Bruselas suspenderá los fondos europeos a los países que amenacen la independencia judicial

Bruselas suspenderá los fondos europeos a los países que amenacen la independencia judicial

La UE incluye esta condición para evitar malversaciones de las subvenciones en países con derivas autoritarias.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der LeyenHoracio Villalobos via Corbis via Getty Images

El reparto de los fondos multimillonarios de la Unión Europea para paliar las economías dañadas por la pandemia tendrá una importante condición. Bruselas suspenderá las subvenciones a aquellos socios que violen la independencia judicial. Se trata de una clara medida dirigida a países con una deriva autoritaria como la de los Gobiernos de Hungría y de Polonia.

Según apunta El País, tras tener acceso al borrador de las directrices, este mecanismo afectará a aquel socio comunitario que “impida la revisión judicial efectiva de decisiones administrativas”. No es una mera advertencia, sino que “puede justificar proponer medidas que entrañarían un impacto financiero significativo para el Estado miembro concernido”.

En el caso de los dos anteriores países, la suspensión de fondos podría suponer un duro mazazo a su horizonte presupuestario. Las subvenciones que se esperan suponen un 60% de su inversión pública.

Una advertencia para la corrupción

La suspensión de fondos por violar la independencia judicial no tendría cabida solo para los casos anteriores, también sería un instrumento con el que castigar los casos de corrupción. Además, en el punto de mira están ejemplos de conflictos de interés como el del primer ministro de la República Checa.

Otro de los grandes focos sobre el que pone la lupa Bruselas son los intentos “para obstruir la remisión de casos relevantes al Tribunal de Justicia de la UE”. Con la vista puesta en los constantes choques con Polonia, cuya reforma judicial deja la puerta abierta a sancionar a jueces que remitan consultan prejudiciales a la Justicia europea.

También serán susceptibles de activar este mecanismo de castigo la aprobación de “leyes nacionales que impiden una revisión judicial efectiva de decisiones administrativas para implementar el presupuesto de la UE”.