POLÍTICA
13/05/2020 00:01 CEST | Actualizado 13/05/2020 09:29 CEST

Madrid achaca a "un error" la publicación de un contrato con el empresario Kike Sarasola por medio millón de euros

La presidenta Isabel Díaz Ayuso lleva más de dos meses instalada en uno de los apartahoteles propiedad del empresario.

HuffPost Spain
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el apartahotel del empresario Kike Sarasola.

La Comunidad de Madrid achaca a “un error” que haya aparecido en el portal de la contratación pública una licitación que vincula al Gobierno regional con el empresario Kike Sarasola, propietario del apartahotel en el que la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lleva dos meses instalada para gestionar la crisis del coronavirus.

Según figuraba en ese supuesto contrato, la Comunidad pagaría más de medio millón de euros a la cadena Room Mate S.A., propiedad de Sarasola, por el acondicionamiento de los hoteles y su puesta en marcha para atender a afectados por la Covid-19.

Sin embargo, al poco de publicarse esa licitación, se ha subido otra distinta, aunque con el mismo código de identificación, en el que se reduce la cuantía a cerca de 240.000 euros y se cambia al contratante: el tercer sector de la Comunidad de Madrid. Algo que, según insisten las fuentes del Gobierno autonómico, subsana una equivocación.

El HuffPost ha accedido al contrato que la Comunidad de Madrid y la Asociación Coordinadora del Tercer Sector han suscrito para “dotar de los suministros y servicios necesarios para la puesta y funcionamiento del Hotel Room Mate Alicia como centro residencial temporal para personas mayores de la Comunidad de Madrid”. También de la cadena de Sarasola.

El importe mensual de ese contrato es de 77.337,47 euros con el IVA del 10% incluido, salvo el primer mes (abril), en el que la Comunidad abonará alrededor de 80.000 euros por “costes derivados de la adaptación y puesta en marcha del hotel”.

Según figura en la documentación contractual, se incluye la prestación de la atención social, la atención sanitaria, el servicio de atención personal, de alimentación, así como la limpieza, la lavandería y la seguridad. Además, se aclara que el plazo de ejecución del contrato se inició el 7 de abril de 2020 con las actuaciones preparatorias y de acondicionamiento del Hotel Room Mate Alicia y que finalizará cuando “desaparezca la situación de emergencia”.

La presidenta se recluyó en el apartahotel de plaza de España, en el centro de Madrid, hace dos meses por prevención tras dar positivo por coronavirus y ha pasado la cuarentena en este lugar que ya ha convertido en su despacho, con banderas de España y de Madrid incluidas, desde el que se conecta para las entrevistas con los medios de comunicación y para realizar su trabajo. Se encuentra en uno de los 37 apartamentos propiedad de Sarasola porque necesitaba “un lugar óptimo” para la gestión de la crisis sanitaria, según ha explicado la empresa hotelera en un comunicado.

El PSOE, no obstante, pidió el 23 de abril la comparecencia del consejero de políticas sociales ante la comisión de vigilancia de las contrataciones de la Asamblea de Madrid para dar cuenta de la convocatoria de esta licitación, tramitada con el número 55110000-4. Fue la diputada socialista Carmen López quien registró la petición de comparecencia.

“Se ha puesto que el contratante es la cadena de hoteles, pero no es verdad”, explica el Gobierno regional. La cadena ha aclarado, además, que puso a disposición de todas las administraciones públicas sus hoteles “de forma desinteresada y gratuita”. Y ha añadido que el gasto que en el que está incurriendo la presidenta de la Comunidad de Madrid utilizando sus instalaciones correrá a cargo de la propia Isabel Díaz Ayuso a título personal, con un coste estimado de 80 euros por noche.

Las fuentes consultadas en el Gobierno regional confirman que la cadena ha cedido dos hoteles gratuitos a Madrid para atender a pacientes enfermos por la Covid-19 y que, tras una estimación de gasto que contempla la contratación de auxiliares, equipos de protección y otro material sanitario, se ha tramitado ese contrato con el tercer sector, es decir, una organización de interlocución social entre administraciones públicas y empresas.

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