El Constitucional valora anular las multas del primer estado de alarma

El Constitucional valora anular las multas del primer estado de alarma

El Alto Tribunal debate una sentencia que apunta a que el confinamiento domiciliario es una medida propia del estado de excepción.

La sede del Tribunal Constitucional, en Madrid, en una foto de archivoVictor J. Blanco / GTRES

Las multas puestas durante el primer estado de alarma pueden acabar siendo anuladas. Este es el escenario que puede provocar la sentencia que preparan los magistrados del Tribunal Constitucional y que debatirán en el pleno del próximo lunes.

El documento que prepara el magistrado Pedro González Trevijano cuestiona que algunas restricciones impuestas como el confinamiento domiciliario son propias de un estado de excepción. Obedece al recurso interpuesto por Vox al real decreto sobre el estado de alarma. De prosperar el proyecto de sentencia, las sanciones interpuestas, tanto por la vía penal como administrativa, quedan anuladas automáticamente por efecto de la retroactividad de la norma.

No obstante, y según recoge en una información El País, esta decisión no afectaría a una hipotética responsabilidad patrimonial del Estado en lo relativo a los perjuicios económicos causados a los miles de negocios obligados a echar el cierre. Tampoco el cierre de centros educativos recogido en el artículo 9 del real decreto, que también sería avalado.

Un millón de multas en el aire

Durante los poco más de tres meses que abarcaron el primer estado de alarma se interpusieron 1,1 millones de sanciones y se practicaron 9.000 detenciones de personas que incumplieron algunas de las restricciones. Parte de ellas se correspondieron con identificaciones o arrestos en protestas ante las medidas de control de la pandemia, que ahora pueden acabar siendo consideradas como una restricción a los derechos fundamentales.

El proyecto de sentencia de Trevijano sostiene que la “radical limitación, o suspensión del derecho fundamental a la libertad de circulación no puede dejar de considerarse como una medida razonablemente adecuada y necesaria para la consecución de los objetivos”.

Durante todo este tiempo, las distintas Administraciones han tenido problemas para poder tramitar y cobrar las multas de este primer período, un proceso que se ha acelerado en los últimos meses con el refuerzo de funcionarios. En la siguiente gráfica pueden analizarse los datos relativos al segundo estado de alarma.