La Justicia europea deja sin inmunidad a Puigdemont y a los exconsellers

Y se confirmaron los peores pronósticos para el horizonte judicial del expresident. La Justicia europea se ha pronunciado sobre el gran asunto pendiente -porque los frentes se le acumulan- del exmandatario catalán Carles Puigdemont. Su inmunidad parlamentaria.

El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha fallado este miércoles contra sus intereses y contra los de dos de sus compañeros de filas en JxCAT y también eurodiputados. El tribunal comunitario ha confirmado la decisión que había tomado el Parlamento Europeo de levantar la inmunidad al expresident de la Generalitat. La sentencia no se queda ahí y también incide de lleno en los casos de los exconsellers Clara Ponsatí y Toni Comín.

Por un lado, el TGUE tumba el recurso de Puigdemont contra la medida adoptada por la Eurocámara, pero por otro, sigue la senda dibujada por el Tribunal Supremo (TS), por la justicia doméstica española, abriendo la puerta a que el expresident del Govern pueda  dar explicaciones ante los tribunales españoles por su participación en el procés, es decir, el referéndum de independencia ilegal de 1-O.

¿Y ahora qué?: camino despejado para las euroórdenes y nuevo calendario judicial

Y, precisamente, esa es la clave. La gran lectura de esta decisión es que se allana el camino al magistrado Pablo Llarena para su gran objetivo: llevar a Puigdemont al banquillo del Supremo. En este sentido, y marcado por la serie de fracasos judiciales anteriores en Europa, el juez del alto tribunal estaba a la espera del pronunciamiento del TGUE para dar el siguiente paso. 

Previsiblemente, ese movimiento se traducirá en la reactivación de las euroórdenes para que sean entregados en España, cuestión que impedía la condición de inmunidad europarlamentaria y que se vio obligado a retirar con la supresión del delito de sedición -para ser equiparado a los estándares europeos donde éste no existe, otro factor que jugó en contra de la Justicia española en este caso-.

Puigdemont acudirá al TJUE: "Nada se acaba, todo lo contrario. Todo sigue"

Con todo, y aunque a todas luces, esta decisión supone un mazazo para los intereses de los tres eurodiputados catalanes -y un jarro de agua fría en el sector del independentismo-, hay posibilidad de que la parte afectada presente un recurso casación. Tendrán un plazo máximo de dos meses, pero tras conocerse el fallo de esta mañana, la defensa legal de Puigdemont ya ha confirmado que dará el lógico paso.

En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Puigdemont ha señalado con contundencia que "nada se acaba, todo lo contrario. Todo sigue. Presentaremos recurso en el TJUE, y defenderemos hasta el final nuestros derechos fundamentales, que son también los derechos fundamentales de los catalanes y los europeos".

Otra de las claves sobre su futuro y los plazos del calendario judicial también ha salido a relucir por el propio expresident. "Tenemos dos meses para presentar el recurso a la máxima instancia judicial europea, que después dispondrá de seis meses para tomar una decisión", ha advertido Puigdemont, para alertar de que "sin embargo, hoy la disidencia política está más amenazada en Europa" y que "las minorías políticas que defiendan causas que incomoden a los estados tendrán, si esta sentencia no se revierte".

Por su parte, el letrado de Puigdemont, Gonzalo Boye, también se ha pronunciado en su cuenta de Twitter, adelantando que "estudiaremos los argumentos del Tribunal General y esto nos obliga a recurrir en casación como hemos hecho en todas las ocasiones anteriores".

Las claves de la sentencia del TGUE

El tribunal con sede en Luxemburgo ha acordado una sentencia en la que se erigen como clave tres factores. Se han rechazado totalmente los ocho motivos esgrimidos por la defensa de los tres eurodiputados. Principalmente se rechazan sus alegaciones sobre que la Eurocámara no tuvo en cuenta que el proceso judicial arrancó con el objetivo de dañar o perjudicar la actividad de los diputados.

También ha primado en la decisión otro punto fundamental relativo al momento en el que se inició el proceso en España. El TGUE determina que cuando comenzó, el hecho de que fueran a acabar consiguiendo la condición de europarlamentarios -por tanto, la inmunidad que lleva aparejada- era "hipotética" y también incidía sobre otras personas que no formaban parte del Europarlamento. Resuelve pues que "no corresponde al Parlamento analizar la legalidad de los actos judiciales españoles".

De la misma forma, la sentencia no considera que el Parlamento Europeo fuese imparcial designando como ponente al eurodiputado búlgaro de ultraderecha, Angel Dzhambazki, -pertenece al mismo grupo parlamentario que Vox- o que la comisión de Asuntos Jurídicos al cargo del suplicatorio coordinase lo tres expedientes -de cada eurodiputado- en uno solo.

Sobre el eurodiputado búlgaro, la Justicia europea admite que "por definición no es políticamente neutro", pero considera que "actúa, no obstante, en el marco de una comisión parlamentaria cuya composición refleja el equilibrio de los grupos políticos en el Parlamento", por lo que es "en principio irrelevante para la apreciación de su imparcialidad".