El Gobierno estudia empoderar a Elena Sánchez en RTVE con un real decreto

“Es la sustituta del presidente, pero no es la presidenta de la Corporación”. Ese pequeño detalle terminológico y el cómo proceder a solucionarlo es lo que ahora trae de cabeza al Gobierno y a la radiotelevisión española (RTVE). Elena Sánchez Caballero fue elegida por el Consejo de Administración como presidenta provisional, un cargo con “demasiados vacíos de poder” que Moncloa necesita llenar.

Según han asegurado a este medio fuentes conocedoras, miembros del Gobierno habrían puesto sobre la mesa esta semana la posibilidad de aprobar un Real Decreto que permita “modificar los Estatutos de RTVE” para agilizar los trámites que posibiliten dotar de poder ejecutivo en la pública a Sánchez Caballero.

En paralelo, la cúpula de RTVE también trabaja en ello. El HuffPost ha podido confirmar que el pasado miércoles la Corporación solicitó a su gabinete jurídico realizar un estudio sobre qué poderes tiene en estos momentos la firma de Elena Sánchez en el conglomerado. Un análisis pertinente pero tardío que, según las mismas voces, debería haberse llevado a cabo antes de apresurar la salida de Pérez Tornero.

Estos movimientos evidencian que nadie pensó en qué hacer después y ahora todas las vías son pocas en busca de la solución perfecta. La estrategia para forzar la salida del expresidente estaba clara, el plan salió bien, pero la solución se ha convertido en un nuevo problema para los de Pedro Sánchez.

Miembros del Consejo de RTVE consultados por este medio explican las dificultades. En estos momentos, el poder ejecutivo de la recién elegida y el resto de directivos es muy limitado. Y es que, a pesar de que las firmas de Alfonso Morales -secretario general de RTVE- y Marta Torralvo -directora general corporativa- tienen potestad suficiente para determinadas cuestiones administrativas, “no pueden tocar el organigrama”, algo que resulta fundamental en Moncloa.

Este trío no convence a parte del PSOE como brazo ejecutor de la Corporación. Además de las limitaciones mencionadas, cabe recordar que Torralvo y Morales eran dos de las personas de confianza de Tornero durante su gestión y forman parte de un núcleo que no termina de resultar cómodo para los socialistas.

A la pareja de directivos se le suma la presencia de José Juan Ruiz -más conocido como ‘Jota’- que sigue ostentando el puesto de director de Gabinete de Presidencia, a pesar de los rumores que anunciaban su dimisión un día después de que Tornero abandonase RTVE. El que muchos han definido como “el presidente a la sombra” no podrá ser cesado en ningún caso hasta que exista un nuevo superior con poder ejecutivo en la Corporación.

Un desafío al Tribunal Constitucional

Una vía desesperada. Así es como definen fuentes internas de la Corporación la intención del Ejecutivo de elaborar el mencionado ‘decretazo’ sobre RTVE. Esto se entiende mejor si -metiendo en contexto los precedentes de la pública- se tiene en cuenta que el Tribunal Constitucional ya tumbó hace poco más de un año el real decreto ley que permitió al Gobierno nombrar a Rosa María Mateo administradora única de RTVE.

Este órgano consideró que la medida era contraria a la Carta Magna porque vulneraba “el derecho fundamental a la participación ciudadana a través de los medios de comunicación”. Sin embargo, lo hizo a posteriori, cuando ya habían pasado tres años desde la entrada de Mateo en la pública.

Estos antecedentes plantean a los de Sánchez un riesgo al que podrían “estar dispuestos a exponerse”. Cabe destacar que 2023 será un año puramente electoral y que, de arriesgarse a recibir otro golpe judicial, este llegaría pasados los comicios y una vez rentabilizado el apoyo en el medio de comunicación.

En cualquier caso, lo que más impacta a los conocedores de esta intención es que no se piense en usar otras opciones que, a pesar de resultar más complicadas, darían la oportunidad de abrir el debate en el Parlamento y establecer un consenso. Una de ellas pasaría por nombrar un nuevo consejero que sustituya a Pérez Tornero en el Consejo y más adelante como líder de la Corporación.

Para que esto pudiese ocurrir sería necesario obtener el apoyo de dos tercios del Congreso de los Diputados. Es decir, un acuerdo entre PSOE y PP. Si esto ya resultó complicado hace casi dos años, en la actualidad se vislumbra como un imposible. Los hechos acontecidos esta última semana en el medio público han hecho saltar las alarmas en Génova, donde no se plantean tender la mano a ningún pacto con el PSOE.