El exnúmero dos de Interior durante el Gobierno del popular Mariano Rajoy, quien fue trasladado este jueves a prisión por su rol en la red del hacker José Luis Huertas, también conocido como Alcasec, tuvo un papel central en la trama de ciberataques que presuntamente lideraba el joven, a través de la cual supuestamente robaban datos de empresas y organismos públicos para más tarde venderlos. 

A pesar de que la defensa de Martínez ha intentado desligarse de Alcasec afirmando que su vínculo con él solo se limitó a asesorarle en la creación de dos sociedades (de hecho en la declaración dijo que solo quería ayudar al joven, en calidad de abogado y referente, por ser "un niño sin padre" que "se mete en problemas siendo menor"), algo por lo que supuestamente solo cobró 1.500 euros, según recogen en Europa Press, el auto destaca su papel en la trama del pirata informático. 

"Su función abarcaría el diseño y la operación del blindaje legal, patrimonial e institucional que permitiría a los miembros técnicos del grupo, en especial a José Luis Huertas, operar con continuidad, anonimato y una legitimidad aparente", recoge el auto al que ha tenido acceso EFE. 

"Su perfil profesional, que combina conocimientos jurídicos, vínculos institucionales y experiencia política, debido a los cargos de dicha naturaleza desempeñados por él en el pasado, lleva a inferir, a tenor del resultado de las investigaciones —continúa la juez—, que es él quien brindaría cobertura legal a una estructura ilícita altamente tecnificada, liderando también las acciones de blanqueo de imagen y legitimación pública", añade el auto. 

Prisión provisional sin fianza

La trama, investigada por la magistrada María Tardón, otorga un "rol central" a Martínez— que ha sido llevado a prisión provisional sin fianza por el riesgo de destrucción de pruebas—, al que se le acusa de organización criminal, revelación de secretos, apoderamiento y cesión de datos reservados, blanqueo de capitales y allanamiento o intrusismo en el sistema informático.

Además, en las diligencias— que aún continúa bajo secreto de sumario— señalan que el joven hacker no solo robó a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), sino que también hackeó el Registro Civil, la DGT y Puertos del Estado, el cual depende del Ministerio de Transportes. Asimismo, junto con sus datos, se han hallado datos de múltiples empresas que van desde el sector logístico hasta el energético, así como de diferentes países como Bolivia, República Dominicana y Andorra. 

Para poder operar sin ser descubierto, el hacker contrató un host a una compañía con sede en Zúrich, el cual le canalizaba todos los datos en el servidor, garantizándole el anonimato total y ofreciéndole acceso remoto, pudiendo administrar el servidor desde su domicilio, desde la sede social de la empresa Horus y desde otros locales comerciales.

La investigación, fruto de una denuncia de la CNMC

La investigación dio comienzo gracias a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), quien denunció el acceso a los servicios informáticos de la comisión y la exfiltración masiva de datos personales vinculados a los titulares de líneas de teléfono móvil. Según la investigación, se ha comprobado "una red compleja que integra estructuras empresariales, conexiones personales e institucionales, y profesionales que garantizan la continuidad y expansión del entramado criminal". 

Uno de los aspectos que destaca la misma es la "capacidad" del entramado "para almacenar, organizar y cruzar grandes volúmenes de datos" a través de plataformas tecnológicas especializadas en el análisis masivo de información. Además, con los datos acumulados, "la organización ha construido perfiles detallados de personas e instituciones, con el objetivo de maximizar su capacidad de control, explotación estratégica y comercialización de información sensible".

La evolución del grupo, añade la jueza, ha pasado de un "esquema tradicional de ciberdelincuencia hacia una red de inteligencia criminal privada y transnacional, con capacidad de intervención en sectores estratégicos y con objetivos que trascienden el mero beneficio económico y adquiere una dimensión de control y explotación masiva de información sensible". 

Junto con Martínez y Alcasec— quienes ingresaron en prisión el pasado jueves después de ser detenidos dos días antes en la operación Borrasca con otra persona— también fueron arrestados Adrián M., que también fue a prisión, y el youtuber Álvaro Martín, detenido en Andorra y al que la Fiscalía ha solicitado al juez que reclame su extradición. 

Cabe destacar que el que fue secretario de Estado de Seguridad entre 2011 y 2016 aún tiene que enfrentar otro juicio por el caso Kitchen de presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas en 2013, en donde le piden 15 años de cárcel desde la fiscalía. Además, también está imputado en la trama en la que se investiga el presunto espionaje a miembros de Podemos, si bien no se había decretado su ingreso en prisión provisional hasta el momento por ninguna de estas causas.