Unidas Podemos se desmarca de la reforma de malversación, pero facilitará su aprobación

Sin dejarlo caer, pero sin respaldarlo. Unidas Podemos ha decidido que no firmará la enmienda para rebajar la pena por el delito de malversación que han acordado el PSOE y ERC. No obstante, el socio de coalición no permitirá que descarrile en la ponencia de esta tarde en el Congreso, es decir, no la bloqueará con sus votos.

Según han aclarado fuentes del grupo parlamentario a Europa Press, el motivo se debe a que tienen dudas sobre su futura aplicación por parte de los jueces. Por otro lado, esta decisión no afectará a la postura ante otro de los cambios que se prevén implementar en el Código Penal relativo a la derogación del delito de sedición que se vota esta tarde.

Desde la formación han subrayado que ellos “no han formado parte del acuerdo” para reformar el delito de malversación” y que no rubricarán el pacto entre socialistas y republicanos. Sin embargo, ha pesado la importancia del todo de las modificaciones, puesto que “contiene elementos tan importantes”, como la supresión del delito de sedición o el desbloqueo del Tribunal Constitucional.

A la espera de fijar posiciones

La propia vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya había adelantado la pasada semana que UP no participaría en la presentación de enmiendas que tuvieran que ver con este delito. Una postura muy similar a la del diputado morado Pablo Echenique, quien incidió en que cualquier reforma de la malversación no debía servir de ayuda a investigados o condenados en casos como Lezo, Púnica o Kitchen.

El portavoz del grupo confederal de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha explicado momentos después de que se conociese  “no es que no estemos desentendiendo”, recordando que ellos apostarían por una postura propia, aunque de momento no hay ninguna “posición fijada”, pero se espera llegar a ella pronto.

Según Asens, ahora mismo UP está estudiando tanto la enmienda de ERC como la transaccional del PSOE.

Las propuestas para la malversación

Este nuevo giro en el debate sobre la reforma del delito de malversación parte de otra reciente noticia. El pasado domingo ha trascendido que el Gobierno quiere presentar una propuesta para crear un nuevo tipo malversación que castiga con hasta cuatro años de cárcel y seis de inhabilitación el desvío presupuestario irregular dentro de la misma administración pública. El formato es el de una transaccional a la propia enmienda que ha presentado Esquerra.

La clave de esta propuesta, a la que ha tenido acceso El País, es que, aunque se rebajaría la pena a la que se enfrentan distintos políticos en el marco de la causa por el procés, no dejaría completamente impune el desvío de fondos públicos que se utilizó para sufragar el referéndum ilegal del 1-O.

Con dicha transaccional se pasa de un máximo de seis a cuatro años de prisión (uno más que los tres que proponía ERC) y se incluiría que “si resultare daño o entorpecimiento graves del servicio al que estuviere consignado”.