Prohibir el móvil a la futura ciudadanía digital: un debate educativo más allá de las aulas
Para el profesorado la restricción del uso de los móviles en Primaria y Secundaria solo tiene cabida con una enseñanza complementaria de los centros y las familias.
El Consejo Escolar de Estado aprobó este mismo jueves por unanimidad su propuesta para prohibir los móviles en Educación Primaria y limitar su uso en Secundaria a fines médicos y pedagógicos. La iniciativa, a priori, ha sido bien recibida por las familias y por la propia ministra de Educación, Pilar Alegría, que trasladará el documento a las comunidades autónomas en una reunión el próximo 31 de enero. Sin embargo, el profesorado y los sindicatos han querido recordar que, más que de prohibir, se trata de educar a los más jóvenes en un uso saludable de los dispositivos móviles.
Con esta medida, el máximo órgano consultivo del Gobierno en materia educativa pretende atajar de manera uniforme en todo el país los crecientes problemas sociales relacionados con el ciberacoso, el acceso a la pornografía o el descenso de la atención y la concentración provocado por la adicción a las pantallas. En algunas autonomías, como en la Comunidad de Madrid, hace algo más de tres años que se prohibieron los dispositivos móviles en las aulas. En su caso, tal y como señalaba el último informe anual de ANPE, los casos de ciberacoso de alumnos a profesores llegaron a descender en un 50% solo en el último año.
En cualquier caso, pese a los numerosos cambios positivos que se podrían extraer de su limitación en centros educativos a nivel estatal, los expertos consideran que esta prohibición es simplemente una vía rápida. Una decisión política estratégica y “populista” que no ahonda en el trasfondo de un problema que va más allá de las aulas, en las raíces de una problemática social. Además, remarcan que ‘quitar’ el móvil a la futura ciudadanía digital choca, incluso, con las directrices de la agenda 2030 en materia de digitalización.
El apoyo de un consenso social
Tapar la luna con un dedo. Eso es para la secretaria general de Educación de CCOO de Madrid, Isabel Galvín, lo que se pretende hacer con este ‘veto’ educativo. Según ha explicado en conversación con El HuffPost, sin el respaldo de un gran consenso social y unas medidas formativas complementarias, la prohibición, por sí misma, no va a solucionar las nuevas problemáticas de una sociedad del S.XXI.
“Hay un problema, sí. Pero hay que contextualizar y tener en cuenta que se trata de un problema social que no se resuelve generando normativas de prohibición en la escuela”, avanza. “Tiene que haber un consenso también con las familias para establecer tiempos. Que estas estén de acuerdo, por ejemplo, en la edad más oportuna para comprar el móvil a los menores. Debe producirse un consenso sobre la limitación del uso del móvil también en las horas en las que los menores no están en la escuela. Que haya otro ocio lejos de las pantallas”, subraya Galvín.
La experta en didáctica y organización escolar admite que le parece “preocupante” que la sociedad haya dado el visto bueno a que, en la escuela, “que es donde se educa a la ciudadanía digital del siglo XXI”, se tire de prohibición como única vía para arreglar las consecuencias del uso de los dispositivos.
“Desde la política lanzan esta propuesta porque es un tema que cala bien. Puede parecer a priori que la solución de todos los problemas es que los menores no tengan acceso a pantallas... Cuando además las de los móviles no son las únicas que ven. ¿Cuántos bebés vemos en los restaurantes con una pantalla delante viendo dibujos animados? Necesitamos respuestas complejas y con diferentes ámbitos de intervención y esta solución cae bien entre la gente porque es fácil y rápida”, sentencia.
Educar en un uso responsable
Fuentes del Ministerio de Educación consultadas por este medio recuerdan que esa formación complementaria “se va a hacer”. Desde el departamento encabezado por la ministra Pilar Alegría recuerdan que una de las recomendaciones de la medida propuesta por el Consejo Escolar es seguir con la formación “para tener una relación sana con los dispositivos” y abordar también los correspondientes temas de seguridad. De hecho, recalcan que se mantendrá el uso de los móviles en los proyectos educativos que requiera el docente en Educación Secundaria y que uno de los fines de la medida es promover que entre clases o en el recreo “jueguen, se relacionen y aprendan lo bueno y lo malo de los dispositivos”.
Para formar a integrantes responsables y capaces de una sociedad digital, Isabel Galvín también destaca la necesidad de incorporar a los centros planes de convivencia, planes preventivos de acoso y ciberacoso y, de manera efectiva, incorporar a los coordinadores de bienestar. Cabe recordar que estos perfiles educativos ya están regulados por Ley, pero todavía no se han incorporado con financiación.
“Sorprende que, en un contexto educativo histórico en España, en el que las administraciones educativas no se ponen de acuerdo en nada y no hay consenso en nada, curiosamente se pongan de acuerdo en esto y vayan todas en la misma dirección. Es evidente que hay una falta estructural de financiación, una enorme falta de políticas educativas que aborden problemas sistémicos, una falta de recursos de atención a la diversidad... En todas las cuestiones que tienen que ver con déficits estructurales de la educación no hay acuerdo ni consenso”, critica Galvín.
En este sentido, desde el Ministerio de Alegría subrayan que, en este caso, se ha decidido promover una postura común “ante la inquietud social existente” y teniendo en cuenta que en la pandemia “la toma conjunta de decisiones funcionó".
Faltan estudios y resultados
A diferencia de otras propuestas como la de ampliar la educación obligatoria hasta los 18 años, sobre la prohibición de los dispositivos móviles en los centros educativos no hay suficientes resultados investigados como para determinar su efectividad. Tanto es así que, a pesar de que algunos países de Europa como Francia -que fue pionero- Finlandia, Suecia, Grecia o Italia ya han limitado su uso en las aulas, para tomar la decisión en España fuentes del Ministerio admiten no haber tomado como referencia ningún modelo concreto.
En relación a esta falta de resultados, UGT ha destacado que, tal y como señala el informe PISA, en algunos países “cuando los teléfonos móviles están prohibidos en su escuela, es menos probable que los estudiantes apaguen las notificaciones de redes sociales y aplicaciones en sus dispositivos digitales cuando se van a dormir por la noche”. Es decir, el documento advierte de que, si bien la prohibición obligatoria de teléfonos móviles en clase puede ayudar a reducir las distracciones, también “podría impedir que los estudiantes autorregularan su propio uso”.
Por el momento, la OCDE ha desaconsejado en varias ocasiones prohibir los móviles en las escuelas y ha sugerido enseñar a los alumnos a hacer un uso "adecuado" de sus dispositivos. Actualmente, según la UNESCO, menos de uno de cada cuatro países de todo el mundo ha prohibido el uso de 'smartphones’ en las escuelas". Países Bajos introducirá la prohibición este mismo año y se sumará a otros estados como Israel, China, Australia, Ontario, Ghana, Ruanda o Uganda.
En el caso de España, todavía a la espera de un acuerdo total entre las autonomías, CCOO ha manifestado que sería deseable que a esa reunión las comunidades autónomas que ya tenían prohibidos los móviles “presentaran unas conclusiones y unos resultados de sus políticas públicas”.
