Siete detenidos en España por su supuesta relación con el Estado Islámico y Al Nusra
La Policía Nacional ha detenido este domingo a siete presuntos integrantes de una célula que enviaba material logístico como armas a las principales organizaciones terroristas que operan en Irak y Siria, el Frente Al Nusra y el Daesh (Estado Islámico), mediante contenedores que embarcaban en diferentes puertos españoles disimulados como ayuda humanitaria.
Con esta operación, que se ha desarrollado en diferentes localidades de las provincias de Alicante y Valencia así como en la ciudad autónoma de Ceuta, la Policía Nacional ha conseguido desmantelar esta célula internacional dedicada además a la financiación y al blanqueo de capitales, según ha informado hoy el Ministerio del Interior.
En Barcelona, el ministro Jorge Fernández Díaz ha destacado que se trata de un "golpe muy importante" que ha supuesto un "salto" cualitativo en la labor que se está desarrollando en la lucha antiyihadista.
El objetivo de esta operación, según ha explicado, era cortar la financiación y acceso a materiales, equipos y armamentos que son "absolutamente indispensables" para el funcionamiento de las organizaciones terroristas en esas zonas de conflicto, que han incrementado sus necesidades de abastecimiento, de suministro tecnológico y de armamento.
CON Y SIN NACIONALIDAD
Entre los arrestados hay cinco españoles de origen sirio, jordano y marroquí, y dos extranjeros residentes, de nacionalidades siria y marroquí.
Las detenciones se han practicado en las localidades alicantinas de Crevillente, L'Alquería D'Ansar, Muro d'Alcoi, Alcoy y Alicante, así como en Onteniente (Valencia) y en Ceuta.
En total se han efectuado doce entradas y registros en los domicilios de los detenidos, así como en los locales y naves donde desarrollaban sus negocios ilícitos.
El grupo desmantelado, al que se comenzó a investigar en 2014, comenzó a operar hace tiempo en varios países de Europa hasta asentarse de forma estable y definitiva en España.
La dirección del grupo la ejercía un solo miembro, que había establecido un liderazgo permanente basado en la confianza, en intereses compartidos y en un ideario radical afín.
Este líder centralizaba y dirigía toda la actividad a través de un complejo empresarial que le permitía, sin levantar sospechas, el envío del referido material en contenedores cerrados, que tenían su punto de partida en puertos españoles y cuyo destino eran los grupos terroristas que operan en Siria e Irak.
La presión militar que se está ejerciendo en la zona de conflicto sobre las organizaciones terroristas las ha obligado a incrementar sus necesidades de abastecimiento, no solo de combatientes, sino también de suministros tecnológicos, armamento y equipamiento militar.
El cometido de la red ahora desmantelada era precisamente el de cubrir esas necesidades y lo hacía de forma eficaz, logrando la plena satisfacción de estas organizaciones y por consiguiente el incremento de pedidos de mercancía más especializada, según Interior.
La cobertura fraudulenta que utilizaban para estas remesas era la de envío de ayudas humanitarias a las zonas de conflicto, pero realmente lo que viajaba oculto entre enseres varios era material militar, dinero, equipos electrónicos y de transmisiones, armas de fuego y precursores destinados a la fabricación de explosivos.
La financiación provenía principalmente de envíos a través de compañías de transferencias internacionales de dinero, utilizando a personas interpuestas, y sobre todo, por medio de pagos y movimientos de dinero al margen del sistema legal, mediante el método conocido como "Hawala", con el que los investigados eludían el control de las autoridades.
Paralelamente a las labores empresariales ilegales, el líder de la red mantenía constantes y fluidas relaciones con un integrante de la organización terrorista Daesh, quien le solicitó en varias ocasiones que captase a mujeres para que se casasen en Siria con los yihadistas que combaten bajo su bandera.
Como viene siendo habitual en los grupos yihadistas, la organización desarticulada en esta operación policial utilizaba las redes sociales como medio principal de comunicación, además de disponer de perfiles personales en los que difundían comentarios a favor de los citados grupos terroristas.
La operación policial se ha desarrollado bajo la dirección del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y en coordinación con la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
