Álvarez de Toledo recurre la sanción de 500 euros impuesta por el PP por considerarla "inconstitucional"
Se queja de que "la desproporción es todavía mayor".
La exportavoz del PP en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo ha recurrido por inconstitucional la sanción de 500 euros que el pasado 30 de diciembre le impuso su partido por no haber apoyado la elección de los candidatos que los ‘populares’ pactaron con el PSOE y Unidas Podemos para renovar el Tribunal Constitucional, desmarcándose así de las directrices del partido.
En su caso concreto, se queja de que “la desproporción es todavía mayor” porque recibió la notificación de la resolución el plenas fiestas navideñas (30 de diciembre a las 22.30 horas). ”¿Falta de tacto o voluntad de provocar la indefensión?”, se plantea.
En su recurso, presentado el mismo día de Reyes, Álvarez de Toledo subraya que la multa infringe dos artículos de la Constitución: por un lado, el 67.2, que afirma que “los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo” y, por otro, el 79.3, “que lo ratifica cuando advierte que el voto de los diputados y senadores es personal e indelegable”.
“La jibarización del diputado, la supresión de su libertad y su total sometimiento a la disciplina partidista es constitucionalmente inadmisible y deletérea para la salud parlamentaria porque termina por reducir la democracia representativa, que la propia Constitución ampara y organiza, a un conjunto de muecas”, señala.
Y eso es lo que sostiene que ha dado por hecho el Consejo de Dirección del PP al sancionarle: “que los diputados estamos sujetos a mandato imperativo siempre y en toda circunstancia, incluidas las votaciones secretas, que no tenemos criterio ni margen de autonomía o libertad y que sólo estamos para expresar con la voz o el gesto las consignas de la dirección del partido”. “Que somos ―resume― un ejército de clones sin conciencia, al servicio de cúpulas cada vez más cesaristas”.
En su escrito, insiste en que los estatutos del Grupo Parlamentario “no se ajustan” a la regla de universal de que “nadie puede ser condenado sin una ley que de forma pública tipifique su conducta como punible” porque “nunca” han sido publicados de ninguna de las múltiples maneras que permiten asegurar el conocimiento de una norma jurídica, ni siquiera por los destinatarios específicos, esto es los diputados del PP.
“Los Estatutos están velados por el secretismo. No son de libre acceso y tampoco nadie ha facilitado a los diputados un ejemplar autenticado”, indica Álvarez de Toledo para denunciar que ha sido “imputada y amenazada de sanción” en virtud de una norma que en el momento de adoptarse era “secreta”.
