El juez acuerda la detención del exjuez Presencia tras darle plantón cuando estaba citado para declarar
Fernando Presencia, presidente de la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP), está siendo investigado por la Audiencia Nacional porque el juez aprecia "indicios suficientes y racionales" de que esa asociación es ilícita.
El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha acordado este míércoles la detención del exjuez Fernando Presencia después de que no haya acudido a la citación como investigado para ser interrogado por los nuevos delitos de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes que se le imputan. Se da la circunstancia de que este miércoles, el juez también decidía si adoptar medidas cautelares, como la prisión provisional, contra él para atajar la activididad "delictiva" de la asociación que preside.
Presencia, presidente de la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP) está siendo investigado por la Audiencia Nacional porque el juez aprecia "indicios suficientes y racionales" de que esa asociación es ilícita y se ha constituido "con la sola finalidad de delinquir", utilizándola como un mero instrumento para el lucro de los miembros de la organización criminal. Señala que el líder de la misma es Presencia, del que subraya que ha hecho de la maquinaria delictiva de ACODAP su único 'modus vivendi'.
La decisión del juez llega después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional le solicitara que ordenara la búsqueda y detención del exjuez después de que no se haya presentado tras ser citado. El Ministerio Público pedía también la detención por incomparecencia al llamamiento judicial de Lidia Reina, Alejandro Diges y Álvaro Arteaga, colaboradores de la presunta organización delictiva, por no haberse presentado ante el magistrado.
Con respecto a los tres que sí han comparecido en calidad de investigados --Alberto y Santiago Royuela y Juan Martínez Grasa--, que según fuentes jurídicas consultadas por esta agencia de noticias sólo han respondido a su defensa y al juez, la Fiscalía solicitaba la prisión provisional comunicada y sin fianza.
Según informaba el Ministerio Público, los delitos atribuidos a los investigados en una primera calificación jurídica son contra el honor, contra las altas instituciones del Estado, delitos de organización criminal o grupo criminal, estafa agravada o delito de apropiación indebida agravada, delitos de falsedad y delito de asociación ilícita.
Suspensión cautelar de actividades de ACODAP
Esta asociación ha sido utilizada, según la investigación, para dufindir denuncias mendaces contra altas instituciones del Estado con el objetivo de desprestigiarlas. Esas denuncias falsas habrían encontrado altavoz además en redes sociales afines.
Este miércoles estaban citados a declarar, además del exjuez --al que se le imputan también delitos de injurias y calumnias, estafa agravada, organización criminal y asociación ilícita--, otras cinco personas: Alberto Royuela, Santiago Royuela, Juan Martínez Grasa, Lidia Reina, Alejandro Diges y Álvaro Arteaga.
La comparecencia se producía días después de que el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6, en línea con el informe de la Fiscalía, acordara también la suspensión cautelar de actividades de ACODAP al considerar la medida "idónea, pertinente y proporcionada".
En su auto del pasado 23 de junio, el juez ponía el foco en que Presencia usaba ACODAP para ganar dinero mediante aportaciones de personas que creen estar luchando contra la corrupción y señalaba que tras un año de investigación se constata la reiteración delictiva por parte de los investigados "en la afectación permanente de los bienes jurídicos que se están viendo lesionados en este procedimiento".
Las cuentas corrientes
La resolución recogía también las conclusiones de los informes de la UCO que acreditan la falsedad de la trama delictiva, que consistía en atribuir cuentas corrientes en el extranjero a diferentes personalidades, muchos de ellos magistrados del Tribunal Supremo. El estudio de los metadatos permite comprobar, según el auto, en relación con los documentos elaborados de datos de una cuenta corriente, que se trata de un documento elaborado íntegramente por unos de los investigados, Alberto Royuela. Se puede comprobar, añadía el magistrado, que es el mismo formato de extracto bancario aportado por la entidad Morabanc para otras tantas personas y el mismo formato usado para otras informaciones bancarias de otras entidades.
La UCO señalaba en su informe que el formato es el mismo con independencia de la entidad bancaria que lo emita, sin que en dicho documento aparezca ni el sello de la entidad ni el email, número de teléfono o dirección postal. "El hallazgo de esta evidencia nos sitúa ante una plantilla o modelo en formato 'Word' creados para fabricar los documentos bancarios que se acompañan a las denuncias donde se imputa a diferentes personas la titularidad de depósitos en entidades bancarias situadas en paraísos fiscales", indicaba.
Por otro lado, el magistrado señalaba que pese a los esfuerzos por mitigar la difusión de denuncias de ACODAP la organización investigada sigue operando cada día "con total impunidad". Indicaba además que después de un año de iniciar el procedimiento "la mecánica criminal se encuentra plenamente operativa, sin que los reiterados intentos por impedir la comisión delictiva hayan dado sus frutos".
