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26/07/2021 16:26 CEST | Actualizado 26/07/2021 16:26 CEST

La justicia y el principio del yogur

La última disculpa de Pablo Casado, después de una serie de exigencias que conculcan varios preceptos constitucionales, es que no quiere que Pedro Sánchez utilice políticamente a los jueces. Tremenda caradura que ‘manda carallo’, como dicen en Galicia.

Europa Press News via Getty Images
Pablo Casado, durante una visita a Brihuega (Guadalajara).

No hay forma de que el PP, cuando está en la oposición, acepte de buen grado acatar ‘plenamente’ la Constitución. Siempre hay un pero, por ejemplo para renovar el Consejo General del Poder Judicial, donde su voto es justo y necesario para el cumplimiento cabal del precepto.

Con los sucesivos reparos y demoras a la zorruna alcanza ya categoría de evidencia científica o reflejo de Paulov, una clara intencionalidad política, modalidad filibustera, en la sistemática obstrucción. La última disculpa de Pablo Casado, después de una serie de exigencias que conculcan varios preceptos constitucionales, es que no quiere que Pedro Sánchez utilice políticamente a los jueces. Tremenda caradura que ‘manda carallo’, como dicen en Galicia.

Porque todos los motivos que se han venido aduciendo por parte del Partido Popular son genuina y desvergonzadamente politiqueros. En realidad, partidistas en todas sus características organolépticas: color, olor y sabor.

Todos los motivos que se han venido aduciendo por parte del Partido Popular son genuina y desvergonzadamente politiqueros

En primer lugar la Constitución no contempla ni siquiera la eventualidad de una prórroga. El mandato de los miembros del CGPJ es de cinco años. No de cuatro, que es la duración de una legislatura, de cinco. Y hay suficientes datos para colegir cuál es la razón: que su composición refleje la composición de las cámaras en dos periodos sucesivos. Al no respetar esta exigencia, el PP pretende únicamente obtener con trampa lo que no obtuvo en las urnas: ignorar las nuevas mayorías y estafar, por lo tanto, a los electores en uno de los aspectos fundamentales de su voto.

Plantear que hay que esperar a que se reforme la CE78 o a que se haga una nueva ley que contemple la elección de la mitad de sus miembros por la corporación judicial introduce otra variante no contemplada en la Ley de Leyes: congelar trozos constitucionales hasta que interese. Una Constitución no solo a la carta sino a la nevera. Genial invento.

Pues no: primero hay que cumplir la Constitución, a la que se ha jurado lealtad, y si se quiere cambiar, utilizar el procedimiento que ella misma contempla. Y esto, que vale para los separatistas catalanes del ‘procés’, vale asimismo para el PP y, ‘urbi et orbe’ para todos los españoles.

Al no respetar esta exigencia, el PP pretende únicamente obtener con trampa lo que no obtuvo en las urnas

Pero el asunto, aparte de repugnar a la inteligencia y apestar a trilero, tiene otras variantes merecedoras de un ‘debate doctrinal’ que sería mucho más serio que discutir el sexo de los ángeles, como los padres de la Iglesia en Constantinopla, mientras los turcos con sus potentes cañones entran por la desguarnecida y olvidada ‘kerkaporta’.

La primera condición, pues, es la fecha de caducidad. Como los yogures. El yogur pasado de fecha no puede venderse, su comercialización está prohibida, con pena de multa para quien trampee esta norma sanitaria.

Un caso muy famoso en su día, correría el año 1984, fue la llegada al puerto de La Luz, en Las Palmas de Gran Canaria, de un buque cargado con cientos de toneladas de pollos congelados. Una inspección de Sanidad descubrió que estaban caducados, y no dejó desembarcar la mercancía. Entonces sus importadores falsificaron las etiquetas para conseguir una prórroga… y comprobada la trapisonda las toneladas desembarcadas fueron decomisadas y llevadas al vertedero municipal; y las aún embodegadas acabaron en subastas en Holanda “se supone que para piensos”.

Pues con la renovación del CGPJ hay que aplicar el principio del yogur. O el del pollo. Si el órgano de gobierno de los jueces tiene fecha de caducidad, a partir de ese momento se convierte en ilegítimo; y si es ilegítimo, porque no representa lealmente su función, todos sus actos también lo son por contaminación.

Pablo Casado, tan puntilloso y tiquismiquis en Europa cuando le interesa desgastar al Gobierno, a costa de lo que sea, ‘marca España’ incluida, podría pedir la autorizada opinión del Tribunal de Justicia Europeo. Incluso el PSOE debería acudir a esta instancia superior con una demanda de aclaración. ¿Puede un TC con su mayoría caducada entender del asunto de si en medio de la mayor pandemia desde 1918, son galgos o podencos, vale el estado de alarma previsto en la Ley Orgánica o los ángeles son trans y hay que aplicar el de excepción? Y quien dice el Tribunal Constitucional dice el Tribunal Supremo.

Hay más artículos de la CE que pueden ser de aplicación por comparación. Art. 24.2: “Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley….” En buena lógica, lo que afecta al ‘juez ordinario’ afecta mucho más a los jueces del Tribunal Constitucional o del Supremo, porque los caducados no son de ninguna manera los predeterminados por la Ley de Leyes para los asuntos más elevados. Nada menos.

Y como todos los partidos legalizados son legales (en aplicación del art. 6), lo que parece una perogrullada, plantear vetos en función de la ideología o de comportamientos imaginarios, no es muy constitucional que se diga...

Es tanta la intencionalidad partidista de Pablo Casado, compartida con distinto grado de satisfacción por todos los dirigentes conservadores a lo Trump, aunque parece que unos pocos sienten vergüenza ajena, que nadie con una mediana información duda de que de lo que se trata es de controlar “desde la puerta de atrás”, como dijo un senador bocazas, las salas que juzgan los delitos del PP. A su vez, plantean conflictos espirituosos modo chorro de tinta de calamar gigante: que mantendrán el bloqueo hasta que no se cuente con Podemos, o hasta que Pablo Iglesias se corte la coleta, o que no apoyan a Victoria Rosell, injustamente perseguida por una jauría político-judicial en Canarias, ni tampoco aceptan como candidato al juez Prada, ni mientras se indulten a los políticos presos por el ‘procés’, ni mientras España esté en peligro de romperse…

Todo esto, encima, aparte de demostrar la intencionalidad partidista del filibusterismo, pues todos los argumentos son inequívocamente políticos, va directamente contra la línea de flotación del art. 14, ‘derechos y libertades’: Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia o condición personal o social”. Y como todos los partidos legalizados son legales (en aplicación del art. 6), lo que parece una perogrullada, plantear vetos en función de la ideología o de comportamientos imaginarios, no es muy constitucional que se diga. Sobre todo viniendo de un partido que entiende la Constitución ‘de aquella manera…’.

Hará una semana, veía yo uno de los capítulos de Mentes Criminales. De vuelta a la central del FBI los miembros del equipo de Análisis de la Conducta de Quantico, la voz en off que siempre cierra con una cita, lo hacía con esta de la ‘objetivista’ Ayn Rand: “No puede entrar en razón quien piensa de forma automática”.

Hace algún tiempo que se ha abierto una grieta en la presa, que cada legislatura se agranda un poco más. La desvergüenza y la hipocresía han cogido carta de naturaleza. Se plantan árboles de pega para que no pueda verse el verdadero bosque. Pero la derecha tiene que leer más, y mejor, y no seguir fanáticamente solo a los que están de acuerdo con sus intereses, por muy escandalosos que sean. La salud, por ejemplo, solo se puede mezclar con el orden público, como ha hecho la escuálida mayoría del TC para optar por el estado de Excepción frente al no solo previsto para ello sino más razonable y prudente de alarma, si hay porrazos a mansalva, víctimas ensangrentadas y peligro para el sistema.

Karl Popper decía que “siempre que una teoría aparece como la única posible, tomada a rajatabla es señal de que ni se ha entendido la teoría ni el problema que se pretende resolver”. Los tremendistas, casadistas, ayusistas y voxistas, que acusaban a Sánchez de autoritario por activar la Alarma, ahora aplauden a los jueces que consideran que tenía que haber sido más autoritario, mucho más.

Si se abre esta puerta, puede ser difícil cerrarla. Si se banaliza, como se ha hecho, el estado de excepción, se promueve su uso oportunista por los desaprensivos, y lobos con piel de becerro. El ‘riguroso’ debate doctrinal, por otros juristas llamado diarrea mental, tampoco tiene en cuenta el aviso de Albert Einstein: “la teoría es asesinada tarde o temprano por la experiencia”. Sobre todo cuando las intenciones son espurias y responden a intereses caducados.

Claro que todo tiene su explicación, a veces más sencilla de lo que parece. En el preámbulo de la Constitución Española el rey Juan Carlos I se dirigía “a todos los que la presente vieren y entendieren…”

Está claro que muchos no la han entendido. No les han llegado las últimas oleadas de la revolución cognitiva que convirtió al mono en hombre.

NUEVOS TIEMPOS