Digitalizar pymes, administraciones públicas y reforzar competencias digitales: España apuesta por el futuro
El compromiso del Gobierno por la digitalización es firme.
Es innegable el gran alcance de la pandemia. En lo social, lo económico o lo político, la situación derivada de la COVID-19 ha alterado la realidad que conocíamos antes de 2020. Y la respuesta política no se ha hecho esperar. En España, la prioridad del Gobierno es salvaguardar la salud y el bienestar de sus ciudadanos. Para ello, se ha desplegado la mayor campaña de vacunación de la historia de nuestro país y se han implementado todas aquellas medidas encaminadas a erradicar la propagación e incidencia del virus. Así pues, combatir la pandemia y sus efectos es el primero de los asuntos en la lista de prioridades del Gobierno, pero ¿cuál es el segundo? La reactivación económica y el empleo.
Desde el inicio de la crisis provocada por el COVID-19, han sido numerosas las actuaciones del Gobierno para reforzar el desarrollo económico. Su objetivo ha sido alentar el compromiso de país, aunando esfuerzos e involucrando a todos los agentes sociales para poder abordar de forma conjunta los enormes retos económicos y sociales a los que se enfrenta nuestro país. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española es la herramienta principal con la que cuenta el Ejecutivo, el cual canaliza cerca de 72.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos, para guiar las imprescindibles transformaciones de nuestro tejido económico y social para hacerlo más productivo, eficiente, competitivo y resiliente ante futuras crisis. Dentro de este plan existen cuatro ejes transversales de actuación (transición ecológica, digitalización, cohesión social y territorial e igualdad de género) que se corresponden con las grandes transformaciones a abordar, siendo la transición digital uno de los más importantes, tanto en cuantía como en implantación.
Es más que evidente la importancia del papel de las nuevas tecnologías, tanto a nivel individual como colectivo. Si ya en la última década el avance de la transición digital era imparable, durante la pandemia hemos podido comprobar que el futuro de la economía pasa por adaptarse a las nuevas tecnologías. Por ello, hace escasamente unos días, el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado el Plan de Digitalización de Pymes, el Plan de Digitalización de Administraciones Públicas y el Plan Nacional de Competencias Digitales. Estos tres nuevos planes, cuya inversión es de 11.000 millones de euros, se encuadran en la Agenda España Digital 2025, la cual, a su vez, desplegará el eje central de digitalización del Plan de Recuperación de la economía española.
El Plan de Digitalización de Pymes beneficiará a 1.500.000 pequeñas y medianas empresas, de las que un 80% serán autónomos y microempresa. Su objetivo es impulsar el uso y desarrollo de las tecnologías y servicios digitales. De esta forma, se potencia la eficiencia, la productividad, la competitividad y la internacionalización a través de la digitalización. Con el fin de aumentar su impacto este plan se estructura en 4 ejes de actuación: (1) la digitalización básica de la empresa (3.000 millones de euros), (2) el apoyo a la gestión del cambio (656 millones de euros), (3) la innovación disruptiva y el emprendimiento digital (439 millones de euros), y (4) el apoyo a la digitalización sectorial (450 millones de euros). Además de estos ejes existen otras medidas destacadas (Digital Toolkit, Bonos Conectividad, Agentes del Cambio y Programas Apoyo Emprendimiento), que fomentarán las aplicaciones para la gestión empresarial, el marketing digital o los canales de venta por internet que, en total, elevan la inversión hasta los 5.000 millones de euros.
En cuanto al Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas, este contará con una inversión de 2.600 millones de euros repartidos en tres ejes de actuación: (1) la transformación digital de la administración, (2) el despliegue de proyectos tractores de digitalización, y (3) el apoyo a la digitalización de las administraciones territoriales. Un despliegue de recursos que busca mejorar la accesibilidad de los servicios públicos, superar las brechas digitales sociales y territoriales, e impulsar la eficacia y eficiencia de las administraciones públicas. Todas estas iniciativas se centran especialmente en ámbitos tractores como el sanitario, judicial y de empleo, los cuales contarán con proyectos de alto impacto por más de 1.000 millones de euros.
Por su parte, el Plan Nacional de competencias digitales movilizará 3.750 millones de euros para capacitar a la ciudadanía ante los retos digitales presentes en su entorno de trabajo, estudio u ocio. Este plan se estructura en siete líneas de actuación: (1) la capacitación digital de la ciudadanía, (2) la lucha contra la brecha digital de género, (3) digitalización de la educación, (4) la formación en competencias digitales en el entorno laboral para las personas desempleadas y ocupadas en el sector público, (5) la formación en competencias digitales para el empleo público, (6) el desarrollo de competencias digitales para las pymes y (7) el fomento de especialistas TIC. Este plan puede definirse como transversal ya que compete a diferentes ministerios e impulsa la colaboración público-privada.
Estos tres planes presentan un espectro de actuaciones distinto, pero comparten un único objetivo: impulsar la completa digitalizacion de nuestro país. Todo ello constituye un gran desafío en el que todas las instituciones políticas, económicas y sociales deben participar activamente. El compromiso del Gobierno por la digitalización es firme. Lo muestra, por un lado, en el hecho de que un tercio de la inversión pública del Plan de Recuperación se destinará a esta área y, por otro, en la gran cantidad de iniciativas, planes y agentes involucrados. La implicación del sector privado y su estrecha colaboración con el sector público muestra la base firme en la que se asientan estos programas. Todo ello para preservar el tejido productivo, el empleo y las rentas familiares. Todo ello para garantizar un crecimiento solido, sostenible e inclusivo de la economía española. Un crecimiento robusto y a largo plazo. Un crecimiento de futuro.
