras escucharle en los medios asegurar que ella “había llevado la voz cantante”, que le hiciera un documento en el que quedase claro que ella hizo el acta falta porque él la había presionado, a lo que él accedió.

Al inicio del juicio, el tribunal ha admitido una prueba solicitada por el letrado de Cifuentes, José Antonio Choclán, consistente en la aportación de un pendrive en el que se incluye una copia de seguridad de la agenda de Cristina Cifuentes en abril de 2012, cuando aún era delegada del Gobierno en Madrid, y en la testifical del perito que lo ha analizado.

La defensa de Cifuentes también ha aportado un certificado académico de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) que acredita que superó las asignaturas y el TFM del máster. La representante del Ministerio Fiscal ha solicitado que se dé traslado del informe del análisis del pendrive a la Policía Judicial para que sea contrastado.

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