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08/06/2021 10:10 CEST

El juez envía a juicio a Ignacio González y a López Madrid por las obras del tren de Navalcarnero

Anticorrupción solicita para el expresidente de la Comunidad de Madrid 4 años de cárcel, y 6 años y medio para el empresario.

Pablo Cuadra / Getty Images
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, en una foto de archivo

El juez instructor del caso ‘Lezo’ ha acordado enviar a juicio al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y al empresario Javier López Madrid por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, falsedad en documento mercantil y fraude a las Administraciones Públicas. Lo ha ordenado en el marco de la pieza separada número 3 en la que se investigaba la presunta adjudicación irregular de las obras del tren de Navalcarnero (Madrid).

En el auto de apertura de juicio oral del 4 de junio, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 señala que la vista se debe celebrar contra el empresario Adrián de la Joya -ligado al comisario Villarejo-; Rafael Arturo Martín, consejero de OHL; Felicísimo Damián Ramos, director de Control de Gestión de OHL; e Ildefonso de Miguel, presidente del Ente Público Canal de Isabel II entre los años 2003 y 2012. Además, recoge que deben responder por los mismos delitos.

“Ventajosa oferta económica”

Según el escrito de conclusiones provisionales de Anticorrupción, la adjudicación del contrato para la construcción de la línea ferroviaria de Navalcarnero recayó en una UTE participada por OHL en 2007, gracias a la “ventajosa oferta económica” y en comparación con otras siete empresas.

Ambos investigados destinaron 2,5 millones de dólares al abono de una ilícita comisiónFragmento del escrito de conclusiones provisionales de Anticorrupción

En el documento de Anticorrupción se especifica que “en realidad, la presentación de esta oferta obedeció a un plan ideado por los acusados Javier López Madrid -consejero dominical de OHL en el momento de los hechos- y Rafael Arturo Martín de Nicolás Cañas”. El escrito también señala con claridad que “para lograr su propósito ambos investigados destinaron 2,5 millones de dólares al abono de una ilícita comisión”. 

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