La Fiscalía investiga si la cesión de lugares públicos para el 9-N es delito
Preparados, listos... Quedan horas para que comience el 9N, el día de la consulta soberanista catalana, y la actividad ha comenzado ya en los locales donde se colocarán las urnas.
Allí, los voluntarios trabajan para que todo esté a punto: papeletas, cajas, mesas... Cuidan de que todo esté en su sitio. Mientras, la Fiscalía Superior de Cataluña, a instancias de la Fiscalía General del Estado, ha abierto diligencias de investigación por si la cesión de locales públicos, como locales de Ayuntamientos o colegios, por parte de la Generalitat para la celebración de la consulta del 9N puede ser constitutiva de delito.
El Tribunal Constitucional suspendió esta semana la consulta tras admitir el recurso presentado por la Abogacía General del Estado. La Generalitat presentó este viernes en el registro del TC un recurso donde pide que "reconsidere y deje sin efecto" la admisión a trámite de la impugnación del proceso de participación ciudadana presentado por el Gobierno ante el 9N.
El Ministerio Público está vigilante para que el Gobierno catalán no incumpla el mandato del Tribunal Constitucional que le obliga a suspender el proceso participativo del 9 de noviembre ya que si se desoye de forma flagrante, directa y manifiesta podría existir un delito de desobediencia, según informaron a Europa Press fuentes fiscales.
Si se concluye que se está incumpliendo la suspensión decidida por el Tribunal Constitucional, un juez podría ordenar la intervención de los Mossos.
Paralelamente, tres miembros de Societat Civil Catalana (SCC) han presentado ante el juzgado de guardia de Barcelona un escrito en el que reclaman que tome medidas ante la utilización de centros escolares para el 9N y examinen si puede haber responsabilidades penales por "vulneración del Estado de Derecho".
