Argentina sentencia a cadena perpetua a diez exmilitares que participaron en los 'vuelos de la muerte'

Han prestado testimonio cerca de 750 testigos contra 23 imputados por secuestros, apropiación de niños, torturas, homicidio y robo contra 347 víctimas.
Varias personas sostienen imágenes de personas desaparecidas durante la dictadura militar en Argentina.
Varias personas sostienen imágenes de personas desaparecidas durante la dictadura militar en Argentina.
EUROPA PRESS/SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

La Justicia argentina ha condenado este miércoles a más de una docena de exmilitares y expolicías por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar (1976-1983) del país, en la causa llamada Campo de Mayo.

La sentencia del Tribunal Oral Federal Nº 1 de la localidad bonaerense de San Martín arribó después de tres años y tres meses de audiencias en donde prestaron testimonio cerca de 750 testigos contra un total de 23 imputados por secuestros, apropiación de niños, torturas, homicidio y hasta hechos de robo contra 347 víctimas.

Durante este proceso, los jueces Daniel Gutiérrez, Silvina Mayorga y Nada Flores Vega condenaron a prisión perpetua al jefe de la guarnición militar de Campo de Mayo, Santiago Omar Rivero, de 98 años, quién ya se encontraba bajo detención domiciliaria por causas previas y había sido juzgado el lunes por los ‘vuelos de la muerte’.

Se estima que al menos unas 5.000 personas secuestradas fueron alojadas en la Zona de Defensa IV, un centro clandestino de detención y exterminio en Campo de Mayo, un área militar de 5.000 hectáreas, a 30 kilómetros del centro de la ciudad de Buenos Aires.

También era uno de los sitios desde donde salían los conocidos “vuelos de la muerte”, una práctica de exterminio en la cual la persona era drogada y arrojada a las aguas del Río de la Plata.

18 condenados más

Además de Rivero, otros nueve exmilitares recibieron reclusión perpetua, en tanto, otros nueve exintegrantes de las Fuerzas Armadas recibieron penas que variaron entre 4 y 22 años de cárcel, mientras que tres acusados habían fallecido durante el trayecto del juicio y uno fue excluido por incapacidad.

La asociación Abuelas de Plaza de Mayo, que se dedica a la recuperación de nietos desaparecidos durante la dictadura, fue querellante en la causa frente a ocho de los acusados que atentaron contra 46 víctimas, entre las que se encuentran padres y madres de niños apropiados.

“De los niños nacidos durante el cautiverio de sus madres o secuestrados junto a sus padres y madres, ya se han restituido cinco casos, pero aún buscamos a diez de ellos, hoy adultos”, han indicado en un comunicado.

Durante la lectura de las sentencias, el juez Daniel Gutiérrez aclaró que los crímenes de lesa humanidad son delitos imprescriptibles en el país. Los magistrados dieron a conocer los nombres de las 347 víctimas previo al dictamen de sentencia respecto del centro de detención, en el que hubo poco más de 60 supervivientes que pudieron dar cuenta de lo sucedido.