La Audiencia Nacional vuelve a archivar la investigación sobre la infección del 'software' espía israelí al presidente Pedro Sánchez y tres ministros, después de que las autoridades israelíes hayan torpedeado las comisiones rogatorias.
El Ministerio Público ya tiene abiertas unas diligencias de investigación penal de carácter preprocesal, que se mantienen secretas, para determinar el alcance de la denuncia presentada.
Nueve meses después del 'cero energético' que colapsó España, los órganos e instituciones competentes descartan por completo la hipótesis de un ciberataque, y lo achacan a un fallo generalizado en el control de tensión insuficiente.
Ha dicho al magistrado que no tiene información para responder, tras ser citado a raíz del último informe de la UCO de la Guardia Civil sobre los contratos de compra de mascarillas y de test de antígenos o pruebas PCR en Canarias.
El instructor del caso en la AN cumple con las indicaciones del Supremo, que le instaba a abrir una pieza diferente tras las declaraciones del exgerente del PSOE, Mariano Moreno.
Según el instructor, los hechos ocurridos en Gaza son de dominio público tanto por la información que publican a diario los medios de comunicación como por la calificación provisional como delito atribuida por el Tribunal Penal Internacional y las denuncias presentadas por la Relatora Especial de la ONU, Francesca Albanese
Sostiene que no son competentes para investigar al primer ministro de Israel por presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad por tener ya una causa abierta en la Corte Penal Internacional, que hace casi un año emitió orden de detención contra él.
El Supremo aprecia indicios de presuntos delitos de financiación ilegal de partidos, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental.
La querella, basada en el principio de la jurisdicción universal, ha sido presentada por el activista Sergio Toribio, único tripulante español a bordo del velero humanitario atacado, y el eurodiputado de los Comuns Jaume Asens.
La implicada había solicitado el archivo provisional de la investigación alegando que no se ha podido evidenciar su participación en la presunta trama de corrupción.
La sentencia ha estimado el recurso al considerar que no cabe sanción alguna contra los auditores después de que el Tribunal Supremo absolviese a todos los acusados.
Al expresidente de Cepsa se le acusa de ser partícipe de un entramado en el que habría conseguido un beneficio ilícito de en torno a 100 millones de euros.