Continúa la marcha de investigados en el marco del 'caso Tsunami Democràtic' a Suiza. Según ha publicado El País, otros dos imputados en la causa que instruye el juez Manuel García Castellón en la Audiencia Nacional sobre supuestos delitos de terrorismo en el marco de los disturbios que se produjeron en Catalunya tras la sentencia del procès. Se trata del periodista de la Directa Jesús Rodríguez, quien ha desvelado esta mañana en las ondas de Catalunya Radio que las pasadas navidades decidió fijar su residencia en el país helvético. También del escritor y empresario gerundense Josep Campmajó. El primero ha hablado directamente de "exilio" en un vídeo compartido en sus redes. A todas luces, esta serie de traslados que se suman a los ya conocidos del diputado de Esquerra en el Parlament Rubén Wagensberg y del propio expresident Carles Puigdemont, que en este segundo caso ha venido residiendo en Waterloo (Bélgica) hasta fijar su residencia la pasada semana en el sur de Francia, ante las inminentes elecciones catalanas a las que se presenta como candidato de Junts -sus casos son los más particulares, puesto que cuentan con aforamientos y la causa se ha elevado al Tribunal Supremo-. Lo cierto es que estos últimos casos no son aislados. Sin ir más lejos, ayer miércoles, el dirigente de Òmnium Cultural Oleguer Serra anunciaba que había fijado su residencia en Suiza. El conocido activista lo hizo en un contexto especialmente simbólico, desde Perpiñán, en el sur de Francia, donde desveló que ya había hecho ese cambio hace medio año. Rodríguez también ha señalado que "la cúpula del poder judicial español hace de partido político y pretende instrumentalizar un procedimiento penal para boicotear la tramitación de la Ley de Amnistía", indicando que se le investiga por contar con información anterior a las manifestaciones de los disturbios de otoño de 2019, cuestión de la que no ha ocultado que ve contradicción al indicar que es "por hacer el trabajo que se le presupone a un periodista". En este sentido, el pasado martes García Castellón activó el trámite para poder proceder a las citaciones de la decena de investigados por supuestos delitos de terrorismo. De los 12 investigados, al menos 6 ya han fijado su residencia en Suiza. La primera en llegar fue la secretaria general de los republicanos catalanes, Marta Rovira. Según ha podido confirmar Europa Press, a los otros tres antes mencionados se suma también un banquero italiano que trabaja en dicho país, Nicola Flavio Giulio, así como Jaume Cabani, quien es considerado el tesoro de 'Tsunami'. Sin embargo, en estos últimos casos no lo han comunicado oficialmente. A pesar de que otros de los investigados en el marco del 'caso Tsunami' permanecen en España o en el caso de Puigdemont, ahora en territorio galo, la realidad es que Suiza es el destino que mayor grado de seguridad jurídica lo ofrece a este grupo de personas relacionadas con el mundo del independentismo catalán. Las autoridades helvéticas se han convertido en una simbólica 'china en el zapato' de García Castellón. Además de haberse negado a facilitar la localización de Rovira, la Oficina Federal de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia suizo, suspendió la comisión rogatoria cursada en noviembre por García-Castellón y se negó a informar sobre una cuenta bancaria utilizada supuestamente para financiar las movilizaciones y las protestas, algunas violentas, que organizó Tsunami Democràtic en 2019 tras la sentencia a los políticos que impulsaron el procès. Lo hizo advirtiendo del posible "carácter político" que acompañaría a la causa de la Audiencia Nacional e incluso llegaron a solicitar explicaciones sobre la situación de la propuesta de ley de amnistía en España. Una cuestión que Castellón respondió en otro auto, tachando la respuesta helvética de "inadmisible" y alegando que él se limita a "juzgar y hacer ejecutar lo juzgado".