POLÍTICA
01/03/2021 14:20 CET

La Fiscalía se querella contra Roger Torrent por presunta desobediencia

El presidente y los otros tres miembros independentistas permitieron una votación sobre la autodeterminación y otra para reprobar al rey Felipe VI.

NurPhoto via Getty Images
Roger Torrent, presidente del Parlament, en Barcelona.

La Fiscalía Superior de Cataluña ha presentado este lunes una querella por desobediencia contra el presidente del Parlament, Roger Torrent, y otros tres miembros de la cámara catalana “por haber permitido la tramitación de una serie de mociones vinculadas al proceso independentista”.

En su escrito, el Ministerio Público pide a la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que cite como investigados a Torrent y a sus compañeros independentistas en la Mesa en la pasada legislatura —Josep Costa (JxCat), Eusebi Campdepadrós (JxCat) y Adriana Delgado (ERC)—, por desoír supuestamente los mandatos del Tribunal Constitucional al admitir durante el mes de octubre la tramitación de dos resoluciones en las que se reivindicaba el derecho de autodeterminación de Cataluña y se reprobaba al rey Felipe VI.

El Ministerio Público ha interpuesto la querella ante el TSJC ya que tanto Torrent como Capmdepadrós volvieron a ser elegidos diputados del Parlament en las elecciones catalanas del 14 de febrero, por lo que mantienen su condición de aforados.

Torrent ha reaccionado este lunes a través de su cuenta de Twitter. En la publicación afirma que han garantizado que desde la Cámara catalana se “pueda hablar de todo, y así debe continuar siendo”.

“Por mucho que intenten censurar debates, no podrán esconder las prácticas corruptas de la monarquía y que la autodeterminación es un derecho al que no vamos a renunciar”, ha agregado. 

Notificación del Constitucional

Los fiscales José Joaquín Pérez de Gregorio y Assumpta Pujol resaltan que el 10 y el 16 de octubre de 2019 el Constitucional notificó personalmente a Torrent y a los miembros de la Mesa sendas providencias en que les notificaba personalmente “su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa parlamentaria” que supusiera “ignorar o eludir” la suspensión de la resolución aprobada el 9 de noviembre 2015 por el Parlament sobre el inicio del proceso independentista.

Pese a ello, según la Fiscalía, Torrent, el entonces vicepresidente primero de la Mesa Josep Costa y el entonces secretario primero Eusebi Campdepadrós tramitaron una resolución presentada el 22 de octubre de 2019 por los grupos de JxCat, ERC y CUP en la que el Parlament reiteraba “tantas veces como lo quieran los diputados la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político”.

Esa misma resolución también incluía en otro apartado un punto en que se exponía que el Parlament “reitera y reiterará tantas veces como lo quieran los diputados la reprobación de la monarquía”.

Se votaron y aprobaron

La querella resalta que los querellados desestimaron el 29 de octubre de 2019 las peticiones de reconsideración planteadas por la oposición y tramitaron la resolución con estos dos puntos, que se votaron y aprobaron en el Pleno del Parlament del 26 de noviembre, con una enmienda posterior en que “se rechazaba expresamente” la suspensión acordada por el Constitucional.

Todo ello lo hicieron, según la Fiscalía, “pese a conocer” que el Constitucional había acordado suspender la admisión de esta resolución, de acuerdo con su orden de impedir o paralizar cualquier iniciativa que desarrollara la hoja de ruta independentista fijada el 9 de noviembre de 2015.

Una vez aprobada la resolución por el pleno del Parlament, el Constitucional acordó en enero de 2020 estimar el incidente de ejecución promovido por el Gobierno contra los acuerdos de la Mesa que permitieron tramitarla, por lo que quedó anulada, y dedujo testimonio contra Torrent, Costa y Campdepadrós.

De hecho, en julio de 2019 el Parlament ya había aprobado una resolución previa en que se “reiteraba la reprobación de S.M. El Rey”, un texto que fue finalmente anulado por el Constitucional, que ya advirtió entones a Torrent y a los miembros de la Mesa de que debían impedir la tramitación de iniciativas vinculadas a la hoja de ruta del procés.

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