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30/01/2018 16:57 CET | Actualizado 30/01/2018 16:57 CET

Robo de armas y un suicidio que no lo es: la trama por la que se investiga a dos policías gemelos en Ourense

¿Han llevado los celos profesionales a estos inspectores a crear una trama para hundir a sus colegas?

Registro policial en la vivienda familiar de los hermanos De Prado el pasado 19 de enero.
BRAIS LORENZO / EFE
Registro policial en la vivienda familiar de los hermanos De Prado el pasado 19 de enero.

"-Los policías sólo son personas- observó ella sin venir al caso.

- Empiezan así, según me han dicho".

La cita es de Raymond Chandler (Adiós, muñeca), y sirve de arranque a Corrupción policial, lo último de Don Winslow. Dice lo obvio, o no tan obvio: que los servidores públicos son humanos y se ven sometidos, en ocasiones, a pasiones e instintos que deberían ser ajenos al uniforme. Eso es lo que estos días se investiga en Ourense: si dos hermanos gemelos, inspectores de la Policía Nacional, movidos por los celos y el afán de poder, han acabado robando armas de su comisaría y hasta causando la muerte de uno de sus colegas. De momento, están en libertad bajo fianza de 60.000 euros, pero las cosas pintan mal para ellos.

CAPÍTULO 1: LAS ARMAS

Agosto de 2014. Tres armas pertenecientes a agentes jubilados desaparecen del búnker donde se guarda este tipo de material en la comisaría orensana de As Lagoas.

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En principio, nadie se da cuenta. No es un inventario ese que se haga a diario. Es una nota anónima, puesta en la pesa del comisario jefe, Amable Valcárcel, la que avisa de que algo está pasando. Luego desaparecen tres armas más, reglamentarias, y el mismo toque de atención salta de las dependencias policiales a la prensa local, que también recibe mensajes. El contenido es el mismo: puede haber una trama de policías que esté pagando a sus confidentes con armas de dentro, además de otros favores como información y chivatazos.

Ese fue el origen de la denominada Operación Zamburiña, por la que un año más tarde el Juzgado de Instrucción 1 de Ourense ya pudo concretar una investigación firme, con una docena de agentes investigados y cuatro de ellos imputados. Todos pertenecían al grupo local de drogas, todos tenían un buen expediente y una reputación limpia. Su jefe era Roi De Prado Lahoz, uno de los inspectores detenidos el pasado 19 de enero, que ahora llevaba meses como instructor de tiro en la Academia de Policía de Ávila. El otro arrestado es su hermano, Bernardo, jubilado con incapacidad permanente por problemas psiquiátricos, anteriormente responsable del área de prensa de la comisaría. Luego llegaremos a ellos.

Pasado este tiempo, tras 4.000 folios de instrucción, sólo uno de los agentes investigados en Zamburiña está pendiente de juicio por presunto favorecimiento de tráfico de drogas. Las sospechas vinieron de conversaciones cazadas en teléfonos pinchados, en charlas con confidentes. Hubo que analizar muchas, que por algo es resbaladizo el terreno, pero al final se sacó poco. Desde luego, nada de nada sobre el robo de las seis armas.

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Los hermanos Roi y Bernardo De Prado, inspectores de la Policía Nacional.

CAPÍTULO 2: EL ¿SUICIDIO?

9 de abril de 2016. El agente Celso Blanco, destinado en el área de Prensa y Participación Ciudadana de As Lagoas, conocido por los ciudadanos por sus constantes apariciones mediáticas como portavoz, aparece muerto en su despacho de la quinta planta, en mitad de un charco de sangre. El forense lo certificó más tarde: "suicidio".

Salió a primera hora de la tarde de la casa que compartía con su madre -"Voy a por marisco y un rato a la comisaría"- y no fue localizado hasta la noche, ya sin vida. En su mano izquierda tenía una pistola de nueve milímetros, pero en la habitación había dos armas más, otra pistola y un revólver. Su arma reglamentaria estaba en el cajón del escritorio. Las otras tres armas formaban parte de los lotes birlados del almacén años antes, tanto del primero como del segundo.

Nos acercábamos, parecía, a la resolución perfecta del caso, más aún cuando trascendió que días antes Blanco había mandado una serie de mensajes por correo electrónico (a seis cuentas oficiales) y por WhatsApp (a una decena de colegas) en los que confesaba que él era el culpable de aquel robo y en los que pedía disculpas a los policías afectados. "Siento haber sacado las armas del búnker. Siento haber hecho daño a los compañeros" o "Lo siento, ya lo entenderéis", se podía leer, según ha publicado la prensa gallega.

Aunque la comparación con una novela negra es facilona (desde la primera línea), la verdad es que esta historia se le parece mucho. Así que tocaba preguntarse lo clásico: ¿a quién beneficiaba esta muerte? En algunos de sus mensajes, Blanco llegaba a exculpar expresamente a Bernardo De Prado, su superior. Eso escamó a algunos compañeros, pero no más allá de los comentarios de café.

CAPÍTULO 3: LO QUE NO CASA

El caso del supuesto suicidio del agente no va a parar al mismo juzgado que la Operación Zamburiña, sino al de Instrucción 3 de Ourense, con Eva Armesto al mando. Desde el primer momento, a la juez no le cuadra. "Demasiadas pruebas, demasiado afán inculpatorio, demasiado claro", resumen sus funcionarios.

Mientras repasaba los hechos y, de nuevo, como si se tratase de un trama de ficción, Armesto recibió en su cuenta de correo electrónico otro mensaje anónimo que, al investigar, resultó enviado desde una fuente no identificada de la comisaría. Ese email venía a decir que el agente Blanco no había escrito sus notas por voluntad propia sino presionado por un superior y que, por su carácter alegre y sin problemas, no casa la hipótesis del suicidio.

Informes de balística, rastreo de pruebas... El police work que dicen en las series, el trabajo policial, comenzó a arrojar dudas al caso: el casquillo de la bala que supuestamente mató al policía no apareció; la trayectoria del disparo no coincidía con un caso de muerte voluntaria; la pistola, que habían sido manipulada, tenía restos de ADN y una huella de otra persona que no era Blanco; el despacho donde falleció fue extrañamente limpiado al día siguiente del suceso y uno de los mensajes en los que se autoinculpó podía haber sido remitido por uno de los inspectores gemelos. Las pistas daban a entender que, si Blanco estuvo en algún momento implicado en el robo de las armas -extremo por aclarar- no lo hizo solo, desde luego.

Importante ha sido en el proceso la grabación de una cámara de la comisaría en la que se ve a Bernardo, jefe del agente, entrando en el edificio el mismo día del disparo; ambos compartían despacho, ese en el que se le encontró muerto. Nadie más lo había visto salir ni entrar.

CAPÍTULO 4: LOS ARRESTOS

Finalmente, el pasado 19 de enero sus compañeros de la Policía Nacional detenían a Roi y Bernardo, de 44 años, con casi 20 de experiencia en el cuerpo, que habían ido ascendiendo poco a poco, siempre en su comisaría. La juez, basándose en los datos de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), los investiga por los presuntos delitos de homicidio, robo con fuerza, tenencia ilícita de armas, revelación de secretos, simulación de delito, acusación o denuncia falsa e injurias y calumnias.

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Entiende que los dos exunifomados tejieron una trama en la que, para vengarse de otros compañeros por celos profesionales, tramaron el robo de las pistolas, enviaron anónimos a Asuntos Internos y a los medios acusándolos de usar las armas para pagar a confidentes y, para salir del plano, escenificaron el creíble suicidio de otro policía, sobre quien caerían todas las culpas. Por ejemplo, mientras Roi era jefe de la unidad de Estupefacientes, el responsable del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de Seguridad Ciudadana de su comisaría también investigaba muchos temas de drogas, lo que no gustaba en absoluto al gemelo. Este segundo responsable fue uno de los investigados en Zamburiña, uno de los que cayeron en esta madeja.

Los dos hermanos están libres tras depositar, cada uno, una fianza de 60.000 euros. La juez entiende que no se escaparán mientras duran los registros y las investigaciones, porque tienen arraigo familiar y patrimonial en su pueblo, Toén, y porque ya no hay peligro de que destruyan pruebas esenciales. Su abogado ha manifestado a la agencia Europa Press que ambos niegan los hechos, que "no se explican la detención" y que "son inspectores que viven por y para la Policía".

Ambos han declinado declarar ante la juez, sólo han respondido por ahora a las preguntas de su letrado y, de inicio, se negaron a hacerse pruebas de ADN para ver si coinciden con las de la pistola de Blanco. Los medios locales han informado de que, en el transcurso de la investigación, se ha sabido que un mando policial, al encontrar al muerto, tocó el arma para retirarle el cargador y activar el seguro, pero ese ADN parece ya cotejado.

En la casa de los hermanos se ha encontrado un coche, un Volvo, en el que ahora se centran los especialistas científicos, ya que en su maletero había sangre, tanto en la base como en un mono de faena que había dentro. Los investigados dicen que proviene de un cerdo, de una matanza familiar, pero ahora se está comparando con la sangre del agente fallecido.

La investigación marcará los siguientes pasos. De momento, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) reclama que se restituya el públicamente la imagen de los agentes falsamente caídos en desgracia, los que durante casi dos años formaron sin pretenderlo la cortina de humo con la que otros, presuntamente, se taparon.