derechos sociales

Lo que realmente deberíamos plantearnos es una revisión del acuerdo constitucional que nos permita un orden social pacífico y justo en las coordenadas del siglo XXI. Es decir, necesitamos otro contrato con el que podamos renegociar el poder, la ciudadanía y las relaciones entre ambos. Un contrato que, por supuesto, debería asumir las lecciones de casi 40 años de experiencia constitucional y que debería responder a una proyección de valentía que no fue precisamente la que caracterizó la transición.

A lo largo de los próximos días, la ciudadanía se enfrentará a una lluvia de ideas, propuestas programáticas y promesas políticas. Algunas, en el mejor de los casos, serán bienintencionadas; otras, en un porcentaje razonable, aparentarán ser posibles; y muchas no serán más que propósitos de dudosa calidad y factura.

El relato de los atentados de París, la tentación política de rentabilizar el terrorismo y la insistencia mediática en repetir las mismas informaciones, contribuyen a crear un clima social en el que el miedo colectivo es protagonista. El 73% de los franceses comulga con la merma de derechos que supone el estado de excepción y que Hollande no habría logrado aplicar en otro momento.

Los jueces tenemos la responsabilidad moral y profesional de interpretar las normas de acuerdo con los valores sociales del momento en el que se aplican, y dichos valores no son estáticos sino caleidoscópicos. Giran en consonancia con los cambios demandados desde una sociedad que anhela justicia.

En Venezuela, ser homosexual es muchas veces, demasiadas veces, sinónimo de enfermedad, de depravación, de pecado; es ser ciudadano de tercera; es ser víctima del acoso, de la burla; es no tener protección; es vivir en un armario profundo y oscuro para preservar un mínimo de dignidad.

Somos homosexuales algunos de los que nos dedicamos a la política en las democracias modernas. Si el porcentaje de la población gay, según los sociólogos, es en torno al 10% de la población, sin disponer de datos oficiales me atrevería a decir que en política puede superarse.