INTERNACIONAL
21/10/2019 16:01 CEST | Actualizado 21/10/2019 16:15 CEST

La Justicia retrasa su decisión sobre la legalidad de extender el Brexit

Para los demandantes, Johnson incurrió en "desacato".

Piroschka Van De Wouw/REUTERS
El presidente chipriota Nicos Anastasiades, el primer ministro húngaro Viktor Orban, el primer ministro británico Boris Johnson, el primer ministro irlandés Leo Varadkar y la canciller alemana Angela Merkel en Bruselas, Bélgica, el 17 de octubre.

El Tribunal de Sesiones de Edimburgo decidió este lunes retrasar su decisión sobre si el primer ministro británico, Boris Johnson, actuó conforme a la legalidad al solicitar el pasado sábado una extensión del Brexit, como le conminaba la ley, hasta ver si ese retraso es aceptado.

Tras una breve vista, el tribunal civil de mayor rango de Escocia consideró que, aunque parece que el Gobierno ha cumplido con su obligación de mandar la misiva —aunque no estuviese firmada—, no puede determinar si ha actuado de acuerdo a la legalidad hasta que la Unión Europea (UE) diga si acepta esta prórroga y se vea cuál es la respuesta de Johnson.

Los tres jueces acordaron continuar con el procedimiento, en contra de la petición del abogado representante del Ejecutivo, en una fecha que todavía está por determinar.

Que hable primero el Consejo Europeo

El objetivo del retraso es esperar a conocer la decisión del Consejo Europeo, es decir, saber si los Veintisiete miembros acuerdan o rechazan extender la fecha límite del 31 de octubre.

Johnson envió este sábado a Bruselas una carta sin firmar en que solicitaba una extensión de la fecha de salida del club comunitario, junto a otra firmada, en que argumentaba que obtener ese aplazamiento es un error.

En la primera misiva solicitó, de acuerdo con lo estipulado en la legislación, extender el Brexit (salida la salida del Reino Unido de la UE) hasta el 31 de enero.

La demanda evaluada hoy en Edimburgo pretendía esclarecer si, con esta maniobra, el primer ministro intentó frustrar el objetivo de la ley conocida como ‘Benn Act’, que le obligaba a pedir la prórroga si el 19 de octubre no había conseguido que el Parlamento ratificara un pacto.

Para los demandantes, la parlamentaria del Partido Nacionalista Escocés (SNP) Joanna Cherry, el empresario Vince Dale y el representante de la asociación contra el Brexit ‘The Good Law Project’, Jolyon Maugham, el hecho de que la petición no llevase la firma de Johnson puede considerarse un “desacato” de sus obligaciones legales.

También este sábado, el gabinete de Johnson dio marcha atrás y decidió suspender la votación del acuerdo negociado con la UE, tras prosperar una enmienda que le obligaba a solicitar un retraso, por lo que hoy intentará de nuevo someterlo al juicio de los diputados. 

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