La empresa a la que la Junta adjudicó Aznalcollar mantiene 63 cadáveres de mineros sepultados
El Grupo México, que dirige el multimillonario Germán Larrea y que el pasado mes de marzo resultó adjudicatario por parte de la Junta de Andalucía de la explotación de las minas de cobre de Aznalcóllar -junto a la española Magtel-, lleva nueve años burlando la presión directa de la Cámara de Diputados de México para que de una vez por todas se recuperen los cadáveres de 63 trabajadores que permanecen sepultados bajo los escombros de la mina de Pasta de Conchos (Coahuila), que explotó el 19 de febrero de 2006.
Las circunstancias en que fallecieron los mineros se debió, según las pruebas presentadas por la Comisión de México de Derechos Humanos, a que Grupo México “no contaba con medidas básicas de seguridad” y a la situación laboral de estos, que “violaba claramente los derechos humanos fundamentales”. La “acumulación de gas butano asociado al carbón mineral” provocaron la explosión, según ha denunciado reiteradamente la diputada mexicana Zuleyma Huidobro.
El rescate de los 63 mineros mexicanos no es el único asunto pendiente que el Grupo México tiene con la población del país. Los vertidos contaminantes sobre el río Sonora de su filial Buenavista del Cobre provocaron daños directos sobre 270 personas el pasado 6 de agosto de 2014 y daños indirectos a otras tantas. 84 de los afectados son menores de edad. El desastre fue provocado por el vertido de 42 millones de litros de sulfato de cobre en el arroyo Tinajas, afluente del río Sonora y referencia vital de 22.000 personas de la región. Además del cobre, los vertidos contenían arsénico, cadmio, aluminio, cromo, fierro, manganeso y plomo.
La empresa Buenavista del Cobre es, en palabras de Martha Patricia Velarde (concejal de Baviácora, estado de Sonora, México) “una empresa que se ha estado burlando sistemáticamente de la población afectada”. Familiares de la víctimas visitaron España en 2008 en busca de apoyos de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) para rescatar los cadáveres. Larrea, el dueño del emporio minero Grupo México, es el “multimillonario más misterioso del país”, según la revista Forbes, y hasta hace unos días sólo existía una imagen de él, una reproducción borrosa del retrato de su carnet de conducir.
Tras el desastre humano provocado por los vertidos contaminantes, las autoridades mexicanas determinaron la obligación del Grupo México de “indemnizar a los afectados” (de momento sólo ha pagado 400.000 euros), “ofrecer consultas médicas a los pobladores de la región y dar seguimiento durante 15 años a todas las personas con daños a la salud por el derrame en la mina de Buenavista del Cobre”, según ha confirmado Mikel Arriola Peñalosa, presidente de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Hace apenas tres semanas, el pasado 21 de abril, el Senado mexicano aprobó la tramitación de un paquete de medidas englobadas en el llamado Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que permitirá investigar delitos de “impunidad empresarial y corrupción estructural”, como los que se atribuyen al Grupo México.
La medida no deja de ser una declaración de buenas intenciones, ya que la aprobación definitiva del SNA requiere de un largo proceso institucional y de su aprobación por parte de al menos 17 estados del país. Además, su futura aplicación no tendría carácter retroactivo. Tal vez por eso, la diputada Huidobro insiste en que lo que ocurre en México
es una combinación explosiva de “corrupción empresarial, sindical y gubernamental”.
Por otra parte, la empresa Southern Copper, otra de las filiales del poderoso Grupo México, se vio obligada hace muy pocas horas, el pasado 15 de mayo, a paralizar las excavaciones en las minas de cobre a cielo abierto de Cocachacra (Perú), por las violentas protestas de los agricultores de la región. Los enfrentamientos con la policía se han cobrado ya la vida a balazos de tres personas y han provocado heridas a más de 200 campesinos en los casi dos meses transcurridos desde que se iniciaron las revueltas. Los habitantes de la región denuncian que las excavaciones contaminarán las aguas del río Tambo, que riega las 10.000 hectáreas cultivables de las que viven sus 40.000 habitantes.
Este es el auto que ha generado la paralización de los trabajos en Aznalcóllar:
