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27/09/2018 09:40 CEST | Actualizado 27/09/2018 09:48 CEST

Interior reunirá a autores de delitos de odio con sus víctimas para reinsertarlos

Desde octubre, se implantará en siete cárceles españolas este programa de tratamiento psicoterapéutico pionero en Europa.

MARISCAL / EFE
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a su llegada a los actos conmemorativos por el 30 aniversario del ingreso de la mujer en la Guardia Civil y del 25 aniversario del acceso de la primera mujer a la Academia General Militar como oficial del cuerpo, ayer en Madrid.

Instituciones Penitenciarias va a poner en marcha a partir de octubre un programa pionero de tratamiento psicoterapéutico contra los delitos de odio que se impartirá en siete cárceles españolas, según adelantan este jueves El País y la Cadena SER. El objetivo final es minimizar la tasa de reincidencia de estos penados, indican estos medios.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha creado el llamado Programa Diversidad: por la igualdad de trato y no discriminación y frente a los delitos de odio, que nace de la necesidad de dar respuesta a una demanda social y también legislativa, tras la reforma del Código Penal en el año 2015.

El programa será voluntario para las personas que cumplen una pena privativa de libertad y de obligado cumplimiento para los condenados a penas y medidas alternativas por delitos vinculados con el odio, la hostilidad, discriminación o violencia.

Se trata de una iniciativa psicoeducativa pionera en el continente europeo, que pivota en torno a unas 50 sesiones -individuales en un primer momento y grupales más adelante-, para la intervención contra la xenofobia, homofobia y otros delitos de odio a través de un tratamiento psicoeducativo.

Según detallas ambos medios, el tratamiento ideado por el departamento que comanda el ministro Fernando Grande-Marlaska consta de cuatro fases: una primera de evaluación, en la que se buscará "construir una relación de confianza y sinceridad" con los técnicos, según se recoge en el programa; una segunda fase terapéutica, que propone la intervención contra el autoritarismo, la intolerancia, la baja autoestima o los prejuicios, entre otros, que es el cuerpo principal, con 38 sesiones; en un tercer momento, se hará un seguimiento de los resultados del tratamiento; y ya en la la última fase, llamada de justicia restaurativa, propondrá directamente el encuentro entre delincuente y víctima. Es lo que ya ocurrió también con los presos de ETA durante la vía Nanclares. Esta última sesión tiene como objetivo "resarcir el daño causado", según el documento.

El programa está dirigido por un equipo multidisciplinar, formado por psicólogos penitenciarios, expertos universitarios en esta materia y entidades colaboradoras. Se pondrá en marcha a lo largo del mes de octubre en los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de A Coruña, Tenerife, Valencia y Valladolid, además de en el CIS Victoria Kent de Madrid y en el Centro Penitenciario Madrid IV–Navalcarnero.

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¿A quién se dirige?

El programa está dirigido a aquellas personas condenadas por la comisión de un delito de odio según el artículo 510 y siguientes del Código Penal, que prevén penas de prisión para quienes "fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia". Pero también para aquellos penados por otros delitos con el agravante de "cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clases de discriminación", según el artículo 22.4.

Artículo 510.

1. Los que provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses.

La reforma del Código Penal de 2015 también introdujo la posibilidad que tiene el juez o el tribunal de suspender la pena privativa de libertad siempre y cuando el condenado participe en programas de igualdad de trato y no discriminación, entre otros (art. 83). De ahí este programa en el que la Subdirección General de Medio Abierto y Penas Alternativas ha estado trabajando durante más de un año.

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