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29/04/2014 16:39 CEST | Actualizado 29/04/2014 17:37 CEST

Una vocal del CGPJ pide retirar el anteproyecto del aborto por "prudencia jurídica y política"

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Otro varapalo más a la reforma de la ley del aborto. La vocal de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Pilar Sepúlveda, una de las dos ponentes designadas para informar sobre el anteproyecto de ley, recomienda en su informe definitivo retirar la iniciativa "en pura oportunidad y prudencia jurídica y política", en espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la legislación actual.

La vocal progresista ha hecho llegar su informe este martes al resto de vocales del órgano de gobierno de los jueces, que ahora tendrán que esperar el trabajo correspondiente de la vocal conservadora Carmen Llombart. Después, el CGPJ deliberará sobre ambos estudios y decidirá cuál es su posición oficial, que transmitirá al Gobierno como órgano consultivo del Estado.

En el primer informe que ha recibido el CGPJ, Sepúlveda señala que el anteproyecto "desconoce la evolución de la sociedad española al optar por dar una respuesta anacrónica, criminalizadora, y se encuentra anclado en una interpretación estática" de la jurisprudencia constitucional de 1985.

Para la vocal progresista, esta interpretación es, incluso, "involucionada", ya que contempla "un régimen aún más restrictivo" al no recoger el supuesto en caso de graves anomalías, cuya constitucionalidad ha sido "expresamente avalada" por el alto tribunal.

"UN MODELO MORAL A COSTA DE DERECHOS AJENOS"

Según Sepúlveda, se trata de "la imposición de un modelo moral a costa de los derechos ajenos". "La libertad de la mujer embarazada y la ponderación entre sus derechos a la intimidad, la autodeterminación y la dignidad decaen de forma evidente ante la protección del bien jurídico que representa el concebido", señala la vocal.

Además, apunta que el concebido "no es titular de un derecho fundamental constitucionalmente reconocido a la vida", así como que, en su opinión, "no puede considerarse como la respuesta adecuada a una demanda social de protección del concebido" porque, según explica, "no existe".

LA LEY VIGENTE, CON "AMPLIO RESPALDO Y ACEPTACIÓN"

"La ley vigente goza de un amplio respaldo y aceptación por parte de la ciudadanía (...) y el anuncio de la presentación y aprobación del Anteproyecto por el Consejo de Ministros ha creado un clima de alarma social", expone la jurista en las consideraciones previas del informe.

Sepúlveda también opina sobre la pretensión del Gobierno de reducir el número de abortos con esta nueva ley y concluye que "la experiencia demuestra" que la aplicación de la ley de 1985 "había llevado a España a una indeseable situación de aborto libre, cuando no arbitrario", en el que junto a un incremento "notabilísimo de abortos ilegales", seguían practicándose "otros muchos en condiciones de grave riesgo sanitario".

"LA CRIMINALIZACIÓN, ÚNICA RESPUESTA"

"La única respuesta que ofrece al anteproyecto es la criminalización de conductas que faciliten la voluntad de la mujer de interrumpir su embarazo, la eliminación del ámbito de decisión de la mujer para determinar su propia vida, su intimidad y su ejercicio de la maternidad, sin abordar el problema del número de abortos de una manera completa y entendiendo la cuestión desde una perspectiva más amplia", explica Sepúlveda, quien asegura que teme que la mujer se convierta en "un mero instrumento al servicio" de la maternidad.

En cuanto a la forma, la jurista define el anteproyecto como "impreciso, vago e indeterminado", y plantea, además, que la protección del concebido debería ir acompañada de medidas y ayudas sociales para las mujeres en peor situación socio-económica y de políticas de prevención mediante la formación y educación sexual.

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