España practica 180 eutanasias en el primer año en vigor de la ley

Desde la asociación Derecho a Morir Dignamente aseguran que la normativa no funciona de la misma manera en todos los territorios.
Carolina Darias.
Carolina Darias.
Europa Press News via Getty Images

La Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia cumple este sábado su primer año. Una normativa que ha permitido practicar 180 eutanasias a personas a las que, según ha detallado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, “hemos ayudado a morir de manera digna”.

Durante el acto conmemorativo ‘1 año de la Ley de la Eutanasia’, Darias ha destacado que la entrada en vigor de la ley de la eutanasia ha permitido que la sociedad española sea “más humana, más justa y más decente”.

La ministra de Sanidad ha detallado este viernes, desde la entrada en vigor de la ley de la eutanasia, en España e han practicado en un año 180 eutanasias, de las cuales en 22 se han donado sus órganos y se ha permitido realizar 68 trasplantes.

“Celebramos que disponemos de una nueva prestación sanitaria en el Sistema Nacional de Salud que permite acceder con más garantías a uno de los bienes más valiosos de la condición humana”, ha asegurado Darias.

La titular de Sanidad justifica que gracias a la ley de la eutanasia el sistema sanitario es “más inclusivo” y “universal”. “Se trata de la culminación de un proceso colectivo, de una reivindicación de mucho tiempo atrás”, ha añadido.

“La ley no funciona igual en todos los territorios”

La asociación Derecho a Morir Dignamente ha publicado un comunicado en el que asegura que la ley está funcionando, pero advierten de que la normativa no funciona igual en todas las comunidades autónomas.

“Hay pacientes cuyo médico no quiere recoger su solicitud de ayuda para morir o que no está dispuesto a remitirla a la dirección médica de su centro; plazos que se incumplen; informes negativos mal justificados”, señalan.

La asociación Derecho a Morir Dignamente justifica que, en muchos casos, la tramitación de la ley es “una auténtica carrera de obstáculos”. Por ello, reclaman una equidad en la aplicación de la ley y destacan el papel de algunas regiones como Cataluña, País Vasco y Navarra, y destacan “negativamente” el de la Comunidad de Madrid y Andalucía.