POLÍTICA
08/04/2021 09:46 CEST | Actualizado 08/04/2021 09:59 CEST

Claves para entender la Ley de Cambio Climático que se aprueba este jueves

La norma cuenta con discrepancias entre los que elogian su contenido y los que critican su falta de ambición climática, aunque todos la califiquen de necesaria.

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Miembros de Greenpeace manifestándose en Madrid.

Los grupos parlamentarios siguen negociando la posibilidad de elevar en 2023 los objetivos de ambición climática de España en el texto del proyecto de ley de cambio climático y transición energética que aprobará este jueves la Comisión para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Congreso de los Diputados.

Uno de los proyectos estrella de Pedro Sánchez para pivotar la reconstrucción social y económica del país, y que llega a su fin con evidentes discrepancias entre los que elogian su contenido y los que critican su falta de ambición climática, aunque todos la califiquen de necesaria.

Diez años después de que la Comisión Mixta para el estudio del cambio climático recomendara elaborar un anteproyecto de ley y cuatro desde que España ratificara el Acuerdo de París ante Naciones Unidas, la norma verá la luz previsiblemente en abril, tras una ardua tramitación y más de 750 enmiendas presentadas, a pesar de que el PSOE se había comprometido a presentar una ley climática, solo si gozaba de “máximo consenso social y político”.

 

Reducción de emisiones para 2030, neutralidad climática en 2050

Estas son algunas de las medidas más destacadas alcanzadas en el desarrollo de esta ley, que aún deberá someterse a votación en el Congreso para pasar después al Senado, como marco fundamental sobre el que tejer políticas y estrategias de sostenibilidad, mitigación y adaptación al cambio climático:

- Neutralidad climática a 2050 con el 100% de la electricidad generada con fuentes renovables.

- Objetivos de la ley para 2030: reducir un 23% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990; elevar hasta el 74% la generación de electricidad con fuentes limpias y mejorar el objetivo de eficiencia energética hasta el 39,5%. El Consejo de Ministros podrá revisar, al alza, estos objetivos para 2030.

- Prohibición de sondeos y prospecciones de combustibles fósiles: no se procederá a la tramitación de cualquier solicitud de explotación de hidrocarburos -en tierra y mar-, ni se otorgarán permisos de explotación de materiales con propiedades radiactivas; tampoco se autorizará actividades de explotación de hidrocarburos donde esté previsto el uso del “fracking”.

- Respecto a los coches, y de acuerdo con la norma europea de descarbonización a 2050, la ley señala que los turismos y vehículos comerciales ligeros, no destinados a usos comerciales, reducirán paulatinamente sus emisiones, de modo que para 2040 sean de 0 emisiones; además establece obligaciones para puntos de recarga en gasolineras y en edificios.

- El texto mantiene la obligación para 2023 de crear zonas de bajas emisiones en las ciudades de más de 50.000 habitantes, con el fin de reducir la contaminación atmosférica y las emisiones de CO2 y favorecer la movilidad eléctrica y transporte público.

- La ley contempla la consideración del cambio climático en la planificación y gestión del dominio público marítimo terrestre y establece que los títulos de ocupación se computarán desde su otorgamiento e incluirán todas sus prorrogas, sin superar los plazos máximos establecidos en la ley de costas, por un período máximo computable para la ocupación de 75 años.

- Impulsa la rehabilitación energética de los edificios, vigila los impactos del cambio climático en la salud pública y en la consecución de una dieta alimentaria sostenible y prioriza los bosques como sumideros de carbono.

- El despliegue de las renovables deberá ser compatible con la conservación del patrimonio natural y con combatir el deterioro demográfico.

- Obligatoriedad del Gobierno de revisar la sostenibilidad y el cambio climático en las enseñanzas del Sistema Educativo.

- Creación de un comité de expertos científicos en clima y transición energética como órgano responsable de evaluar y hacer recomendaciones en ambas cuestiones.

- Aprobación de planes nacionales de adaptación al cambio climático, para identificar y evaluar los impactos y en varios escenarios posibles.

- El texto plantea además compromisos clave de futuro como una ley de movilidad sostenible, una revisión del sistema energético y un impulso al ferrocarril como transporte para reducir emisiones.

¿Qué dicen los grupos?

Para Equo y Más País, la ley necesita de una mayor ambición climática y han urgido más “valentía” para que no nazca vieja, sino que sea una palanca de cambio en la transición ecológica y que esté a la altura del consenso entre ecologistas y la comunidad científica.

En la misma línea, las organizaciones ecologistas han incidido en la necesidad de incrementar hasta un 55 por ciento la reducción de emisiones para 2030 y, garantizar así, que España contribuya, de acuerdo con su capacidad y responsabilidad, a limitar el calentamiento global a 1,5 grados, tal como persigue el Acuerdo de París.

El diputado de Unidas Podemos (UP), y presidente de la Comisión para la Transición Ecológica en el Congreso, Juan José López Uralde ha observado que esta ley es “una de las más importantes de esta legislatura”, y ha aplaudido su tramitación para “mejorar su contenido” y hacer de ella una norma “más ambiciosa y eficaz en la emergencia climática”.

 
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