Según avanza la 'Cadena SER'. El fiscal alegó como riesgo de fuga la alta capacidad económica del huido, jefe de una banda que amenazó a la princesa holandesa, y que las autoridades judiciales de Países Bajos habían emitido contra él una OEDE y se estaba tramitando.
La causa que instruye el magistrado Manuel García Castellón vuelve a complicarse ante la decisión del periodista Jesús Rodríguez y el escritor Josep Campmajó. Al menos 6 de los 12 investigados fijan su residencia en el país helvético.
El hombre, de 49 años, ha sido arrestado en Terrassa y cometió el crimen en su país de origen. Ha sido localizado al investigar una red de radicalización yihadista.
El fiscal Álvaro Redondo lo expone en un informe que estudiará este martes la junta de fiscales de lo penal del alto tribunal, según ha confirmado 'El País'.
Una elevación al Supremo "totalmente injustificada", una "significativa falta de argumentos" y "decisiones contradictorias": todo lo que el ministerio fiscal tiene que decirle al magistrado.
El ministerio fiscal ha recibido un oficio de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado en el que se da cuenta de la denuncia presentada el pasado día 5 por el PSOE.
La 'Cadena SER' accede a las declaraciones de la ex secretaria general del PP en la Audiencia Nacional, en el marco del 'caso Villarejo', en las que llegó a asegurar no recordar quién pagaba la defensa legal de Bárcenas, a pesar de que ella mismo confirmó en 2010 que lo hizo el PP.
El Ministerio Fiscal de la Audiencia Nacional apremia a García Castellón para que eleve el recurso directo de apelación, interpuesto el 10 de noviembre, contra la decisión de éste de dirigir la investigación por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont y a Tsunami Democratic.
Después de que la propia Audiencia Nacional enmendará al juez García Castellón reclamándole que sí debía interrogar como testigos a la ex secretaria general del PP y al excomisario Villarejo. Está citada para el 28 de noviembre.
El expresidente de la RFEF argumenta que la propuesta de 3 años de inhabilitación no está en la Ley del Deporte y la califica de "injusta" y "desproporcionada" y se queja de que la numeración del expediente coincida con el artículo de la Constitución que aplicó el Gobierno en 2017 en Catalunya.
La Corporación ha pedido este viernes al tribunal que se ejecute provisionalmente la sentencia que anula varios elementos de las bases de su convocatoria.