Galicia prepara el golpe mortal a los gallineros de autoconsumo

Galicia prepara el golpe mortal a los gallineros de autoconsumo

"Comparte el malestar".

Imagen de archivo de una gallina.Getty Images

Los populares gallegos preparan una ofensiva en múltiples frentes para demandar al  Ejecutivo central cambios en materia de un trámite burocrático que ha levantado cierta controversia y problemas en muchos hogares de Galicia, con especial énfasis en las zonas de carácter rural. Efectivamente, la necesidad de legalizar gallineros de autoconsumo.

Así, el Partido Popular de Galicia llevará al Parlamento autonómico, a las diputaciones provinciales y a los ayuntamientos una iniciativa para solicitar al Gobierno central que modifique el Real Decreto que obliga al registro de las explotaciones avícolas para autoconsumo.

Así lo ha anunciado el coordinador de Medio Rural del PP de Galicia, Avelino Souto. Este ha remarcado que esta nueva medida "incrementa la excesiva carga burocrática" que "ya soporta" el sector agroganadero y "provoca" tanto un "abandono y desaparición de explotaciones" como el "fomento del abandono" del propio rural.

La obligación de inscribirse en el registro

El Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez, ha recordado el PPdeG, publicó en julio de 2021 el decreto por el que se regulan las normas básicas de ordenación de las granjas avícolas, en el que se recoge que aquellas explotaciones familiares que crían aves para el consumo propio, por lo que no comercializan ni aves ni sus productos, deben estar inscritas en el registro general de explotaciones ganaderas.

"Se trata de más de 50.000 explotaciones de autoconsumo gallegas que se verán obligadas a inscribirse en este registro, lo que supone más carga burocrática y trabas para aquellos propietarios que no sacan ningún beneficio económico de estas explotaciones al no comercializar su producción", ha explicado Souto.

Así, ha añadido que el PPdeG "comparte el malestar" de estos propietarios de gallineros de autoconsumo frente a la decisión de adoptada por el Gobierno central, "sin contar para nada, una vez más", con la opinión de las comunidades autónomas y legislando de "espaldas al territorio, sin atender a las peculiaridades de cada zona".