POLÍTICA
12/06/2018 10:19 CEST | Actualizado 12/06/2018 10:58 CEST

La Policía registra dependencias de la Generalitat por el censo usado en el referéndum ilegal del 1-O

El CTTI, esencial en la convocatoria de la consulta, la Consellería de Economía y Mediapro, los ejes de la operación. Ya hay un detenido.

Registro del CTTI por parte de miembros de la Guardia Civil, el año pasado.
EFE
Registro del CTTI por parte de miembros de la Guardia Civil, el año pasado.

La Policía Nacional está registrando dependencias de la Generalitat de Cataluña en el marco de una investigación sobre el censo utilizado en el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre y ha detenido a una persona, según fuentes de la investigación consultadas por Europa Press.

En concreto, los registros, ordenados por el Juzgado de instrucción 13 de Barcelona, se están produciendo en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), un organismo que fue clave en la celebración de la consulta, y en la Consejería de Economía del Gobierno catalán, concretamente en el despacho del jefe del gabinete del secretario general de Vicepresidencia. También se están registrando instalaciones de la empresa de comunicación Mediapro en la Diagonal de Barcelona.

Como recuerda El País, el mismo día 1 de octubre, Jordi Turull -entonces portavoz del Gobierno catalán- informó de que se podría votar en cualquier colegio electoral gracias a un sistema que permitía aplicar un censo universal. A lo largo de ese día, la Guardia Civil logró bloquear parcialmente la aplicación que daba acceso a ese censo. El juez investiga si los responsables de la Generalitat emplearon medios ilícitos para obtener la información del censo.

Días antes de la consulta, más de 5,5 millones de catalanes pudieron consultar por internet, a través de una web, el lugar al que debían acudir a votar. Esos datos personales estuvieron expuestos sin que se supiera de qué forma se habían obtenido. La Agencia de Protección de Datos abrió entonces una investigación al respecto y alertó de que la Generalitat no disponía permiso para usar las bases de datos estatales en el referéndum. Al no estar amparada la consulta por la ley electoral, el Gobierno catalán tampoco pudo acceder a los datos oficiales del censo.

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La Conselleria de Economía reanuda actividad tras casi 24 horas de registro (septiembre 2017).

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