Alberto Casero pide al Supremo que archive la investigación por los contratos "irregulares" de Trujillo

El exalcalde reconocer "irregularidades administrativas", pero no delictivas.
Alberto Casero.
Alberto Casero.
EUROPA PRESS

El diputado del PP Alberto Casero ha pedido al Tribunal Supremo que archive el procedimiento que se sigue en su contra al considerar que no existen indicios que permitan atribuirle ni prevaricación ni malversación en los acuerdos y contratos de servicios que realizó cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres) en 2017 y 2018.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el dirigente ha ratificado lo que ya dijo en sede judicial el pasado lunes al magistrado Andrés Palomo: que aunque pudo haber problemas administrativos en dichos acuerdos y contratos no ha habido prevaricación alguna por su parte.

Casero ha reconocido que “la tramitación de esas contrataciones y convenios no siguió los debidos procedimientos administrativos”, y que, por tanto, “se pueden calificar de irregulares o, incluso, si se quiere de ilegales”. Ha subrayado, sin embargo, que “no suponen una desviación de poder”.

Ha insistido en que “por más errores administrativos que pudieran existir y que, dado el funcionamiento y precariedad de medios del Ayuntamiento, son perfectamente entendibles, todos los trabajos contratados se prestaron, tal y como queda acreditado en las sentencias correspondientes que condenaron al pago de cantidades al Ayuntamiento”.

El Supremo le investiga desde el pasado marzo, cuando el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Trujillo elevó una exposición razonada en la que se calificaban los hechos atribuidos al entonces alcalde como un presunto delito continuado de prevaricación administrativa. La Fiscalía, por su parte, entendió que había también indicios de un presunto delito de malversación.

Niega desviación de poder

A su juicio, “no hay una absoluta falta de fundamento para adoptarlas ni una omisión de trámites cuya ilegalidad sea grosera y manifiesta, contraria a la razón y a las leyes, dictada caprichosamente”.

Así las cosas, el diputado ha descartado haber cometido un presunto delito de prevaricación y ha insistido en que las decisiones que adoptó relativas a los contratos y acuerdos “ni fueron adoptadas por un órgano con falta absoluta de competencia” ni se dictaron “con la finalidad de hacer efectiva” su voluntad particular ni “con el conocimiento de actuar contra el Derecho”.

Además, ha negado también conductas de presunta malversación. Según ha dicho, en el uso de sus facultades como alcalde de la localidad de Trujillo, ni se excedió en su ejercicio ni causó perjuicio al patrimonio municipal, ni se apropió para sí o para un tercero, de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble del Ayuntamiento.

“Sería muy difícil argumentar la malversación cuando han sido los tribunales de justicia los que le han obligado al Ayuntamiento a abonar las facturas para evitar su enriquecimiento injusto”, ha añadido.