La ley de vivienda deja el precio de los alquileres en manos de las Comunidades

Según el texto de la ley, al que ha tenido acceso El País, la ley respeta las competencias autonómicas para limitar los alquileres.
Una vivienda en alquiler
Una vivienda en alquiler
Europa Press News / Getty Images

El Gobierno sufrió un revés el pasado viernes, cuando el Consejo General del Poder Judicial decidió rechazar la nueva ley de vivienda por “violar competencias que recaen sobre las autonomías”. Sin embargo, según El País, que ha tenido acceso al texto, la ley de vivienda sí respeta esas competencias y permite a las comunidades regular el precio de los alquileres.

La decisión del Consejo General del Poder Judicial ha hecho retrasar la aprobación de la ley de vivienda, como ha confirmado este lunes la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. Pese a este revés, la ministra asegura que el proyecto de ley seguirá adelante porque “tenemos un mandato con los ciudadanos” en el ámbito de la vivienda y los alquileres.

El Consejo de Ministros por lo tanto no aprobará mañana la nueva ley como tenían previsto, pero sí dará luz verde a un nuevo plan estatal de vivienda que renovará al anterior y que contempla el bono de acceso al alquiler de hasta 250 euros, además de que aprobará la nueva ley de arquitectura.

Una ley que garantiza un derecho básico

“Un paquete que da respuesta a los compromisos del Gobierno con la ciudadanía”, ha dicho Rodríguez tras incidir en que la ley de vivienda es muy importante porque tiene carácter de ley de bases para garantizar un derecho básico. Rodríguez ha incidido en que se trata también de una ley compleja y es “lógico que pueda haber dudas jurídicas”.

“Vamos a esperar a ver. El Gobierno quiere ser responsable con cada una de los informes y lo vamos a estudiar con mucha atención”, ha insistido tras puntualizar que el informe del CGPJ no es vinculante y recordar que al Ejecutivo tampoco le gusta la forma en que está compuesto este órgano constitucional que lleva tres años en funciones.

En la misma linea se ha mostrado el presidente del Gobierno en una rueda de prensa este lunes por la tarderas reunirse con el canciller alemán, Olaf Scholz, donde le han preguntado por la ley de vivienda. El presidente ha recalcado que el Gobierno “comparte con la amplia mayoría de los ciudadanos la necesidad de un mayor compromiso de lo público” para que el acceso a una vivienda “digna” no sea un “problema”, sino un “derecho real”, como señala que recoge ya la Constitución.

“El Gobierno de España está comprometido con una ley de vivienda, que consideramos el quinto pilar del estado de bienestar”, ha añadido.

En el texto al que ha tenido acceso El País, se deja claro que son las autonomías las que tienen el poder para limitar el precio de los alquileres: “Las administraciones competentes en materia de vivienda podrán declarar, de acuerdo con su normativa reguladora, zonas de mercado residencial tensionado a los efectos de orientar las actuaciones públicas en materia de vivienda en aquellos ámbitos territoriales en los que exista un especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda para la población, en condiciones que la hagan asequible para su acceso en el mercado. A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, la declaración de zonas de mercado residencial tensionado deberá realizarse por la administración competente en materia de vivienda” .

Puntos clave de la Ley de Vivienda

  1. Prohibido vender el parque público de vivienda social salvo a administraciones públicas.
  2. Limitar los precios de alquiler en zonas tensionadas cuando se cumplan los siguientes requisitos:
    1. Que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos supere el 30% de los ingresos medios.
    2. Que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya experimentado en los cinco años anteriores a la declaración como área de mercado de vivienda tensionado un porcentaje de crecimiento acumulado al menos cinco puntos superior al porcentaje de crecimiento acumulado del índice de precios de consumo de la comunidad correspondiente.
  3. Declaraciones vigentes durante tres años. Si una zona se declara como zona tensionada, lo será mínimo durante tres años. Si después de ese tiempo, las circunstancias por las que se declaró zona tensionada se mantienen, lo seguirá siendo durante un año más, cuando se volverá a revisar.
  4. Ventajas fiscales. Los arrendatarios obtendrán ventajas en el IRPF cuando se alquile a precios asequibles, a jóvenes de entre 18 y 35 años, se baje el precio del alquiler en una zona tensionada o se reforme la vivienda para alquilar.
  5. Recargo del IBI hasta del 150% por tener las viviendas vacías.

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